Brasil, un país rico lleno de pobres

Son historias reales con personajes reales. Las escenas de violencia, de adolescentes capaces de matar con absoluta frialdad, de la guerra por el control del tráfico de drogas en una favela o del ejército de muchachos que manejan auténticos arsenales no son fruto de la imaginación de Fernando Meirelles, de 47 años, director de la película Cidade de Deus, aplaudida en Cannes y otros festivales, actualmente en cartel en Brasil y varias decenas de países. Son fragmentos de la vida cotidiana en un barrio mísero de Río de Janeiro, que bien podría pertenecer a São Paulo, Vitória, Belo Horizonte u otra ciudad brasileña donde el crimen organizado ha ampliado sus parcelas de poder en los últimos años.

'La situación está peor que en los años setenta. Ahora los narcotraficantes son más osados y se atreven a realizar acciones de envergadura', señala Meirelles, buen conocedor del submundo de las favelas cariocas, donde pasó nueve meses trabajando para su película. Ahora el crimen organizado es capaz de paralizar con sus amenazas una ciudad como Río de Janeiro, que los niños no vayan a la escuela, los supermercados no abran sus puertas y la gente no salga a la calle. Simplemente por miedo. Tal y como ocurrió la primera semana de octubre.

La única solución para frenar la pérdida precoz de la inocencia es, en opinión del cineasta, 'la inclusión social, mejores escuelas y más oportunidades de trabajo'. 'Los muchachos entran en la criminalidad ante la falta de opciones. El narcotráfico llama a la puerta y les da un arma. Con un revólver un adolescente ya es alguien, es respetado... Las chicas de las favelas adoran a los chicos que van armados. No es una cuestión de más policía o Ejército, sino de preocuparse de los adolescentes de 10 y 11 años'.

Tras una década de prosperidad, el negocio de la droga ha entrado en cierta decadencia, por la caída del consumo de cocaína en los dos grandes mercados, Estados Unidos y Europa, que reciben buena parte de la droga de Colombia vía Brasil. Las drogas sintéticas han sustituido al polvo blanco y ahora sobra cocaína en el mercado brasileño, señalan los expertos, lo que afecta al precio. Una papelina (un gramo) costaba en Río de Janeiro hace tres años 10 reales (menos de tres euros), ahora en las favelas no se pagan más de cuatro reales.

Meirelles sostiene que combatir el crimen organizado es muy complicado. 'Cuando la policía detiene al jefe de una banda es terrible, porque las cuadrillas intentan reorganizarse y comienza la guerra entre ellas. Así ocurrió recientemente en Río cuando capturaron al cabecilla Elías Maluco, sus secuaces se movieron rápidamente y empezó la guerra. Un día lanzan una bomba contra el palacio del Congreso, otro incendian un autobús, otro hay un ametrallamiento, y así día tras día'.

Las cifras que se barajan en Río de Janeiro apuntan a un ejército de más de 20.000 muchachos, armados en su mayoría, involucrados en el narcotráfico. Los cabecillas disponen de aparatos de radio hasta en las celdas de la cárcel, donde entran sin problemas todo tipo de armas y explosivos. El miércoles pasado declararon ante el juez nueve funcionarios de la prisión de máxima seguridad de Bangu III, donde se produjo una revuelta el pasado 15 de octubre y escenario de repetidos intentos de fuga.

'La única vía es impedir la entrada de nuevos jóvenes en el círculo vicioso del crimen', asegura el director de Cidade de Deus. ¿Cómo? 'Con más escuelas, oportunidades de trabajo... Es posible revertir esta situación, pero hacen falta 15 o 20 años. Es muy difícil convencer a un chaval de 12 años de que entregue el arma y vuelva a la escuela. Dar marcha atrás es mucho más caro'.

Tan reales como las historias de la favela son las cifras que ilustran la desigualdad social: 53 millones de pobres y un PIB per cápita que es ocho veces superior a la línea de indigencia y cuatro veces a la de pobreza. El problema no es la falta de recursos, sino su distribución. Hay que precisar que, según los datos del especialista en la materia Ricardo Paes de Barros, en 1993 el número de pobres era de 59,4 millones, lo que significa 6,4 millones de pobres menos durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Cuatrocientos años de esclavitud, abolida en 1888, marcaron el desarrollo de la historia económica y social de Brasil. Los remanentes de aquel pasado ominoso conforman dos asignaturas pendientes que, en los comienzos del siglo XXI, no han sido resueltas. En numerosas haciendas de varios Estados hay condiciones de trabajo esclavo. La población negra ha sido históricamente la más discriminada, ocupando los estratos más bajos de la pirámide social. Así es en la actualidad, según una encuesta de IPEA publicada en 2001, que da cuenta de que en 1999 el 45% de los brasileños eran negros. De los 53 millones de pobres, el 64% son de raza negra, las mujeres negras tienen más ocupaciones precarias en el mercado de trabajo que las blancas y los índices de analfabetismo entre los jóvenes es claramente superior en los de raza negra.

La economía rural produce 100 millones de toneladas de granos al año, da trabajo al 25% de la población ocupada y generó un superávit comercial de 43.600 millones de dólares entre 1999 y 2001. Algo no funciona si con estas cifras un buen número de brasileños no tiene garantizada una alimentación básica. La ley brasileña exige un plan nacional de reforma agraria, y este plan se hizo en 1985 por el Gobierno de Tancredo Neves. 'Nunca se aplicó', subraya José Graziano, asesor de Lula en la cuestión agraria. A pesar de las cifras anteriores, el campo es visto por muchos como fuente de pobreza y el reino de la desigualdad.

En el campo brasileño se han librado violentas batallas en las ocupaciones de haciendas improductivas promovidas por el Movimiento de los Sin Tierra (MST). El Gobierno de Cardoso proclama que en los últimos ocho años más de medio millón de familias han sido asentadas en tierras improductivas. El MST, el Partido de los Trabajadores (PT) y la Comisión Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica, rebajan la cifra a 350.000 familias. 'Desde el día de la victoria de las elecciones y hasta marzo del año próximo elaboraremos un plan muy detallado', vaticina Graziano. 'Hay que hacer bien los números sobre los sin tierra y las personas que requieren asentamiento. Hay consenso entre los candidatos en que el primer paso es dar asentamiento a las familias que están acampadas de manera provisional, que son 100.000, y recuperar las familias que ya fueron asentadas pero no recibieron los créditos que el Gobierno prometió, que se estima son otras 150.000. En total, tenemos unas 250.000 familias con las que podemos empezar a trabajar el primer año'.