El Supremo exculpa a cuatro empleados que delinquieron por obedecer a sus jefes
El Tribunal Supremo estima que un empleado puede ser exculpado de un delito de falsificación en documentos oficiales cuando lo hace por obediencia a su jefe y ante el temor a represalias. Este argumento es recogido en una sentencia hecha pública ayer, en la que el Supremo confirma la condena de tres años de prisión y más de 500 millones de responsabilidad civil a Vicente Iborra Martínez y Francisco Casañ Monfort, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamiento (SAVE) y director gerente, respectivamente.
La falsificación de los documentos era efectuada por cuatro empleados de la empresa que trabajaban en una oficina secreta y bajo la dirección de los dos condenados. Según una sentencia de la Audiencia de Valencia de 1990, ambos eran responsables de dar órdenes para que se hiciera constar en los documentos oficiales una recaudación menor a la obtenida en los distintos aparcamientos gestionados por SAVE.
El Supremo confirma la absolución de los trabajadores, pues, "aun suponiendo que el acto ordenado tenga clara apariencia de ilicitud y resulte así antijurídico, puede no considerarse culpable si el empleado se ve, caso de insumisión, en riesgo de represalia que puede privarle del empleo".
