La heroína ha provocado 70 muertes en Madrid durante 1984, según el fiscal especial antidroga
Unos 30.000 toxicómanos hay en el área metropolitana de Madrid, según un informe presentado por las Juventudes Comunistas (JJCC) en las Jornadas de Seguridad Ciudadana, que, organizadas por los concejales del PCE en el ayuntamiento de la capital, concluyeron ayer. Los participantes en las jornadas alentaron al fiscal especial contra la droga, José Jiménez Villarejo, presente en las mismas, a actuar "duro y a la cabeza" contra los grandes traficantes de heroína. Jiménez Villarejo declaró a este periódico que, según estimaciones de la Brigada Central de Estupefacientes, los fallecidos en Madrid durante 1984 como consecuencia del tráfico y consumo de heroína pueden ser unos 70.
A los 24 muertos por sobredosis de los que se tiene constancia oficial hay que añadir, según el fiscal, los suicidios, las muertes en ajustes de cuentas y los fallecimientos por enfermedades derivadas del consumo de droga dura. Según el fiscal, "la criminalización de esta toxicomanía la ha convertido en una enfermedad vergonzante, y muchos adictos y familiares de adictos tienden a ocultarla". Jiménez Villarejo afirmó carecer de datos concretos acerca del número de drogadictos existentes en Madrid, aunque señaló que la cifra facilitada por las Juventudes Comunistas le parece demasiado elevada.En las Jornadas de Seguridad Ciudadana, que se han desarrollado el lunes y el martes pasados en el colegio Nuestra Señora de la Paloma, han participado un centenar de abogados, policías y representantes de las asociaciones de vecinos de Madrid, que no han escatimado críticas a la política de orden público del Gobierno socialista.
Según José Díaz, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, "la política gubernamental es regresiva e inoperante, porque se reduce a la persecución de los infractores del Código Penal y olvida el tratamiento de los factores generadores de inseguridad ciudadana".
Suficiente policía
La ineficacia de los aparatos policial y judicial ha tenido destacada influencia en el incremento de los delitos registrado en Madrid en el último año, según una de las conclusiones de estas Jornadas de Seguridad Ciudadana. Como causas estructurales de la delincuencia en Madrid se citaron la existencia de 155.000 jóvenes desempleados de edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, el déficit de servicios deportivos, educativos y culturales en los barrios periféricos, la crisis de valores sociales y, consecuencia de todo ello y de la existencia de organizaciones mafiosas dedicadas al tráfico de droga, el consumo de heroína.Los participantes en estos encuentros coincidieron en señalar que en la capital de España existe un número suficiente de hombres dedicados a velar por la seguridad ciudadana, pero señalaron que "estas importantes fuerzas están mal organizadas y dirigidas". Al respecto se recordaron los permanentes conflictos entre la Guardia Civil, el Cuerpo Superior de Policía, la Policía Nacional y la Policía Municipal. Un representante de la asociación de vecinos del barrio del Pilar lamentó que la única ocasión en que esos cuatro cuerpos actuaron coordinadamente fue en el peinado de esa barriada madrileña en abril de 1983.
Como alternativas a esta situación, los participantes propusieron la inmediata creación de un cuerpo de policía gubernativa único y de manifiesto carácter civil, que agrupe al Cuerpo Superior de Policía y a la Policía Nacional; la exclusiva dedicación de la Guardia Civil a tareas de vigilancia en fronteras, aduanas y zonas rurales, y el decidido empleo de la Policía Municipal en tareas preventivas, con la definitiva consolidación de la llamada policía de barrio.
Algunos participantes en las jornadas manifestaron que los errores cometidos en los últimos meses por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que acusó de homicidio a varios jóvenes cuya inocencia se demostró posteriormente, fueron causados por la falta de adaptación de algunos inspectores y comisarios de policía a las necesidades de una sociedad democrática.
Se recordó que el principio constitucional de que todos los ciudadanos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario exige a los investigadores de los delitos la aportación ante la autoridad judicial de sólidas pruebas materiales de la culpabilidad de los detenidos. Como consecuencia, otro de los acuerdos de las jornadas ha sido exigir "la creación real de una policía judicial que permita a los órganos jurisdiccionales la investigación directa de los hechos delictivos".
Los representantes vecinales insistieron particularmente en la inmediata regulación del jurado, "como forma de participación directa de los ciudadanos en la Administración de justicia". Asimismo criticaron "las redadas policiales indiscriminadas contra los jóvenes de los barrios deprimidos". La posible relación de las campañas de denuncia de la inseguridad ciudadana con los objetivos políticos de la derecha y con los intereses de las empresas privadas de seguridad fue puesta de manifiesto por las asociaciones de vecinos, que, por otra parte, manifestaron su aprobación a la concesión de subsidio de desempleo a los excarcelados.
