¡Ya es hora!

Hemos recorrido un largo camino, lleno de obstáculos y dificultades, arrancando experiencias representativas y participativas concretas -cual es el caso de los ayuntamientos, la sanidad, la Seguridad Social y Correos-, pero hasta ahora no habíamos conseguido ni generalizar las elecciones ni dotarnos de un mínimo marco normativo que estableciera las reglas del juego de las relaciones laborales y sindicales en las administraciones públicas.Al cabo de casi nueve años de que nuestra Constitución reconociera el sindicalismo libre, también en la Administración, después de que el resto de los trabajadores han realizado ya cuatro procesos electorales, incluyendo en dichos procesos a más de 200.000 contratados de las administraciones, transcurridos ya cuatro gobiernos constitucionales, por fin los funcionarios vamos a elegir a nuestros representantes. Para los que llevamos tanto tiempo al pie del cañón sindical, quienes venimos año tras año demandando esa ya vieja reivindicación, es una gran satisfacción haberla alcanzado, aunque aún quede tanto camino y tantas reivindicaciones por conseguir. Porque, al margen de los resultados, estas elecciones significan la superación de una inadmisible injusticia histórica que hemos sufrido los funcionarios. Enhorabuena, pues, a todos.

Pero, sin empañar esa satisfacción, somos perfectamente conscientes de que estas elecciones, al tiempo que son el final de una injusta etapa, tienen que ser una palanca para el desarrollo y profundización de los derechos económicos, profesionales, sociales y sindicales de los funcionarios.

A partir de este momento, si los sindicatos que vamos a resultar más representativos asumimos responsablemente nuestro papel y somos sensibles a las demandas de los funcionarios, tendremos que trabajar firme y unitariamente para desterrar y superar, también, otras injusticias históricas sustantivas que venimos padeciendo.

Porque hay que ser fuertes y decididos para quebrar esa constante pérdida de poder adquisitivo que globalmente se nos impone en cada ley de Presupuestos. Los funcionarios saben, además, que en los últimos años se ha producido el más injusto de los repartos salariales en la función pública española. Mientras una gran mayoría ha visto mermado seriamente su poder adquisitivo, otros, no pocos, curiosamente los situados en los escalones profesionales más elevados, han disfrutado un suculento aumento en sus retribuciones. Y todo ello merced a un sistema retributivo abierto a la discrecionalidad que, combinado con un sistema de promoción profesional injusto en teoría y aún más injustificable en su aplicación práctica, está generando las más altas dosis de irracionalidad, arbitrariedad y clientelismo, palabras que son el pórtico de la desprofesionalidad y la desincentivación de la función pública y cuya consecuencia no puede ser otra que destrozar ese extraordinario y apasionante objetivo que debía haber sido la reforma de las administraciones públicas.

Porque hoy, a estas alturas, nadie se cree, ni los más ilusos ni los más descarados, que esta Administración está llevando a cabo un proceso de reforma en positivo. Ni los que trabajamos en la Administración ni los propios ciudadanos, que, al fin y al cabo, son los que democráticamente vienen dando su apoyo al partido del Gobierno, para, entre otras cosas, construir una Administración pública moderna, eficaz, con un rostro humano cercano al ciudadano y a su servicio, motor del desarrollo económico y social, redistribuidora de la riqueza nacional.

Ya es hora, también, de que de una vez por todas esa gastada palabra que es la reforma de la Administración se acometa con rigor y profundidad. De que se abra en este país un amplio debate sobre su contenido y requisitos reales. De que este Gobierno destierre el orgullo malsano y la frivolidad y que, al igual que ha ocurrido en otros países con mucha mejor posición que el nuestro, se acometa como una cuestión de Estado, abriendo la participación en ese debate a las fuerzas políticas, sindicales y ciudadanas. Desde 1982 hasta hoy se ha desaprovechado una ocasión histórica. No podemos tolerar un nuevo fracaso y decepción.

El hecho sindical

Por ello, nuestro sindicato planteó, desde el principio, la necesidad lógica y el derecho sindical de que las elecciones se hubieran realizado antes de iniciar el proceso de reforma legal en la función pública. Parece de sentido común, creo yo, que, reconocido el hecho sindical en nuestro país como un instrumento constitucional básico para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, dicho proceso se hubiera llevado a cabo con la participación de los sindicatos más representativos electos. No fue así, como bien se sabe, pero tiene que ser así. Por eso nuestro sindicato sigue manteniendo como uno de sus ejes reivindicativos la negociación del Estatuto de la Función Pública, cuyo mal remedo es hoy esa fracasada ley de Medidas para la Reforma que al cabo de tan sólo tres años de vigencia ha demostrado su más rotundo fracaso.

Y hay que ser fuertes, decididos y unitarios para conquistar el derecho a la negociación colectiva, otra de las asignaturas pendientes de nuestra democracia que, a pesar de los compromisos y promesas en 1982, también ha suspendido este Gobierno. Porque, como bien se sabe, la nueva legislación limita gravemente este derecho, y mantiene con las más torpes argumentaciones robadas a la derecha de toda la vida esa negativa que supone situar a los funcionarios como servidores y ciudadanos de segunda.

Por eso este año, de nuevo, nuestro sindicato ha vuelto a convocar a los funcionarios a expresar su protesta y su disconformidad con el actual estado de cosas. Hasta este año lo hemos hecho en solitario. Otros sindicatos, o bien han mantenido escandalosos silencios cómplices, o bien se han alineado sin rubor con las iniciativas o decisiones del Gobierno.

Nuestras reivindicaciones son las de ayer y serán las de mañana hasta conseguirlo. Nuestro sindicalismo se entronca con las señas de identidad del movimiento sindical, con el resto de los trabajadores, porque nosotros también lo somos, y queremos reconciliar al ciudadano con el trabajador de la Administración, que analice con nosotros y entienda que esta desastrosa Administración no es la que queremos los funcionarios, que queremos una Administración eficaz y profesionalizada en la que nos encontremos retribuidos de acuerdo con el trabajo realmente desarrollado y ocupemos los puestos sin otra consideración que nuestra capacidad para desarrollarlo.

Y vamos a trabajar decididamente comprometidos, para evitar que se desarrolle en la Administración un sindicalismo amarillo, seudoindependiente, entreguista y burocratizado, cual diseña la ley de Representación. Porque no entendemos sino el sindicalismo de la participación de todos, del compromiso democrático, de las decisiones colectivas, el sindicalismo que combina la propuesta, la alternativa y la negociación leal con la presión asumida y defendida por todos. Para nosotros, estas elecciones son un auténtico reto; vamos a contrastar varias versiones de hacer sindicalismo y los funcionarios tienen la palabra. No se trata tanto de una confrontación de sindicatos, sino, fundamentalmente, de contrastar prácticas y modelo sindicales. De que decidan o no mantenerse al margen del resto de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, de que apuesten o no por ser protagonistas activos y organizados de la conquista, defensa y desarrollo de sus intereses.

Como dice nuestro actual presidente, Marcelino Camacho, y hemos aprobado en nuestro reciente IV Congreso Confederal, también para los funcionarios comienza a ser la era del optimismo, la hora del dinamismo, de darle cuerda, entre todos, a ese reloj parado que hoy son nuestros derechos. ¡Ya es hora!

es secretario general de la Federación de la Administración Pública de CC OO en nombre de las Federaciones de Sanidad, Enseñanza y Correos y Telecomunicaciones de CC OO.