El fiscal pide un año de cárcel para el ex ministro socialista De Michelis
El fiscal Paolo lelo, de la Audiencia de Milán, pidió ayer la condena a un año de cárcel del ex ministro socialista italiano de Asuntos Exteriores Gianni de Michelis por un presunto delito de financiación ilegal de su partido. Se trata de la primera petición fiscal contra el ex líder de los socialistas venecianos, que tiene media docena más de procesos abiertos por cargos como corrupción y apropiación indebida. Otra pena idéntica ha sido pedida para Giorgio Casadei, ex secretario de De Michelis.El primer caso que quedará visto para sentencia se refiere al pago de cerca de 20 millones de pesetas a colaboradores de De Michelis por parte de una empresa que no mantenía ninguna relación laboral con ellos. El fiscal ha concluido que los supuestos trabajos de consultoría realizados por los colaboradores del ex ministro no eran más que un subterfugio para encubrir pagos ilegales realizados en favor de éste.
De Michelis, que tiene pendientes responsabilidades mayores que ésta, sobre todo en el caso del desvío de fondos dedicados teóricamente por el departamento que dirigió a las ayudas al Tercer Mundo, ha mantenido una actitud de colaboración con la justicia.
Bettino Craxi, el ex jefe político de De Michelis, se mantiene, en cambio, fuera del alcance de los jueces, en su residencia de Hamameth, en Túnez, desde donde este fin de semana debutará como articulista de Panorama, la revista de su amigo Silvio Berlusconi, con un relato firmado como Edmondo Danté -el conde de Montecristo, que contiene fuertes ataques a los magistrados italianos.
La "caza" de Craxi
Craxi se interroga en él escrito por las "relaciones especiales, informales, entre los magistrados y núcleos de los aparatos del Estado", para concluir que "una mano invisible" dirige una "caza" contra su persona que, vaticina, podría tener "un final sorpresa y agradable".
El fiscal jefe de la Audiencia de Milán, Saverio Borrelli, en relación con las noticias de que el Gobierno de Berlusconi prepara una solución política para el problema de Tangentópolis, ha declarado a la revista L'Espresso que es partidario de que las penas puedan ser pactadas -entre el fiscal y el acusado- "sin límites", ya que es preciso "hacer más rápida y eficaz toda la justicia penal para evitar el riesgo de que gran parte de los delitos prescriban".
