El PSOE tilda de sectario al Gobierno por vetar a Moscoso
Jesús Caldera, vicesecretario del grupo socialista, tildó ayer al Gobierno de sectario y de haber incurrido en desviación de poder por rechazar la propuesta de nombramiento de Javier Moscoso como fiscal del Tribunal Supremo que le hizo el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, previo acuerdo del consejo fiscal.Caldera preguntó por la cuestión a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y ésta respondió que la ley del Poder Judicial impide nombrar para cargos de libre designación a personas que son miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Caldera replicó que se trataba de "débiles excusas jurídicas" y recordó a la ministra que en ocasiones anteriores se había llenado la boca asegurando que el Gobierno aceptaba siempre las propuestas del fiscal general del Estado por respeto a su autonomía. Y resaltó que la propuesta del fiscal general no se ha aceptado en esta ocasión y se preguntó "¿cómo se llama eso?", para responder que es "sectarismo". Dijo también que habían destituido a Juan Cesareo Úrculo como fiscal general del Estado y sin embargo le habían dado una responsabilidad importante, la Fiscalía Antidroga, mientras que a un experto fiscal como Moscoso le han puesto el veto lo que, en opinión del diputado socialista, supone "desviación de poder". Además, Caldera recordó a la ministra que "han apoyado al fiscal Fungairiño, que justifica golpes de Estado", con lo cual el Gobierno "pisotea los valores de la Constitución".
Réplica de Mariscal
La réplica de la ministra fue singular porque le dijo a Caldera que el Gobierno está siempre dispuesto a cumplir la ley y que cuando se adopta una resolución contraria a la ley "eso tiene un nombre y está recogido en el Código Penal", con lo cual la ministra solemnizaba en el Congreso que el fiscal general del Estado y el Consejo Fiscal le habían llevado una propuesta ilegal y delictiva, al menos en opinión del Gobierno tal y como lo explicó la ministra.Más tarde fue el diputado del PNV Joxé Joan González de Txábarri quien preguntó a Mariscal por la situación de los tres testigos protegidos en el caso Lasa y Zabala [secuestro y asesinato de dos presuntos etarras], y le reprochó que no estuvieran recibiendo asignaciones y que sufran "agravio comparativo" con respecto a otras personas que, según el diputado, sí están recibiendo dinero procedente de fondos reservados.
La ministra aseguró al diputado vasco que en su ministerio se cumple la ley, que sólo autoriza a pagar por traslados domiciliarios o actuaciones semejantes pero, en ningún caso, a establecer asignaciones mensuales, y le recomendó que si tenía noticias de que en otro ministerio ocurría algo distinto, preguntase allí.
