La fiscalía no encuentra responsabilidad del Gobierno en la 'guerra sucia' en Córcega
Para alivio del Gobierno de Lionel Jospin, la investigación judicial abierta por el incendio del restaurante Chez Francis parece abocada a no sobrepasar el ámbito de Córcega, aunque los magistrados no descartan citar en calidad de testigos a algunos de los consejeros gubernamentales. El ex prefecto de la isla, Bernard Bonnet, detenido como sospechoso de haber ordenado a los gendarmes la destrucción del local, aparece como el cortafuegos que permitirá al Ejecutivo salvarse de la quema judicial y de la política, aunque la oposición sigue tratando de cobrarse dimisiones.
"En el estado actual de las investigaciones no hay ningún elemento que permita trascender del ámbito local", ha dicho el propio fiscal de Ajaccio, Jacques Dalles, contrariando, así, los deseos de una parte de la derecha francesa. Las declaraciones fiscales han sentado tan mal a la oposición que el juez instructor, Patrice Camberou, se ha sentido obligado a subrayar que llevará sus investigaciones hasta el final.Llegado el caso, Bernard Bonnet, preso en la cárcel parisiense de La Santé, podría revolverse contra el primer ministro, Lionel Jospin, y contra el ministro de Interior, Jean-Pierre Chevènement, pero después de descartar por escrito toda implicación gubernativa y de haber admitido parcialmente su responsabilidad en los hechos, no parece estar en condiciones de atribuir al Ejecutivo la orden de destruir los restaurantes de playa corsos construidos ilegalmente.
La hipótesis, nada gratuita, de que el incendio de Chez Francis estuviera integrado en un plan destinado a desatar una "guerra", término que en el caso corso hay que tomarlo en un sentido literal, entre los propietarios de los distintos chiringuitos, ha cobrado fuerza con la confesión del coronel Henri Mazères. El depuesto jefe de los gendarmes en Córcega ha reconocido haber participado en el incendio, el 7 de marzo último, del restaurante Aria Marina.
Si el frente judicial está remansado, el político continúa muy activo con una oposición que no se resigna a que el escándalo se apague sin haberse cobrado algunas dimisiones y sin haber socavado suficientemente la credibilidad de Jospin. Mientras el exministro de Interior Charles Pasqua y la extrema derecha centran sus descalificaciones en el jefe de Gobierno, los conservadores de la Unión para la República (RPR) y de la Unión para la Democracia Francesa (UDF) reclaman ahora las dimisiones de los titulares de Interior, Jean-Pierre Chevènement, y de Defensa, Alain Richard, haciéndoles corresponsables de la actuación de los gendarmes, un cuerpo que, al igual que la Guardia Civil española, está supeditado a la doble obediencia, civil y militar.
Los frentes de Jospin
Además de hacer frente a los ataques de la oposición que hoy vuelve a esperarle con la escopeta cargada en la Asamblea, Jospin tendrá que restañar las importantes grietas abiertas en sus relaciones con Chevènement. Los equipos de Matignon y de Interior se han enzarzado en una batalla soterrada por descargarse de la responsabilidad política derivada de la calidad y del número de contactos mantenidos con Bernard Bonnet en estos 14 meses. Jospin, que ha vivido los acontecimientos como un fracaso propio, aunque inducido por el responsable de Interior, no disimuló días atrás su contrariedad cuando Chevènement le respondió a un diputado que iba a hacerle "tragar sus palabras". Con todo, la amistad que les une desde hace una treintena de años y el papel capital que el ministro de Interior juega en el Gobierno invitan a descartar la ruptura.La nueva política a desarrollar en Córcega para recuperar la credibilidad perdida, sin renunciar al objetivo de restablecer el Estado de derecho, va a requerir grandes dosis de habilidad. El juego va a complicarse notablemente porque las diversas facciones nacionalistas, incluidas las que condenan el terrorismo, están dispuestas a unir sus fuerzas y porque la derecha, mayoritaria en la isla, va ponerse al frente de la reivindicación de un nuevo estatuto de autonomía. José Rossi, presidente de la Asamblea de Córcega y dirigente de Democracia Liberal reclamó ayer una autonomía que preserve "la seguridad, la justicia y la aplicación de la ley en el Estado francés" y deje en manos corsas el "desarrollo económico, social y cultural".
En su toma de posesión, el nuevo prefecto Jean-Pierre Lacroix, impuesto por Jospin en detrimento del candidato de Chevènement, mostró ayer en Ajaccio que tiene la lección bien aprendida. Los conceptos de diálogo y respecto mutuo impregnaron su discurso, al igual que la idea de normalidad que pretende oponer a la de excepcionalidad impuesta por su predecesor.
