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Entrevista:

"El Ejército debe sentarse a negociar"

Tiene 48 años, cuatro hijos y ocho guardaespaldas que no lo abandonan. De visita en Madrid, cuando se presenta como Defensor del Pueblo de Colombia sus interlocutores responden con frases de solidaridad por lo que suponen un empleo suicida. Pero José Fernando Castro Caicedo habla con pasión, a pesar de las frustraciones que engendra ser Defensor del Pueblo en un país "violador de los derechos humanos". Castro está convencido de que el conflicto armado está más bravo que nunca en Colombia, sí, "pero ahora hay un clamor popular para lograr la paz". Por eso exige un alto el fuego, y no comprende que se negocie la paz sólo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Hay que hablar con todos", dice Castro, y bajo ese "todos" caben el resto de grupos insurgentes, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el tercer implicado: "El Ejército".Pregunta.Usted ha seguido desde Madrid la última ofensiva de las FARC ¿Cómo se puede creer en la salida negociada mientras las armas siguen disparando?

Respuesta.Creemos que, por las armas, ni la guerrilla gana la guerra ni el Estado la gana. Lo que estamos es llenando el territorio de huérfanos y de miseria. No hay razón para que nos sigamos matando, no hay razón para que ahora, que están abiertas las negociaciones, no haya un cese el fuego.

P.La actividad paramilitar ha crecido terriblemente. ¿En qué ha cambiado el mapa del conflicto?

R.Nosotros siempre hemos sido del criterio de que hay que terminar con las autodefensas, porque sólo han involucrado a más civiles en la violencia. Desde 1996, si bien hemos avanzado en la decisión política, el conflicto se ha intensificado. Notamos cómo el Estado hace presencia en una parte del territorio, pero hay otra parte que está controlada por las guerrillas o por las AUC. Yo diría que el país se nos está feudalizando. En cuanto al Gobierno, creo que el presidente [Andrés Pastrana] es una persona bien intencionada, pero en materia de derechos humanos está mal asesorado. Yo diría que no hay una política institucional para violar derechos humanos, pero tampoco hay una política para evitar su violación.

P.¿Y el Ejército?, su cúpula se ha mostrado muy crítica con la política de paz de Pastrana, a la vez que existen denuncias sobre su vinculación con los paramilitares.

R.Debo reconocer que la actitud de los militares con respecto a los derechos humanos ha mejorado. Hoy tenemos una policía más civilista y un Ejército en entrenamiento para el respeto de los derechos humanos. Tengo que decir que no hay una política institucional del Ejército de amparar a los paramilitares, aunque se dan casos aislados. Un importante sector del Ejército tiene formación civilista.

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P.Hasta ahora no se ha considerado al Ejército como una parte del conflicto ¿Cree que también hay que negociar con los militares?

R.Lancemos desde aquí una propuesta. Que un general en servicio activo esté en las mesas de negociación, comencemos con las FARC y después con todas las otras que se abran. Yo creo que ese sector civilista, mayoritario en las fuerzas militares, podría estudiar esta alternativa y, que si nos hemos de reconciliar los colombianos, empecemos a dar la mano.

P.¿El Ejército está preparado para dar ese paso?

R.Yo pienso que sí. El general Rosso José Serrano [jefe de la policía] me ha dicho que es un amigo de la paz. Hablo con el general Fernando Tapias [jefe de las Fuerzas Militares] y me dice que es un amigo de la paz. Los militares tienen más razones que nadie para trabajar por la paz, porque ellos están poniendo muertos.

P.¿Cuál es la disposición del resto de grupos armados?

R.Yo creo en la vocación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y parece que las negociaciones pueden empezar antes de que finalice el año. Con el EPL [Ejército Popular de Liberación] nos reunimos hace unos 40 días y nos han manifestado su determinación de abrir un proceso de paz. Con respecto a Carlos Castaño , él me dice que también está preparado para hablar de paz.

P. Cree que el presidente tiene las manos libres.

R.Yo creo que sí. Tiene apoyo en el Congreso, tiene el apoyo de la opinión pública y las herramientas constitucionales. (...) Desde su toma de posesión, el presidente se interesó mucho en el diálogo con las FARC, pero creemos que le falta una concepción integral del proceso. Para hacer la paz se tiene que hablar con toda la insurgencia y con las autodefensas, y se tiene que reestructurar el Estado para lograr justicia social.

P.El Ejército y otros sectores han criticado el despeje [la desmilitarización de cinco municipios para negociar con las FARC], pero hay una falta de presencia estatal en otras zonas del país. ¿No existe un depeje institucional?

R.Por supuesto. Tenemos 280 municipios despejados, sin fuerza pública. Y si lo miramos desde el punto de vista de inversión social, tenemos una gran parte del país con ciudadanos de segunda clase.

P.¿Hay sectores poderosos en Colombia contrarios a la paz?

R.Yo diría que si los hay son unos estúpidos o se están lucrando con la guerra. El ciudadano que tenga poder económico, o cualquier otro poder, que no entienda que la paz es necesaria, que, para mantener su status, tiene que abrir paso a todos los colombianos, el que no lo entiende así, está sacando alguna utilidad de esta guerra.

P.Y ahora comienzan las extradiciones a EEUU. ¿Cree que eso sirve para algo?

R.La extradición no es la solución, eso soluciona las relaciones de un país con otro, pero, de fondo, no soluciona nada. El hecho de extraditar colombianos va a traer al ciudadano común graves problemas de seguridad. Yo pienso que el problema de la droga es multinacional y no sólo Colombia debe poner los muertos. Es un problema donde toca cortar con los precursores químicos que se ponen en los países desarrollados, con las narices que se ponen en esos mismos países.

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