La hora de las fuerzas sociales
Los políticos y, en concreto, las fuerzas parlamentarias hacen los pactos legislativos. A las fuerzas sociales hay que pedirles los consensos posibles, sin que tengan que renunciar a sus propias convicciones. El papel de estas organizaciones es fundamental para articular la opinión pública. Los flujos informativos caen en torrente sobre estos grandes recipientes. No basta que la opinión pública esté en el pueblo; necesita ser del pueblo. Tiene que ser autónoma y, no bastaría la heterónoma dictada por los medios, los formadores de opinión y los grupos de identificación.Esta advertencia es fundamental. La Declaración conjunta en favor de la educación no pretende otra cosa que manifestar las coincidencias y aproximaciones de las aspiraciones de los actores sociales de la comunidad educativa. Las cuestiones en las que existe unanimidad se enuncian claramente y son las siguientes: que el Parlamento asuma como primera prioridad la educación; que esta prioridad se refleje en la Ley de Presupuestos Generales; que se lleve a la práctica la igualdad de oportunidades en el acceso a los bienes de la educación; que se extienda la educación básica obligatoria y gratuita hasta los 16 años; que se mantenga la integración del alumnado en la educación básica; que se promueva el desarrollo profesional del profesorado y se le ayude a recuperar el prestigio social que merece, y que el centro escolar actúe como eje fundamental del sistema educativo.
En otras cuestiones sólo se llegó a una aproximación de posiciones. Es lógico que nos hayamos referido a ellas con fórmulas ambivalentes que no cierren la puerta a ninguna de las soluciones defendidas dentro del marco constitucional.
Quedaron sin duda alguna cuestiones particulares que no pudieron ser introducidas en la declaración. Las organizaciones que lo deseen entregarán escritos en los que, haciéndose solidarios con el texto íntegro de la declaración firmada, mantienen sus particulares puntos de vista. Toda esta documentación se incorpora a la memoria de la declaración y figurará en la agenda de futuros encuentros. En estos documentos predomina la explicitación de principios constitucionales sobre cuya aplicación concreta no se consiguió el consenso.La declaración corona los esfuerzos de la Fundación Encuentro, que ha servido de intermediaria en tres ocasiones anteriores. Es justo recordar que durante la elaboración de la Constitución (1978), por iniciativa de Luis Gómez Llorente, Gregorio Peces-Barba y Javier Solana, se intentó un acuerdo con el Episcopado en una serie de reuniones con tres teólogos nombrados por el cardenal Tarancón. Se llegó a redactar un documento con los puntos de acuerdo que el presidente de la Conferencia Episcopal llevó a la Comisión Permanente. Después supe que el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza no había considerado oportuno recibir a Gómez Llorente y Peces-Barba.Por segunda vez intentaron estos mismos representantes del PSOE dialogar sobre la ley de centros defendida por el Gobierno de UCD. El discurso que pronunció en el Congreso Luis Gómez Llorente en el que atacó duramente a la Iglesia española respondía a la frustración del pacto intentado anteriormente.
Por último, con motivo de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y ante la convocatoria que se hacía a los católicos para una manifestación, se celebró una reunión en la fundación y durante ella el representante del Episcopado hizo saber a los organizadores que no podía utilizar el nombre de la Iglesia, ya que los obispos se expresarían como y cuando lo creyeran conveniente.
El acuerdo con la Iglesia y aun su apoyo ha interesado durante el proceso democrático a las fuerzas políticas españolas. Los obispos, en sus declaraciones colectivas, y su presidente, en la homilía ante el Rey en la iglesia de San Jerónimo, dejaron bien claro que nadie debería utilizar a la Iglesia en la lucha partidista. Las fuerzas sociales firmantes de este documento declaran en el mismo su voluntad de entablar un diálogo constructivo con todas las autoridades educativas, tanto del Gobierno central como de los autonómicos. Asimismo se hace constar en la declaración que las entidades firmantes seguirán reuniéndose para mantener y robustecer el clima de concordia logrado.José María Martín Patino es presidente de la Fundación Encuentro, que ha promovido el manifiesto.
