El tercer cesto de la CSCE: los derechos humanos
El 25 de noviembre empezó la verdadera negociación de la CSCE a nivel de comisiones. La tercera de ellas -«el tercer cesto»- no es ciertamente el capítulo más importante del acta final de la CSCE, en la que los principios y los temas, militares tienen carácter primordial. Sin embargo, ha pasado a ser la que mejor caracteriza el espíritu de Helsinki realanzando una materia -los derechos humanos- que languidecía a la búsqueda de un foro que le diera un enfoque político y universal.Hasta 1972 el tema de los derechos humanos se vio reducido a las vagas declaraciones de asociaciones filantrópicas o como mucho a disquisiciones humanitarias en Naciones Unidas que propiciaron la declaración de 1948. Por su propia dinámica, el enfoque que la ONU dio a la cuestión estaba abocado- a la inocuidad, al concentrar sus críticas en las violaciones operadas en las dictaduras de derechas, casi todas ellas hispanoamericanas, la organización dejaba intocada la mayor parte del mundo: los países industrializados parecían demasiado para ser objeto de recriminaciones; a la vez, los subdesarrollados eran demasiado poco y bastante tenían con asegurar a sus ciudadanos la superviviencia más elemental.
Los derechos humanos no se encuentran ligados a la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa desde el arranque mismo del proceso. En las décadas de los cincuenta y sesenta los países del Este hacen sus primeros llamamientos para una conferencia paneuropea, sus temarios sólo incluyen cuestiones de Seguridad y Cooperación económica y científica; este enfoque explica la nula reacción occidental a los comunicados socialistas. Es sólo a partir de 1970 cuando Occidente da una primera respuesta al Este, aunque poniendo la condición de que la negociación que debería empezar tenía que incluir un capítulo que permitiera la creación de un orden europeo más libre.
No se trataba, por tanto, de configurar el continente con los principios inspiradores de las democracías liberales, sino de aceptar el reto ofreciendo una influencia de doble corriente. Si capitalismo y comunismo han conocido en terreno económico una provechosa osmosis -buenas muestras de ello son la descentralización agraria en el Este y la creación de empresas estatales en Occidente- también en materia de derechos humanos cada bloque tenía un modelo que ofrecer: las libertades de expresión, de reunión de conciencia, de información propias de Occidente frente a los derechos económicos y sociales propios de las democracias populares: derecho al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad de razas y sexos, ideas, por lo demás, recogidas en todos los textos constitucionales del Oeste.
Desde el comienzo de los preparativos de Helsinki, el tema se situó en el centro mismo de preocupaciones, convirtiéndose en eje de polémicas durante la etapa ginebrina y en quintaesencia de la Conferencia toda de la que ha venido a ser patente de calidad.
Que las familias separadas como consecuencia de las guerras pudier an visitarse o reunirse definitivamente; que los ciudadanos de un país pudieran viajar por razones profesionales o personales sin obstáculos oficiales; que se símplificaran los trámites para que pudieran contraer matrimonio nacionales de distintos Estados; que se agilizaran los intercambies culturales, artísticos y educativos, aumentando las posibilidades de recepción de datos informativcs (radio, Prensa, televisión) facilitando a la vez la labor de los periodistas en el territorio de los países signatarios del Acta. Y que nadie viera recortadas sus facultades cívicas por el hecho de pensar, expresarse, creer o reunirse cómo y con quien lo deseara-. He ahí el breve temario de los derechos humanos en Acta de Helsinki cuya aplicación desde la firma del documento de Helsinki en 1975 debe ser objeto de revisión en Madrid y lo fue borrascosamente en Belgrado.
El auge de la disidencia
Pocos dudaban ya en Heisinki que las libertades occidentales iban a ser más dinámicas y agresivas que las socialistas. Lo que estaba aún por ver era el grado de distorsión que su puesta en práctica iba a alcanzar. Y aquel estaba siendo considerable. La disidencia se ha convertido en motivo de inquietud permanente de unos regímenes que eliminan el conflicto como elemento de progreso: en el Este, las candidaturas a la emigración permanente se cuentan por centenares de miles; rebrotan los movimientos de intelectuales concentrados alrededor de documentos de protesta por la inaplicación del Acta: sólo así debe entenderse la Carta 77 checoslovaca o los problemas de un buen número de científicos soviéticos; en el caso de Polonia, es prácticamente todo un pueblo el que pide cambios sustanciales en una democracia teóricamente pensada para su servicio. Todo ello ha introducido un elemento de complejidad que las estructuras socialistas no se encuentran bien preparadas para enfrentar. A nivel de la CSCE, se produce en el Pacto de Varsovia un repliegue tras el parapeto de la soberanía nacional a la par que un intento de revalorización de la propia interpretación de los derechos humanos: nadie es libre sin trabajo y en Occidente convive la opulencia con la existencia del paro masivo; no hay libertad sin igualdad y en el Oeste las desigualdades por razón de raza o sexo son elemento cotidiano.
La transfonnación del viejo continente
Y pese a todo, los derechos humanos están transformando el continente. Las fronteras están ahí, incontestadas. El desarme se ve estudiado en muchos frentes -el universal de Naciones Unidas, el interbloque de la reducción mutua y equilibrada de fuerzas, los acuerdos SALT entre las superpotencias- como para que quepa esperar demasiado de una nueva conferencia europea sobre el tema. Para los países socialistas el gran reto de los años futuros será la incorporación de las libertades de corte liberal a su sistema provisto de un nada despreciable mecanismo de derechos. económicos y sociales, insuficientes, sin embargo, para satisfacer las apetencias de trescientos millones de habitantes procedentes de siete países que se cuentan entre los más industrialízados del globo.
A su vez, la gran duda desde el prisma occidental estará en discernir los medios de los fines: ¿se trata de propiciar, por medio del acta final la mejora de la calidad de vida de la sociedad este-europea o de intentar modificar las estructuras políticas de los Estados? ¿Se intenta con la revisión de la aplicación del acta beneficiar los casos concretos de reunificación familiar, desplazamientos, matrimonios, etcétera, o se pretende por el contrario demostrar que se está haciendo todo lo posible por alcanzar ese beneficio, buscando por el contrario desacreditar los regímenes rivales con lo que el acta se convertiría en instrumento alternativo de lucha ideológica?
La respuesta a estas preguntas dirá si el hombre va a encontrarse desvalido en el complejo cosmos de la política. Aclararán igualmente las posibilidades del aparato CSCE que es difícil pueda funcionar sin chirridos -los que repercutieron días atrás en el Palacio de Congresos de Madrid no eran los primeros- tanto si la operación humanitaria se hace con excesiva brusquedad, como si se silencian las reclamaciones individuales de muchos miles de europeos.
