De "aromas" a indicios
El juez de Barcelona considera que en la liquidación del aval concedido a Subirà y Compañía existen indicios de cohecho. Ese aval era uno los incluidos en una amplia investigación de la Fiscalía de Barcelona concluida en octubre de 1992. El informe fue remitido entonces al fiscal general del Estado, -Eligio Hernández, quien decidió parar el caso porque entendió que no había delitos, aunque sí cierto "aroma de corrupción".El informe de la Fiscalía del Estado destacaba que la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), creada para afrontar y paliar la dura recesión económica de pincipios de los ochenta, concedió avales y ayudas sin garantías a empresas en situación de quiebra o suspensión de pagos. Algunas de las sociedades beneficiarias, además, eran de familiares o miembros de CiU. La fiscalía cifró las pérdidas para el erario público en 2.000 millones de pesetas por los avales no recuperados por la CARIC. Todo ella fue considerado supuesta malversación de caudales públicos y el fiscal se planteó responsabilizar a Macià Alavedra, Josep Maria Cullell, Antoni Subirà, Josep, Manuel Basáñez, Vicenç Oller y Joan Hortalà, consejeros o ex consejeros con responsabilidad en Industria y Economía.
Ese amplio informe, que realizó el fiscal Carlos Castresana, es el mismo con el que ha trabajado ahora el juez de Barcelona. Éste se lo reclamó al fiscal general del Estado después de recibir una denuncia de un ciudadano de Barcelona basada en artículos de prensa. El juez que ha remitido ahora lo tocante a Subirá al Tribunal Superior no se ha pronunciado sobre el resto de los avales que en su día fueron investigados.
