La justicia chilena acusa a 14 policías del secuestro y muerte de tres comunistas
Un juez civil chileno acusó a 14 carabineros, incluidos siete altos oficiales, de participar en el secuestro y posterior degollamiento de tres miembros del proscrito Partido Comunista de Chile (PCCh) hace cuatro meses. El Gobierno militar del presidente Augusto Pinochet, en medio de una aguda polémica interna sobre cómo afrontar el caso, ha admitido la evidencia proporcionada por el juez y ha dispuesto el arresto de los policías. Otros altos oficiales, el segundo y el tercero en la jerarquía del cuerpo, han debido renunciar a sus cargos.
En las inmediaciones del palacio de La Moneda se produjeron ayer violentos enfrentamientos entre manifestantes que protestaban por los asesinatos y miembros de la policía, informó France Presse. Al menos veinte personas fueron detenidas, entre ellas el antiguo diputado de la Democracia Cristiana Claudio Huepe. Otras tres personas resultaron heridas a causa de la intervención policial. Después de los incidentes, Roberto Seguel, presidente del Comando Nacional de Trabajadores (CNT), anunció que reunirá próximamente a 1200 representantes sindicales con el fin de organizar unajornada de protesta contra el triple crimen.El juez especial designado para el caso -que ha estremecido a la población chilena-, José Cánovas, dispuso la detención y procesamiento de dos carabineros y dijo tener "presunciones fandadas" sobre la participación de otros 12 en el asesinato, al tiempo que se declaró incompetente, formulismo legal que obliga a un juez a entregar a la justicia militar los casos en los que existe suficiente evidencia de participación de uniformados.
Conocida la decisión de Cánovas, que investigó el caso durante cuatro meses, el general Augusto Pinochet se reunió de urgencia con sus principales ministros y jefes del cuerpo de seguridad, incluyendo al jefe de los carabineros y miembro de la Junta de Gobierno, general César Mendoza, en el palacio de La Moneda. Tras dos horas de deliberaciones, el portavoz gubernamental, Francisco Cuadra, anunció la decisión de dar de baja y arrestar a los 14 carabineros involucrados. El subdirector de Carabineros, general Rodolfo Stange, y el tercer hombre del cuerpo, general Carlos Donoso, presentaron sus renuncias.
El caso ha pasado ahora a manos de la fiscalía militar, cuyo titular, el capitán Enrique Olivares, deberá proseguir el caso. Grupos de oposición a la dictadura chilena convocaron a una marcha por el centro de Santiago para exigir el castigo de los culpables y pedir que sean procesados por la justicia cilvil.
Los arrestados son el jefe de la dirección de Información y Comunicaciones de Carabineros (el aparato de espionaje de la policía), coronel Luis Fontaine, junto a un mayor, un capitán, un sargento y un cabo de esa dirección; el jefe del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, teniente coronel Iván González; el subjefe, coronel Julio Michea junto a tres cabos de ese grupo, más un teniente del departamento de Fuerzas Especiales de la institucion policial.
Los tres comunistas que fueron secuestrados y asesinados mediante degollamiento en la noche del 29 al 30 de marzo pasado eran el sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad chilena José Manuel Parada, el profesor y dirigente de la agrupación de maestros Manuel Guerrero y el dibujante y publicista Santiago Natinno. Este último fue secuestrado en la calle, mientras que Parada y Guerrero fueron introducidos en un auto en una espectacular operación frente al Colegio Latinoamericano de Integración, una escuela privada en la que trabajaba Guerrero.
En la operación, según constató el juez Cánovas, participó incluso un helicóptero policía que sobrevoló la zona mientras otros policías de civil cortaron el tránsito. Un profesor que intentó ayudar a los secuestrados fue tiroteado por el comando, que huyó en coches sin matrícula. El juez afirmó en su informe que las armas usadas en la ocasión son del tipo empleado por la policía.
Los tres secuestrados fueron hallados al día siguiente, con sus cuellos cercenados y sus cuerpos acuchillados, en un camino apartado cerca del aeropuerto de Santiago. Familiares de los degollados culparon de inmediato al Gobierno de los crímenes.
