Justicia política y transición
La autora mantiene que en el cambio experimentado por los países ex-comunistas de la Europa del Este predomina el ajuste de cuentas con el pasado sobre el principio de la reconciliación y del borrón y cuenta nueva. ¿Se trata de un error político de los nuevos dirigentes? Hay alguna razón de peso en esa actitud?
Uno de los aspectos más aleccionadores de nuestra transición a la democracia fue el logro de un clima político que excluía la venganza. El recuerdo de la guerra civil y de la represión franquista fue voluntariamente censurado por los grupos y personas que podían haber reclamado un reconocimiento social de su papel de víctimas y héroes. De igual forma, la nueva democracia perdonó, implícitamente, a los responsables y ejecutores de la política franquista, incluyendo, a los directamente ocupados en la represión policiaca o judicial. En España no hubo purgas, limpiezas ni expedientes masivos entre los funcionarios estatales, y ello permitió una transición pacífica que, de otro modo, habría sido muy difícil.Cuando los políticos, juristas y politólogos españoles describen, para terceros países en transición a la democracia, las claves del éxito de nuestro cambio político, esta capacidad de hacer borrón y cuenta nueva aparece siempre en primer plano. Algunos países han tomado nota y están aplicando recetas semejantes, como Chile. Sin embargo, en la Europa del Este, el camino elegido es el contrario y el ajuste de cuentas con el pasado parece la tarea prioritaria de las nuevas élites políticas.
Abusos anteriores
En Polonia, Checoslovaquia y Hungría, los tres países ex socialistas más avanzados en su transición a la democracia, se suceden los intentos de practicar alguna forma de justicia política que castigue a los responsables de los abusos del régimen anterior. Ya sea prohibiendo a todos los antiguos comunistas de cierto nivel participar en cualquier cargo público o promoviendo acciones judiciales contra ellos, una ola de ajusticiamiento parece recorrer los Parlamentos de las nuevas democracias.
¿Se trata de un error político de los nuevos dirigentes o hay alguna razón de peso en esta actitud? ¿Por qué parece tan difícil aplicar allí la solución española?
En primer lugar, conviene resaltar algunas coincidencias que resultan paradójicas:, las propuestas más radicales de realizar una justicia política han nacido en el país, de estos tres, en que fue menor la posición a la dictadura socialista en la década pasada.
En Checoslovaquia, el régimen de Husak sobrevivió hasta 1989 sin oposición interna efectiva, excluyendo a los intelectuales agrupados en tomo a Carta 77, socialmente. aislados y sin incidencia política relevante. En este país, cuya transición parece deberse más a la presión exterior el -efecto dominó-, la nueva élite política, ha sido la primera en aprobar una ley que criminaliza a todos los dirigentes comunistas del pasado por el hecho de serlo, al margen de sus implicaciones personales en actividades delictivas.
Se puede, argumentar que el recuerdo de la Primavera de Praga, de 1968, y de la represión que le siguió está muy cercano, mucho mas, que el recuerdo de la guerra civil española en nuestra transición a la democracia, lo que haría más vivo el deseo de venganza, pero, de hecho, la ley que ha aprobado el Parlamento de Checoslovaquia penaliza igualmente a los héroes de aque lla Primavera, como Dubcek. A fin de Cuentas, aquél pretendía ser un experimento socialista.
Precisamente, los intelectuales, como Hável, que formaron esa oposición testimonial al régimen anterior se oponen ahora a este intento de justicia política, mientras que gran parte de la nueva clase política, formada por individuos antes políticamente amorfos, clama venganza.
Lo mismo ocurre en Hungría, donde las iniciativas de ajuste de cúentas con los antiguos dirigentes del PSOE provienen de grupos y personas que no participaron en la oposición al kadarismo y que se incorporaron a la vida política cuando el régimen ya se había liberalizado en extremo. Allí, igualmente, el presidente de la república, Arpád Göncz, procedente del grupo que recogía la oposición intelectual de la decada pasada, mucho más influyente que la checoslovaca, se está oponiendo a los intentos del Gobierno y la mayoría parlamentaria -antes política mente inactiva- de iniciar procesos judiciales contra los anteriores dirigentes.
Descomunización
Por último, en Polonia, no han sido los miembros del sindicato Solidaridad, que fue la única oposición de masas a la dictadura, los que iniciaron el clamor por la descomunistización, sino la derecha, que estuvo refugiada en el pasado en partidos fantasmas junto al POUP, contribuyendo así a fingir un pluralismo inexistente.
Una segunda coincidencia llamativa proviene del hecho de que las propuestas de penalizar a los antiguos socialistas-comunistas aparecen en un momento en que las tres nuevas democracias se enfrentan a problemas graves de apatía política, abstención electoral y descrédito, de las instituciones sin que, por otra parte, sea probable un retorno al poder de los antiguos comunistas.
Por último, los tres países se enfrentan a una permanente agudización de la crisis económica, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida de su población. Es una crisis heredada, pero los nuevos Gobiernos no tienen una respuesta clara, sencilla y electoralmente rentable a esta insatisfacción. Por el contrario, las nuevas élites políticas necesitan, liara sobrevivir, mostrar a sus conciudadanos su inocencia en esta quiebra, y para ello nada más útil que culpabilizar y penalizar a otros.
Podría pensarse que el pueblo pide sangre, alguna forma de castigo público a los dirigentes comunistas que sirviera, al menos simbólicamente, para considerar que los culpables de las humillaciones del pasado no quedaban amnistiados.
Sin embargo, la realidad es que esa demanda popular no existe, como prueban las encuestas de opinión realizadas en estos países. Los partidos políticos son los gérmenes y únicos responsables de esta actitud.
En defimitiva, todo parece indicar que estas propuestas de limpieza y justicia política están relacionadas, en primer lugar, con la necesidad de los nuevos gobernantes de demostrar su discontinuidad con el pasado, necesidad tanto mayor cuanto menor fuera su protagonismo en la oposición a la dictadura.
En segundo lugar, la estigmatización de los comunistas es un intento de lanzar balones fuera, intentando la movilización política contra un enemigo débil y frente al cual la nueva clase política resulta embellecida. Y en tercer lugar, se trata de distraer la atención fuera del problema crucial, que es la impotencia de los nuevos gobernantes para dar satisfacción a las aspiraciones materiales y políticas de su población.
Nadie puede culparles por lo rimero, dadas las enormes dificultades objetivas de la crisis económica que les ha tocado vivir, pero sí por su incapacidad para sustituir el orden socialista por un orden democrático que sea realmente eso, en lugar de la imagen de caos y jaula de grillos que arroja la vida política actual en los tres países.
Desestabilización
Es impensable que estos tres proyectos de justicia política puedan llevarse a cabo -en el caso de que los tribunales constitucionales respectivos lo permitan, cosa bastante dudosa- sin convertirse de inmediato en una fuente de desestabilización peligrosa.
Uno de sus primeros resultados podría ser el renacimiento electoral. de los partidos herederos de los antiguos comunistas, cuyos miembros aparecerán convertidos en víctimas y mártires de esta actitud irracional.
Por otro lado, resulta imposible, sin inculpar a todo el país, delimitar responsabilidades en un sistema que exigía a todos sus miembros muestras activas de adherencia, especialmente a todos los profesionales, técnicos o intelectuales, por lo que estas medidas pueden alimentar un estado de crispación social y un ambiente de delación y chantaje que no casa con la pacificación que exige una consolidación democrática.
es profesora ayudante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
