Educación eliminará el permiso previo a los libros de texto

La autorización previa de los libros de texto será suprimida en las nueve comunidades autónomas administradas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), que ha elaborado un proyecto de real decreto sobre uso y supervisión de los libros y materiales curriculares para los centros educativos. Cuando entre en vigor la nueva norma, previsiblemente antes de las vacaciones de verano, la supervisión de la calidad de los libros será competencia del servicio de inspección, que la ejercitará in situ, como cualquier otra faceta de la actividad docente.

La desregulación fue barajada en su última etapa de gobierno por los socialistas, que no se atrevieron a dar el paso adelante.Las comunidades en las que se aplicará el real decreto son Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia. Baleares, que asumió los traspasos en enero, tiene aún por definir su normativa. Las otras comunidades con competencias educativas tienen control previo de los textos, que ejercen de forma particularmente rigurosa Canarias y Cataluña. Andalucía ya se ha mostrado partidaria de modificar su normativa para ir a la desregulación.

Apoyo de los editores

La Asociación Nacional de Editores de Libros de Textos y Material Escolar (ANELE), por medio de su presidente, Mauricio Santos, dio ayer su respaldo a la iniciativa del Ejecutivo, al tiempo que expresó su deseo de que cunda el ejemplo en el resto de las comunidades. Santos destacó las grandes dificultades que supone para las editoriales someterse al control previo de diversas administraciones, cuyos criterios son a menudo extremadamente subjetivos o locales, según los editores.El ministerio considera que la nueva norma permitirá adecuarse a los principios de autonomía pedagógica de los centros y de los profesores. Para los responsables del departamento, de este modo se garantiza la eliminación de "los más mínimos restos de censura previa" de forma compatible con la responsabilidad de la Administración de garantizar unos materiales didácticos de calidad.

El proyecto, que está pendiente del dictamen del Consejo de Estado, exige que todos los materiales curriculares reflejen en sus textos e imágenes los principios de igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a cualquier tipo de discriminación, el respeto a las diversas culturas, el fomento de los hábitos de comportamiento democrático y la atención a los valores éticos y morales de los alumnos.

El ministerio dará cuenta a la fiscalía o a los tribunales de los textos o materiales en los que se observe cualquier elemento de carácter delictivo. Hasta que la autoridad judicial adopte la correspondiente decisión, el MEC podrá adoptar las medidas que considere oportunas para evitar eventuales "daños irreparables".