El Gobierno de Frei intentará la "solución humanitaria" antes del recurso de la defensa

ENVIADO ESPECIALEl Gobierno chileno afina los últimos aspectos de lo que va a ser su planteamiento ante el ministro del Interior británico, Jack Straw, para que éste considere la posibilidad de estudiar la situación de Augusto Pinochet, tras el fallo favorable a su extradición del pasado viernes 8, antes de la presentación del previsible recurso contra dicha sentencia por parte de los abogados defensores del ex dictador ante el Alto Tribunal de Justicia, que tiene un plazo de quince días hábiles (tres semanas) para hacerlo.

EL 'CASO PINOCHET'Las comunicaciones del funcionario Alberto van Klaveren, del Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres con la cancillería de Santiago han funcionado a tope este fin de semana.El magistrado Ronald Bartle, según es preceptivo, enviará rápidamente toda la documentación del caso Pinochet a Straw, para que éste puede resolver sobre la entrega propiamente dicha del ex dictador a España. Los abogados de Pinochet mantendrán reuniones a partir de mañana, lunes, con su cliente, que reside en Surrey bajo custodia policial. De momento, la defensa sigue sin mencionar la palabra obvia: el recurso. Los hombres que trabajan con Pinochet ya han dicho que se recurrirá el fallo, pero los abogados no han rozado el asunto.

Fuentes jurídicas consultadas aquí estiman que la actitud de la defensa del ex dictador obedece a un cálculo previamente acordado. La idea es que el recurso de habeas corpus para que el Alto Tribunal de Justicia someta a revisión la sentencia de extradición del magistrado será presentado muy cerca de las fechas de vencimiento del plazo, esto es, a finales de octubre.

¿Qué se espera en el intervalo, de aquí a esa fecha? Al parecer, según fuentes jurídicas, el Gobierno de Chile, tras mantener múltiples contactos con autoridades británicas en el último mes, ha llegado a la conclusión de que el momento propicio para alegar las razones humanitarias es aquel en el que los documentos del caso son enviados por el magistrado de extradición al ministro del Interior. Éste dejó constancia en su autorización para proceder a la extradición de Pinochet, de fechas 9 de diciembre de 1998 y 14 de abril de 1999, de que estudiaría los planteamientos humanitarios una vez que el caso saliese a su mesa de trabajo, no antes.

Según la ley de extradición británica, si el delito que una persona comete es trivial, o ha pasado el tiempo desde que ha tenido lugar, se da el caso de que los hechos de que se le acusa carecen de base legal, o bien si la acusación contra la persona no ha sido realizada de buena fe en interés de la justicia, "sería, habiendo tomado en cuenta todas las circunstancias, injusta u opresiva su entrega" al país requerido.

La defensa de Pinochet consiguió, en base exclusivamente del testimonio de uno de los médicos del ex dictador, Michael Loxton, que el magistrado Ronald Bartle le excusara, el pasado miércoles 6, de asistir a la vista de veredicto del viernes 8, porque ello "podría agravar seriamente su estado de salud".

La Fiscalía de la Corona no prestó su apoyo a esta resolución, ya que intentó enviar el martes 5 a su propio médico, Peter Dean, a la casa del ex dictador, para someterle a una revisión que permitiera hacer un diagnóstico y llegar a una conclusión. Pero, según el relato del fiscal Brian Gibbins, el abogado Michael Caplan, que coordina la defensa del ex dictador, dijo que no había logrado ponerse en comunicación con Pinochet para poder concretar la citada visita.

Fuentes jurídicas consultadas no dejan de subrayar que una visita del médico de la Fiscalía de la Corona hubiese podido ser utilizada por la propia defensa de Pinochet como una baza a su favor, en caso, claro, de que, el examen del ex dictador confirmarse sus dolencias. Según el doctor Loxton, Pinochet no puede mantenerse en pie de manera firme y suele balancearse hacia adelante, ha perdido la memoria de hechos recientes y sufrió dos infartos suaves.

Nadie puede asegurar que la "operación humanitaria" pueda tener encaje en los planes del ministro del Interior, Jack Straw.Entre otras cosas, si decide considerar alegaciones de la defensa de Pinochet sobre este punto, también solicitará, como suele hacerse en el proceso de toma de decisiones, la opinión de la Fiscalía de la Corona.