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Clinton demanda a las tabacaleras para que reembolsen al Estado el gasto sanitario

La Casa Blanca denuncia que la industria conspiró para ocultar el peligro de los cigarrillos

El Gobierno federal de EE UU cumplió ayer la amenaza efectuada el pasado enero por el presidente Bill Clinton y presentó una demanda contra las compañías tabacaleras, exigiéndoles una indemnización por los miles de millones de dólares de gastos sanitarios provocados por el consumo de cigarrillos. En su demanda, presentada por el departamento de Justicia, el Gobierno denuncia que las tabacaleras han conspirado durante años para ocultar al público los peligros de los cigarrillos. La Casa Blanca entra así directamente en la batalla legal contra las tabacaleras.

Hasta ahora, ese combate, aunque alentado moral y políticamente por Clinton y Gore, había sido llevado directamente por particulares, organizaciones laborales, las ciudades y los Estados.En su demanda, el Gobierno de EE UU invoca la ley federal contra la extorsión, creada en principio para combatir a los grupos mafiosos. "Durante los últimos 45 años, las compañías que manufacturan y venden tabaco han practicado una campaña intencionada y coordinada para mentir y defraudar", declaró ayer Janet Reno, fiscal general de EE UU, al presentar la demanda. "Esa campaña ilegal, cuyo objetivo es mantener los beneficios cualquiera que sea el costo en vidas humanas, sufrimientos y recursos médicos, ha tenido efectos devastadores", añadió.

El Gobierno no precisa en su demanda el montante de la indemnización que reclama. Lo hará en una fase posterior del proceso y puede ser de decenas de miles de millones de dólares. Es una compensación a los contribuyentes norteamericanos por el dinero gastado por el Gobierno de Washington en los gastos médicos y sanitarios provocados por enfermedades relacionadas con el tabaquismo entre sus empleados y trabajadores civiles y militares, y entre los jubilados del sistema Medicare que cobran pensiones federales. La Casa Blanca estima que esos gastos se elevan a unos 20.000 millones de dólares anuales (3,2 billones de pesetas).

La industria tabacalera intentó minimizar el impacto de la noticia. "No creemos que haya bases para esa demanda y anticipamos que los tribunales la rechazarán", declaró Tommy Payne, vicepresidente de R. J. Reynolds Tobacco. Pero las fuentes jurídicas citadas por The Washington Post, el diario que anticipó la noticia, creen que la invocación de la ley contra la extorsión es un nuevo y muy grave desafío para las tabacaleras. Acuerdo extrajudicial

El pasado noviembre, el sector tabacalero estadounidense y los 40 Estados que le demandaban colectivamente llegaron a un acuerdo extrajudicial. Según ese acuerdo, la industria se compromete a pagar más de 240.000 millones de dólares a lo largo de 25 años, a retirar su publicidad de las vías públicas y limitar su patrocinio de acontecimientos deportivos. Pero Clinton nunca ha estado satisfecho con ese acuerdo. La Casa Blanca intentó el pasado año que el Congreso aprobara una legislación federal contra las tabacaleras, que incrementaba la fiscalidad de las cajetillas y prohibía casi toda su publicidad. Pero esa iniciativa se estrelló con la firme oposición de la mayoría republicana en el Senado.

Clinton, no obstante, no dio por perdida su batalla y, en su discurso sobre el Estado de la Unión del pasado enero, anticipó la posibilidad de una demanda específica del Gobierno federal. La Casa Blanca, dijo ayer Gregory Little, de Philip Morris, el principal fabricante, está "intentando imponer por la vía de los tribunales las tasas que no logró establecer en el Congreso".

Los fumadores del Estado de Florida consiguieron el pasado julio una histórica victoria judicial frente a los fabricantes de cigarrillos. En la primera acción colectiva de fumadores, el jurado decidió que las tabacaleras debían indemnizar con más de 200.000 millones de dólares a los 500.000 habitantes de Florida que afirman estar enfermos a causa del tabaco. Pero el pasado 3 de septiembre, un tribunal de Apelación sentenció que las indemnizaciones no pueden ser colectivas, sino que deben ser concedidas caso por caso. El asunto no está cerrado.

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