El Gobierno autoriza a CAMPSA para comprar la participación de la Gulf en Petronor

El Consejo de Ministros autorizó ayer a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA (CAMPSA), a adquirir los paquetes de acciones que las compañías americanas Gulf Oil Corporation y Trasocean Gulf Oil Company poseen actualmente en Refinerías de Petróleos del Norte, SA (Petronor). Esta operación está en la línea de reforzar la posición de España en relación con los países productores de petróleo, ya que la mencionada adquisición tiene por objeto facilitar la cesión a la Compañía de Petróleos Mexicanos (Pemex) de un montante de acciones de Petronor equivalente al actualmente detentado por la Gulf (véase página 37).

Hasta la aprobación de los presupuestos generales del Estado y hasta que se incorporen los ingresos provenientes de la tasa de juego, el Consejo de Ministros aprobó el plan de inversiones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, con un presupuesto inicial de 20.000 millones de pesetas, una parte importante de los cuales (16.000 millones) se emplearán en ayudas a favor de indigentes e incapacitados sin protección, que pasan de 3.000 pesetas a 4.000 pesetas mensuales. Experimentan, pues, un aumento del 33%.El resto del presupuesto del plan se distribuye en los siguientes capítulos: promoción del bienestar infantil y social, 355 millones; ayudas a minusválidos atendidos en centros especializados, trescientos millones; ayudas a favor de ancianos y subnormales incapacitados y desamparados, 252 millones; ayudas a prevención, asistencia, rehabilitación, recuperación, integración y educación especial de subnormales, 1.500 millones, y atención a minusválidos físicos y sensoriales, 1.535 millones de pesetas.

El Consejo aprobó también un real decreto sobre distribución del Fondo Nacional de Cooperación Municipal en el ejercicio de 1979. Establece que las disponibilidades de dicho Fondo se distribuirán entre todos los ayuntamientos de régimen común con los mismos criterios y aplicando la misma normativa que rigió durante 1978 (participación de los ayuntamientos en los impuestos directos). La ampliación de la referencia oficial de lo tratado en el Consejo no alude en ningún momento a la cuantía de las disponibilidades del Fondo.

En relación con el reglamento del impuesto general sobre el tráfico de empresas, se han modificado tres artículos, a fin de ampliar la exacción del impuesto, mediante el sistema de retención, a una serie de supuestos no contemplados hasta ahora por la legislación vigente, como son los arrendamientos y las prestaciones de servicio.

Según señala la propia Secretaría de Estado para la Información, entre las numerosas razones que aconsejaban esta modificación figuran la mayor facilidad y seguridad recaudatorias, el tratamiento más igualitario a los diversos hechos imponibles y la conveniente supresión del régimen de convenios como modalidad de exacción del impuesto general sobre el tráfico de empresas. El procedimiento de retención entrará en vigor el 1 de abril de 1979 y se aplicará a todas las certificaciones, facturas o documentos expedidos como consecuencia de contratos formalizados a partir de esa fecha.

En el Consejo se trató de las inversiones realizadas hasta el momento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ha contraído ya el 70% de las inversiones previstas para 1979. En las previsiones realizadas por dicho departamento figuraba una contratación a final del primer cuatrimestre de unos 43.000 millones de pesetas, con cargo a la anualidad de 1979, sobre un total de los créditos disponibles -hasta tanto se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 1979- de 54.700 millones de pesetas.

La cifra alcanzada a 28 de febrero, según la referencia oficial supone el cumplimiento de los objetivos de contratación de los dos tercios del total establecido por el Gobierno, puesto que las anualidades con cargo a 1979, ya contraídas, ascienden a 38.128 millones de pesetas.

Por un real decreto se fijan las situaciones del personal militar y asimilados de las Fuerzas Armadas, a fin de homogeneizar en lo posible las situaciones del personal militar con los demás funcionarios de la Administración del Estado. Con este real decreto se varía la concepción militar de la situación de «supernumerario», asimilándola a la civil de «excedencia voluntaria», con lo que el personal acogido a esta situación quedará detenido en su escala y empleo y no podrá permanecer en la misma por plazo superior a los cinco años. Sin embargo, la situación de «supernumerario» seguirá vigente para el personal militar con destinos de carácter o de interés militar, dependientes de otros ministerios.

Por último, el Consejo de Ministros aprobó expedientes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por un importe total de 13.853 millones de pesetas y destinados, entre otros, al Instituto Nacional de la Vivienda.