El Gobierno de Berlusconi suprime por decreto la prisión preventiva para los reos de corrupción
Los magistrados italianos de la investigación Manos Limpias, sobre corrupción asociada a la financiación de los partidos, anunciaron ayer que pedirán su traslado a otras funciones debido a las dificultades insalvables creadas por el Gobierno de Silvio Berlusconi. El Gabinete estableció en la noche del miércoles, mediante un decreto-ley urgente, que la prisión preventiva sólo pueda ser aplicada a los presuntos reos de delitos graves, como los de sangre, Mafia o terrorismo, entre los que no se incluyen los de corrupción ni los de financiación ilegal de partidos.
La nueva norma cierra la vía a una medida que ha sido profusamente aplicada por los magistrados de la investigación citada, e impone la liberación de unos 2.000 detenidos, según cálculos del propio Ministerio de Justicia. Entre ellos, habrá varios ex ministros, como el liberal Francesco De Lorenzo o el democristiano Paolo Cirino Pomicino, aunque no todos los liberados serán, lógicamente, reos de presuntos delitos de corrupción asociada a la política.La restricción de la prisión preventiva favorecerá igualmente a otros tipos de delincuentes, incluidos los simples rateros. La reglamentación es más flexible por lo que se refiere al arresto domiciliario, que, podrá ser aplicado a presuntos corruptos o implicados en circunstancias graves.
"Hay un contraste estridente entre lo que la conciencia advierte y lo que la ley impone% declararon ayer Antonio Di Pietro, Percamillo Davigo, Francesco Greco y Gherardo Colombo, los cuatro magistrados de Manos Limpias, en la conferencia de prensa donde anunciaron su intención de dimitir, tras examinar el contenido del decreto aprobado la víspera por el Gobierno.
"En atención a la ley, hemos pedido ya al juez instructor que sustituya por arresto domiciliario todas las medidas de prisión preventiva decretadas en relación con personas detenidas en el ámbito de la investigación llamada Manos Limpias. No obstante, cuando, por evidentes disparidades de tratamiento, la ley contrasta con los sentimientos de justicia y equidad, resulta muy difícil realizar el propio deber sin sentirse instrumento de la injusticia", añaden los magistrados.
Exceso de eficacia
Saverio Borrelli, el jefe de los fiscales milaneses, ya había criticado duramente por la mañana el decreto del Gobierno de Berlusconi. "No puede sino suscitar sorpresa el hecho de que el Gobierno y el Ministerio de Justicia hayan tenido entre sus primera preocupaciones, no la de introducir una serie de medidas idóneas para impedir la perpetuación de un sistema de corrupción, sino la de incidir negativamente en los instrumentos de una magistratura que, evidentemente, ha sido considerada demasiado eficaz", dijo Borrelli.
El equipo de Manos Limpias logró, precisamente ayer detener a Alberto Falk y otros importantes empresarios acusados de corrupción en colaboración con las fuerzas de la policía fiscal. En total, fueron 45 los detenidos. Pero la nueva medida surtió efecto y todos ellos pasaron a la situación de arresto domiciliario. El decreto ley del Gobierno será publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado y el Parlamento deberá ratificarlo antes de dos meses.
"Criticar con tonos irredentos al Gobierno cuando éste legisla en materia de justicia penal es un profundo error. Los magistrados hablan con sus actuaciones judiciales y aplican la ley, cuya elaboración corresponde al Gobierno y el Parlamento", respondió a Borrelli el ministro portavoz del Gobierno, Giuliano Ferrara, quien, ante la dimisión de los jueces de Manos Limpias, se limitó a comentar: "Hagan lo que les parezca oportuno".
"De Lorenzo, Pomicino y Craxi tuvieron un sueño, y Berlusconi lo ha relizado. Forza, ladrones", se leía en una pancarta de una manifestación de izquierda que ayer acudió ante la presidencia del Gobierno. El grueso de la oposición, y algunos partidarios del Gobierno, como el ex radical Marco Pannella, unieron sus críticas al decreto gubernamental en foros más autorizados.
En medios próximos al ex líder socialista, Bettino Craxi, que se encuentra en Túnez tras haber sido declarado rebelde por la justicia italiana, se expresó gran satisfacción por la medida.
Se sumaron a la protesta las organizaciones de periodistas, que, aun antes de conocer el texto de la medida, temen las consecuencias para la libertad de información de la anunciada prohibición de publicar los nombres de los afectados por diligencias previas a un proceso penal, antes de que éste haya sido abierto.
Los partidos del actual Gobierno que crecieron sobre la crítica furibunda de dicho sistema, como la Liga Norte y la neofascista Alianza Nacional, tropezaban ayer con claras dificultades para explicar su apoyo al nuevo decreto.
Más de la mitad de los 53.000 encarcelados en Italia están pendientes de juicio.
Otra vez la 'ley del perdón'
Hace poco más de un año, el intento de introducir la llamada ley del perdón, un conjunto de medidas para acelerar los procesos de Manos Limpias que el presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, se negó a aprobar porque resultaban impopulares, hizo que se tambaleara el Gobierno de Giuliano Amato. Hoy, Silvio Berlusconi aborda la misma senda, mientras los italianos se empapan de los mundiales de fútbol y de la propaganda política de lo nuevo. Y Scalfaro firma el decreto."Es una norma liberal y garantista. Los susurros y los gritos de los progresistas eran totalmente descontados", opinó ayer Margherita Boninver, la ex ministra socialista y de una fidelidad a prueba de bombas hacia su antiguo líder, Bettino Craxi, que podrá volver a Italia sin problemas gracias al nuevo decreto.
"La dimisión del grupo de Manos Limpias demuestra que Berlusconi y Biondi [Alfredo, ministro de Justicia] están logrando lo que Craxi no pudo: hacer saltar las investigaciones sobre Tangentópolis", denunció el portavoz del Partido Democrático de la Izquierda en el Senado, Cesare Salvi.
Le replicó Biondi, presente en la sala: "Si algunos magistrados se contraponen a decisiones legislativas del Gobierno, es un problema de su conciencia que no nos concierne".
La proximidad de Berlusconi a los dirigentes de las anteriores legislaturas, su estrecha amistad con Craxi, son datos que volverán a ser aireados por las crónicas periodísticas. Pero el Gobierno ha calculado, sin duda, los riesgos de la reacción ciudadana y del subsiguiente debate parlamentario sobre el decreto que, probablemente, se desarrollará durante el mes de agosto, mientras los italianos se empapan de playa.
Quedarán, con todo, las duras palabras de los magistrados dimisionarios: "Personas contra las que existen pruebas aplastantes de implicación en graves delitos de corrupción no podrán ser asociadas a la cárcel, ni siquiera para evitar que sigan delinquiendo o tramando para impedir que se descubran fechorías precedentes, o incluso para comprar a los hombres a los que habíamos encargado de investigarles".
