Un juez ve indicios de cohecho en una actuación del consejero de Industria catalán

Cuando aún no se ha calmado la tormenta que desató la dimisión del anterior consejero de Política Territorial, Josep Maria Cullell, por un supuesto tráfico de influencias, un juez de Barcelona ha encontrado indicios de cohecho en una actuación de otro miembro del Gobierno catalán: el titular deIndustria, Antoni Subirà. Ahora, el Tribunal Superior de Cataluña decidirá si Subirá incurrió en cohecho por la cancelación de un aval concedido por la Generalitat: a Subirà y Compañía, SA, empresa de la familia del consejero. La empresa que canceló la deuda -58 millones de pesetas- se vio beneficiada con la recalificación de unos terrenos

La reacción política no se hizo esperar. Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya pidieron la comparecencia de Subirá. en el Parlament, y el Partido Popular su dimisión. Subirá, que por la mañana no quiso hacer, declaraciones, aseguró por la noche en TV-3: "Estoy sorprendido e indignado, pero tranquilo". Subirá empleó los mismos argumentos que una nota del Departamento de Política Territorial. Según la nota, la modificación del Plan General Urbanístico, promovida por los propietarios de la finca, "a falta de ordenación", se realizó mediante una sentencia de abril de 1986 de la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia de Barcelona en la que resolvía el recurso interpuesto por los propietarios de los terrenos. En septiembre de 1991 el Supremo confirmó la sentencia. Según la nota, la modificación no se hizo para cambiar los usos admitidos, "por lo que es totalmente erróneo ver una intención recalificadora".El auto del juzgado que ha investigado de forma preliminar el caso señala que la empresa Subirá y Compañía obtuvo en 1981 un aval de la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC) -organismo ya desaparecido dependiente de la Generalitat-. Poco después la empresa quebró y no retornó la deuda, que ascendía a 57.633.646 pesetas. Ocho años más tarde, en 1989, otra empresa (Inversiones y Negocios Inmobiliarios) liquidó la deuda y entregó dos talones por un importe de 58 millones a la Generalitat. El pago lo hizo el 24 de noviembre de 1989 la sociedad Frisolca, que había sido comprada por aquellas fechas por el cuñado de Antoni Subirà, Ramon Torrellas. La cancelación sucedió en vísperas del nombramiento de Subirá como consejero.

Sin embargo, el dinero que fue ingresado en el Tesoro público de la Generalitat procedía de una cuenta corriente cuyo titular era Inversiones y Negocios Inmobiliarios, propiedad de la familia Massot Felip, que controlaba en aquella fecha el polígono Mas Blau, cercano al aeropuerto de El Prat. En esas tierras, la familia Massot tenía domiciliadas varias sociedades. Por aquellas fechas uno de los miembros de la citada familia, Felip Massot Felip, compró unos terrenos a Ramon Torrellas.La actividad de Torrellas estuvo ligada durante muchos años al consejero de Industria. Según los datos de los investigadores, Torrellas trabajó en Subirá y Compañía desde 1972 a 1980. Dos años más tarde estaba inscrito como desempleado, hasta que su nombre apareció como apoderado de Frisolca.

El auto del juez no hace referencia a la supuesta compra de unos terrenos que coincidió con la cancelación de la deuda. Pero lo que sí precisa con detalle es la cronología de la recalificación de los terrenos del polígono Mas Blau. Refiriéndose a una investigación hecha por la policía, el juez dice que el 13 de noviembre de 1989 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó "la aprobación. definitiva por el Departamento de Política Territorial del Plan General Metropolitano" en relación con dicho sector. El 7 de diciembre de 1989, el DOGC publicó la recalificación.

Importantes plusvalías

El juez apunta que esta recalificación "reportó presuntamente a sus propietarios importantes plusvalías". El auto precisa que todo ello, "sin perjuicio al derecho de presunción de inocencia", apunta "indiciariamente alguno de los tipos de cohecho". En otras palabras, el juez considera que puede haber un nexo entre el pago de la deuda de la empresa familiar de Subirá y el hecho de que la sociedad que pagó se viera beneficiada por la recalificación.

El juez dice que procede "acordar, sin más, en este momento la inhibición al Tribunal Superior" ya que Subirá tiene categoría de aforado por su cargo. Asimismo se refiere al plazo de prescripción. Según la ley, el cohecho prescribe a los cinco años. El plazo varía si se trata de un funcionario público, ya que entonces la sanción comporta inhabilitación para el cargo.