El Gobierno canario acusa a la empresa del agua de Las Palmas de arruinar la agricultura

Gumersindo de Urquiza, director general de Aguas de Canarias, arremetió ayer en Madrid contra la empresa encargada de potabilizar el agua de Las Palmas, y la acusó de arruinar la agricultura de la isla. Según el alto cargo canario, la empresa que debe desalar el agua -Emalsa- prefiere comprarla a los aguatenientes que poseen pozos o corrientes subterráneas, porque de ese modo le sale más barata. Así, paga 100 pesetas por metro cúbico, un precio con el que los agricultores no pueden competir (han venido pagando 60) y que les deja sin el agua para sus riegos.

"Canarias tiene la razón. Emalsa, el dinero. Si tienes dinero eres el poderoso. Y frente al poderoso, la razón nada puede hacer", dijo De Urquiza.Los regantes, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) y nueve municipios ya se han movilizado para rescatar su agua.

El director general hizo estas declaraciones a EL PAíS en el congreso mundial sobre desalación y reutilización del agua que reúne en Madrid esta semana a casi 800 expertos y muestra los espectacurales avances que la tecnología ofrece para rebajar el coste energético de la desalación allí donde es imprescindible. En los últimos cinco años se ha reducido a la mitad, según Miguel Torres, jefe de Calidad de las Aguas del Centro de Estudios Hidrográficos y miembro del comité español del congreso.

Las primeras desaladoras no disponían de esa tecnología de última hora, como es el caso de algunas de las instaladas en Las Palmas. El Ayuntamiento privatizó en 1993 el abastecimiento de la ciudad -las desaladoras datan de 1970- y se lo otorgó a Emalsa (un 33% propiedad de la eléctrica UNELCO -filial de Endesa-, un 34% del propio Ayuntamiento y un 33% de SAUR, subsidiaria del grupo francés Bouyges).

Excesiva salinidad

La fuente principal del agua que suministra Emalsa es la desalación. Y por diversas vicisitudes, entre ellas la proximidad de las tomas de agua de zonas de mar contaminadas, el mantenimiento de las plantas sale caro y la calidad de los 60.000 metros cúbicos de agua diarios que vierte a la red deja que desear. Ni siquiera cumple los parámetros mínimos que exige la legislación sanitaria, según reconoce la propia empresa. Emalsa ha solicitado en varias ocasiones a la Dirección General de la Salud Pública de Canarias que se le concedan excepciones en el cumplimiento de estos parámetros. La última, el 7 de mayo último.Según informes del Ministerio de Medio Ambiente, mientras que la legislación no permite índices de salinidad para el agua de grifo por encima de 0,4 gramos por litro, la que Emalsa distribuye a los 369.152 habitantes de Las Palmas y su zona de influencia supera los 1,2 gramos, al precio más alto de España. Y afecta también, según admite la empresa ante el Servicio Canario de Salud, a universidades, colegios, hoteles y hospitales. La dirección de Emalsa ha rehusado expresar su versión ante reiteradas peticiones para que así lo hiciera.

En estas circunstancias, en lugar de invertir para mejorar la calidad del agua desalada, Emalsa la mezcla con agua de pozo -no se ha precisado en qué porcentaje- y compite con los agricultores en la compra a los aguatenientes de las corrientes subterrárteas (un recurso aquí de propiedad privada).

Los agricultores la adquieren a 50 o 60 pesetas el metro cúbico en el periodo de riego; Emalsa la paga todo el año a 100. "Por motivos puramente mercantilistas ha reventado el mercado interior y condenado al paro a multitud de familias", dice Rafael Hernández Reyes, presidente instilar de la COAG.

Gumersindo de Urquiza, miembro de Coalición Canaria como el consejero que le nombró, está con los agricultores: "El dinero gana a la política. Ésa es la libertad de mercado: no gastar en las desaladoras porque supone gastar dinero. Que se prepraren en la Penínsu la con las privatizaciones".

El Gobierno de Canarias ha conminado al Cabildo Insular de Gran Canaria a que ponga freno a esta situación, pero Gumersindo de Urquiza reconoce resignado que da la batalla por perdida.