Cinco guardias civiles, juzgados en la cárcel de Herrera por malos tratos
Cinco guardias civiles fueron juzgados ayer en la cárcel de máxima seguridad de Herrera de la Mancha bajo la acusación de malos tratos en este centro, hechos denunciados por el preso, miembro de ETA, Mikel Sarasketa. El juicio se celebró en la prisión al considerar la juez Begoña Fernández que podía producirse una alteración del orden público si se desarrollaba en la sede del juzgado.
Según la denuncia, el sargento José López Martín, el cabo Julián Blanco Nuñez, y los números Francisco Morcillo, Félix Aguirre y Antonio Agüi, golpearon con la porra eléctrica y con la defensa de madera al interno Mikel Sarasketa, al no querer desnudarse para un cacheo, y le produjeron lesiones que tardaron siete días en curar. Sarasketa criticó en la vista oral "la falta de libertades en un juicio que se celebra en la misma prisión y al que no se permite la entrada más que a funcionarios y miembros de la Guardia Civil".La acusación particular solicitó penas de entre 15 y 30 días de arresto menor, y el fiscal y la defensa pidieron la libre absolución.
Prestaron declaración como testigos cinco reclusos, uno de los cuales, Jesús Orbegain, respondió en euskera a las preguntas de la juez Begoña Fernández, y solicitó un traductor, lo que fue denegado.
El ministerio fiscal afirmó en sus conclusiones definitivas que Sarasketa se había opuesto radicalmente al cacheo reglamentario, y que fue necesario utilizar por tanto medios coercitivos para lograrlo. Señaló después que el comportamiento del preso durante el juicio podía corresponder al de un psicópata. La acusación particular criticó lo que considera violación sistemática de los derechos humanos en Herrera de la Mancha, "reconocida nacional e internacionalmente", y calificó al centro penitenciario de "modelo de aniquilamiento de presos". La acusación particular ve los hechos como una falta de malos tratos, por el artículo 582 del Código Penal, con las agravantes de alevosía, ensañamiento, abuso de superioridad y actuación en grupo.
Carlos Calatayud, defensor de procesados, afirmó: "Esto se debe a una premeditada campaña de denuncias de la que me alegro si vale para que cuando un funcionario cometa un delito caiga sobre él el peso de la ley". Agregó que la presunción de inocencia debe aplicarse también a los miembros de las fuerzas de seguridad, y expuso que la Constitución se ha incumplido contra los guardias civiles, que se han sentado en el banquillo sin conocer con exactitud los cargos contra ellos.
