Un juez argentino procesa a dos ex ministros de Menem por el contrabando de armas a Croacia
La justicia argentina ha dado un nuevo golpe en la lucha contra la corrupción durante los 10 años del anterior Gobierno de Carlos Menem. Dos destacados ministros estrechamente vinculados al ex presidente peronista han sido procesados por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre los años 1991 y 1995. El juez Jorge Urso ha decretado el enjuiciamiento de Antonio Erman González, ex ministro de Defensa, por falsedad de documento público, y el embargo de 400.000 dólares (casi 73 millones de pesetas) contra sus bienes; y de Guido Di Tella, ex ministro de Asuntos Exteriores, por ocultación de pruebas, a quien se le han embargado 50.000 dólares.
"Cada vez más cerca de Menem", titulaba ayer un diario de Buenos Aires para explicar las sucesivas acciones judiciales contra colaboradores del ex presidente acusados de corrupción, entre los que destaca el antiguo responsable de los fondos de pensiones para los jubilados, Víctor Alderete, actualmente en la cárcel, y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, bajo investigación. El desvío de 6.500 toneladas de armas por un monto de 100 millones de dólares a dos países que estaban en guerra como Croacia y Ecuador violó el embargo militar decretado por las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia y el Protocolo de Río para el conflicto entre Ecuador y Perú, del que Argentina era garante.
El material militar iba destinado, según los decretos firmados, a otros países como Panamá y Venezuela. El escándalo de las armas es uno de los de mayor envergadura de todo el Gobierno de Menem, por el número de procesados, 21, y por la directa implicación del ex presidente, que firmó cuatro de los decretos secretos. Entre los implicados hay tres ex ministros, dos ex vicecancilleres, dos generales ex jefes de Estado Mayor del Ejército y de la Fuerza y otros 14 funcionarios y militares. El caso provocó la dimisión de otro ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, la muerte en circunstancias no esclarecidas del capitán Horacio Estrada, la presión preventiva de dos altos funcionarios de Fabricaciones Militares, de donde salieron las armas, y la participación de conocidos traficantes prófugos de la justicia. El fiscal del caso, Carlos Stornelli, anunció que recurrirá el fallo del juez por considerar que el ex ministro Di Tella debería ser procesado no sólo por no haber entregado a la justicia un cable enviado por el embajador argentino en Perú cuando se produjo el contrabando de armas, sino por haber firmado cuatro decretos que consignaban los destinos falsos.
