Tormenta en Trasmediterránea

Desde que se inició el proceso privatizador de las empresas públicas, la SEPI ha acaparado numerosas críticas por el fondo y por las formas de algunas de las operaciones realizadas. En el caso de Trasmediterránea se están superando todas las anteriores. Las implicaciones de todo tipo, incluidas las políticas, están enrareciendo el proceso de decisión. Las dos ofertas más cercanas a la adjudicación, la constructora Acciona y el grupo naviero Boluda, mantienen un enfrentamiento abierto. La SEPI anunció el viernes que contratará un nuevo asesor para la última fase de privatización en sustitución de SCH Investment, debido a que Abel Matutes fue nombrado consejero independiente del banco.

Tras el cierre de las ofertas vinculantes Acciona aventaja a Boluda en el precio ofrecido por 31,4 millones de euros

La presencia del ex ministro Abel Matutes en una de las candidaturas y en el consejo del SCH ha enturbiado el proceso

El peso del proyecto industrial, en el que destacan las garantías de su cumplimiento, supone el 55% de la oferta frente al 45% del precio

El 22 de diciembre de 1999, el hasta entonces presidente de Trasmediterránea, José María Trías de Bes, abandonaba la misma tras un portazo y unas declaraciones que provocaron una importante polémica parlamentaria. No era para menos. Según sus declaraciones, se estaba preparando la compañía para privatizarla y entregársela a 'los amigos del Gobierno'. Incluso se atrevió a destacar al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, como 'un buen candidato'. Esta semana el portavoz del Grupo Socialista en la Subcomisión de Privatizaciones del Congreso señalaba la necesidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), paralizase el proceso de privatización ante la 'sucesión de irregularidades' que lo han acompañado. Al día siguiente, el consejo de administración de la SEPI, reunido en sesión extraordinaria para reabrir el proceso de selección de un banco asesor tras la revocación del Santander Central Hispano Investment, descartaba que el proceso no esté siguiendo 'los criterios de transparencia, concurrencia y publicidad exigidos, por lo que carece de fundamento, ni jurídico ni procedimental, solicitar la paralización del mismo'.

Entre unos hechos y otros hay una importante letanía de acontecimientos relacionados con la privatización. Todo ello con el mar de fondo de una compañía acostumbrada al respaldo público durante décadas, pero que ha sabido, sin embargo, adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos y que, al margen de una importante deuda adquirida para la renovación de su flota -más de 180 millones de euros-, ha conseguido presentar unos buenos resultados durante los últimos ejercicios.

Los plazos

En la primera semana del pasado mes de marzo comenzaba lo que se creía era el tramo final de esta agitada privatización con la comunicación por parte de la SEPI de las condiciones para acceder al concurso. Tras un periodo de ofertas no vinculantes, se fijó el 10 de junio como fecha límite para cerrar las propuestas finales. En el camino habían quedado un amplio número de empresas con intereses más o menos claros respecto a la compra, pero lejos de acercarse a los precios finales en que se valoraba la misma. Tres de las seis ofertas finalistas se destacaban pocas fechas antes del 10 de junio, las capitaneadas por la constructora Acciona, el Grupo Boluda y la constructora Sacyr. Esta última quedaba algo relegada tras el esfuerzo financiero que suponía la compra de la inmobiliaria Vallehermoso. Todo parece indicar, y las publicaciones recientes en los medios de comunicación apuntan en ese sentido, que han sido dos las ofertas finalistas para la adjudicación.

Una de ellas, con Acciona al frente, asumiendo un 55% de la propuesta, un 15% la Caja de Ahorros del Mediterráneo, un 10% Abel Matutes, otro 10% la naviera Armas y una cifra semejante la naviera Aznar.

Por su parte, el Grupo Boluda acudía al 50% con un único socio financiero, el fondo de inversión CVC Capital Partners. El presidente del grupo, Vicente Boluda, no oculta su enfado por la maniobra que supone haber planteado inicialmente una candidatura común con Acciona para la adquisición de la naviera y que posteriormente la constructora prefiriera otros compañeros de viaje.

Hacer ruido

En Acciona no entienden el revuelo que se ha generado. Según el responsable de la oferta de la constructora, Juan Sáez, 'no hemos tenido ninguna ventaja en el proceso, nos hemos limitado a cumplir las normas que se han establecido desde el principio. En tiempo y en forma. Y si hemos ganado porque hecho la mejor oferta, pues ya está. Hemos tenido la desgracia de ganar el concurso y parece que somos sospechosos por pagar más. No podemos permitir que traten de cargarse el proceso a base de hacer ruido'.

Según ha podido saber este periódico, en la oferta no vinculante, el Grupo Boluda presentó una horquilla en el precio de 240 a 270 millones de euros, mientras que Acciona ofertaba 150 millones de euros. En la oferta definitiva, sin embargo, Boluda decidió apostar por el tramo más bajo, 240 millones de euros, mientras Acciona subió a 271,4 millones de euros.

Pocos días después Boluda Corporación Logística, en una carta al presidente la SEPI, elevaba su oferta a 280 millones de euros, al mismo tiempo que consideraba el proceso todavía abierto y susceptible de ser mejorado en beneficio de los ingresos del Estado. En la SEPI dan por cerrado el plazo y aseguran que se está trabajando únicamente con las ofertas presentadas antes del 10 de junio. Queda, por tanto, la valoración del proyecto industrial como único recurso para mejorar la oferta y desplazar el argumento de los precios.

La SEPI espera aprobar la adjudicación antes del 30 de septiembre, lo que supone que deberá estar sancionada o en el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones o en el último previo al descanso veraniego, que previsiblemente se celebrará el 2 de agosto. Esta misma semana, el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, solicitaba a los secretarios generales de UGT y CC OO que atendieran la convocatoria del ministro de Hacienda para reunirse con él y tratar este asunto, entre otros.