Andalucía no está en la sociedad de la información... aún
La reciente presentación del Informe sobre Andalucía ante la Sociedad de la Información, realizado por el Instituto de Desarrollo Regional para el Consejo Económico y Social de Andalucía (CES) ha levantado un cierto revuelo porque los medios de comunicación han puesto especialmente de relieve una de las conclusiones principales del estudio, a saber : Andalucía no está en la sociedad de la información (aunque la sociedad de la información sí esté en Andalucía).
En realidad, dada la posición relativa de Andalucía, tanto en sentido económico como social, dentro del grupo de países del que formamos parte, difícilmente podría ser de otro modo. Pero es que tampoco lo están por completo ninguno de los países de dicho contexto (y, por supuesto, no lo está en absoluto el resto de los países del globo). El lamento de los medios puede deberse al abuso de la vieja receta periodística de no permitir que la realidad arruine un buen titular, a la proverbial tendencia andaluza a la flagelación y la autodisciplina o, simple y llanamente, a que los autores del trabajo no hemos sabido resumir y presentar adecuadamente los resultados de nuestra investigación.
Los firmantes hemos dirigido el trabajo en cuestión y, en las líneas que siguen, vamos a ocuparnos del tercer asunto que es del que pudiéramos ser más responsables. La dificultad inicial a la que nos enfrentamos fue la de la propia definición del concepto de 'sociedad de la información'. La literatura científica especializada aún no tiene acuñado el concepto, entre otras cosas, por lo reciente del fenómeno (piénsese que el uso de Internet comienza a generalizarse en 1995) de modo que decidimos utilizar una definición de trabajo que pudiera servirnos como referente para nuestro caso.
Hemos entendido que la sociedad de la información es aquella en la que sus miembros utilizan de manera habitual, generalizada e inconsciente las TIC oTecnologías de la Información y las Comunicaciones (teléfonos móviles, ordenadores personales, faxes, correos electrónicos, televisión interactiva y, muy especialmente, Internet). Y hemos comprobado que ese no es, en absoluto, el caso de la sociedad andaluza (ni, salvadas las distancias, de casi ninguna otra sociedad).
Así entendida, la sociedad de la información es, entre otras cosas, consecuencia de haber alcanzado un determinado nivel de desarrollo económico, de haber llegado a un cierto estadio del proceso de cambio social, en el que los ciudadanos, las administraciones públicas y las empresas usan también de manera generalizada e intencional las TIC. Estas últimas se sirven de ellas para organizar y gestionar todo su proceso productivo porque tener una página web o, simplemente, usar el ordenador para llevar la contabilidad, no es estar en la Nueva Economía ni en la Sociedad de la Información. La revolución industrial de nuestro tiempo consiste en plantear las estrategias empresariales a escala planetaria, comprando factores, vendiendo productos, contratando mano de obra, subcontratando parte de la producción, prestando servicios post-venta, aliándose con otras empresas, etc. etc. y utilizando, para todo ello, Internet. La medida en que eso ocurre en Andalucía es muy reducida. Lo es en el caso de las empresas, en el de las administraciones públicas y en el de las familias (como acaba de demostrar el excelente trabajo del profesor Perez Yruela).
Aún pareciéndonos muy importante saber con la mayor exactitud posible lo que pasa en Andalucía (hemos dedicado un año y medio a averiguarlo, hemos revisado la literatura disponible, hemos hecho encuestas, nos hemos reunido con empresarios, hemos discutido con expertos y profesionales) todavía nos lo parece más llamar la atención de la sociedad sobre lo que puede pasar. Y el asunto no es baladí porque la Sociedad de la Información no es el paraíso. Como todo gran cambio socioeconómico este también entraña riesgos (concentración del poder, inestabilidad, precarización, acentuación de desequilibrios, marginación, brecha digital, anomia) por lo que debemos intentar controlar, en la medida de nuestras fuerzas, la inevitable y deseable transición hacia el nuevo modo de producir y de vivir.
En opinión de los autores del trabajo, el consejo, económico y social más importante, que el CES puede dar a Andalucía, si hace suyo nuestro dictamen, es precisamente la toma de conciencia de la trascendencia e implicaciones de este proceso de cambio que ya ha comenzado. Hemos comprobado que la dotación de medios físicos, de infraestructuras de TIC, en las familias, en las administraciones públicas y en las empresas andaluzas, no es peor que la de otros espacios de nuestro entorno. Ni tampoco lo es la de nuestro capital humano, que tiene la aptitud necesaria. El problema puede ser el de la actitud. Es decir, el de la escasa predisposición al cambio y a la gestión del cambio. La modernización de Andalucía es un asunto de un profundo calado cultural y pasa por evitar que la Sociedad de la Información 'nos suceda'. Debiéramos debatir colectivamente la forma en que queremos hacer la transición hacia esa nueva sociedad. Debatir sobre qué, cómo y para quien va a producir la economía andaluza en los próximos veinte años. Y debatir, también, sobre cómo queremos que sea la sociedad resultante, sobre los términos del nuevo contrato social que habremos de firmar para repartir equitativamente los beneficios y los costes de una sociedad más participativa, más justa, más libre y más responsable.
Cecilia Castaño y Carlos Román son miembros del Instituto de Desarrollo Regional.
