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Tribuna
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Un enorme disparate

El acuerdo entre el diputado general de Guipúzcoa y la Coordinadora Lurraldea en torno a la modificación del trazado de la Autovía de Leizarán ha provocado una importante y, por otro lado, lógica convulsión social. Vaya por delante que tal acuerdo constituye, en mi opinión, un grave error que es preciso rectificar a la mayor brevedad, tratando de paliar en la medida de lo posible alguna de sus consecuencias ya inevitables.Considero que en este conflicto entran en juego, cuando menos, tres grandes valores, a saber: la ecología, la pacificación de Euskadi y la credibilidad del propio sistema democrático. Veamos cómo afecta el principio de acuerdo adoptado a cada uno de ellos.

Desde el punto de vista ecológico, la Diputación barajó en su momento varias alternativas de trazado. Previo rechazo de otras varias, la elección quedó reducida a dos de ellas conocidas técnicamente como A-4 y A-2. Tras diversos estudios, optó por la A-2, por considerar que la A-4 provocaba un mayor impacto medioambiental. El acuerdo ahora adoptado entre el diputado general y Lurraldea consiste en abandonar el trazado menos dañino en opinión de la Diputación, y sustituirlo por el A-4, de mayor impacto medioambiental. Los diversos movimientos ecologistas han mantenido una actitud de rechazo frontal a todas y cada una de las alternativas oficialmente barajadas por la Diputación, por considerar que todas ellas provocaban un impacto medioambiental grave. Ninguno de estos movimientos ha defendido en ningún momento la alternativa A-4, ni tampoco ha cuestionado las afirmaciones de la Diputación en el sentido de considerarla ecológicamente más perjudicial. Así, pues, desde el punto de vista estrictamente ecológico, el trazado ahora acordado resulta peor que el oficialmente previsto.

El segundo argumento esgrimido en favor del acuerdo consiste en considerarlo como un importante paso en favor de la pacificación de Euskadi. Aquí cabe resaltar dos aspectos, uno formal y otro de fondo. Todos los partidos democráticos vascos vienen manteniendo desde hace tiempo una estrategia común y unitaria en torno a la pacificación, reflejada en el Pacto de Ajuria Enea. Admitamos la probabilidad de que la estrategia seguida hasta ahora fuera incorrecta. Desde el punto de vista formal, un mínimo de lealtad democrática exige que, antes de adoptar una decisión antagónica, tanto con la letra como con el espíritu del Pacto de Ajuria Enea, el diputado general, o el partido que representa, hubiera consultado y obtenido el consenso de todos y cada uno de los partidos componentes del Pacto. Ahora bien, entrando en el fondo, ¿es más adecuada la estrategia adoptada por el diputado general que la mantenida hasta ahora por las fuerzas democráticas? Dicho de otro modo, ¿supone realmente el acuerdo que nos ocupa un paso en favor de la pacificación? Creo que la respuesta es negativa.

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Existe un consenso generalizado, corroborado por datos reales, en considerar que ETA está atravesando uno de los peores momentos de su historia. De las dos vías posibles para su desaparición definitiva: la aniquilación, o el acuerdo / negociación, me parece mucho más adecuada la segunda por considerar que puede permitir una pacificación más real y auténtica. Ahora bien, ETA puede ser legitimada como sujeto de la negociación, únicamente si al mismo tiempo es objeto de la misma. Dicho de otro modo: la negociación sólo es válida y oportuna en la medida en que vaya dirigida a la desaparición de ETA.

Pues bien, el acuerdo entre el diputado general y Lurraldea es un ejemplo evidente de lo que no debe ser una negociación, y ello por varios motivos:

1. Legitima a ETA como sujeto (en este caso, a través de Lurraldea y HB) y no como simple objeto de negociación.

2. Le otorga el carácter de interlocutor en paridad, cuando no en detrimento, de las instituciones democráticas.

3. Cede ante objetivos políticos no referidos a la situación de la propia ETA.

4. Otorga con ello un espaldarazo oficial a la razón de ser de ETA, en cuanto instrumento de consecución de Fines políticos, al margen y en contra del propio sistema democrático. Por todo ello considero que este acuerdo no sólo no favorece la pacificación, sino más bien es un obstáculo para ella, al reforzar y legitimar la presión de ETA. Valga como botón de muestra la premura con la que Lurraldea ha exigido a continuación el cambio de trazado en Navarra.

Quisiera realizar una última y breve, pero no por ello menos importante, reflexión que se refiere no tanto al contenido y consecuencias del acuerdo que nos ocupa, sino, sobre todo, al aspecto formal de comportamiento, de actitud, de estilo en la actuación del diputado general de Guipúzcoa, o en su caso del PNV, en todo este asunto. Un estilo que por ser desgraciadamente generalizable al conjunto de los partidos vascos y españoles en general, afecta de modo directo a la propia credibilidad de nuestro sistema democrático.

En un sistema democrático como el nuestro, los representantes elegidos por los ciudadanos son titulares de un mandato representativo, y por tanto deben tener una amplia capacidad de maniobra para negociar, pactar, consensuar, e incluso cambiar de opinión, en búsqueda del interés general. Pero es preciso no confundir tal mandato con el derecho de hacer de su capa (en este caso, la capa de todos los ciudadanos) un sayo. Hemos sido testigos estos últimos meses de insólitos acuerdos y pactos de gobierno en los que, eludiendo programas, ideologías, objetivos, etcétera, ha actuado como única herramienta la suma de votos y escaños, y como único fin la consecución del poder a cualquier precio. Se da así una situación kafkiana en la e que una misma persona gobierna por la mañana en Vitoria, se opone por la tarde en San Sebastián y se abstiene por la noche en Bilbao, manifestando siempre que su oposición no impedirá que siga gobernando, o que su participación gubernativa no impedirá que siga oponiéndose, con lo que parece que, a falta de resolver el Problema de la violencia, sí hemos logrado la cuadratura del círculo. Diagnóstico perfectamente aplicable, por otra parte, al conjunto de la vida política española.

El hecho es sumamente grave, ya que de aquellos polvos nos llegan ahora estos Iodos. Eli Galdos, o el PNV en su caso, nunca podrían imaginarse que lo el que para ellos era una "operación perfecta, y sobre todo muy rentable", se haya convertido, por mor de los designios insoncables de la democracia en una sonora bofetada política. Cualquier día puede ocurrir lo mismo en cualquier otro partido político. Son los riesgos de actuar en democracia al margen, cuando no en contra, de los sentimientos, creencias y convicciones de los ciudadanos.

Gurutz Jáuregui es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco .

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