Cantonalismo, autonomía y regionalización de la Universidad
Rector de la Universidad Autónoma de BarcelonaParece abrirse paso la creencia de que las universidades catalanas han puesto en práctica una política cantonalista o localista de corto alcance que no sólo puede resultar lesiva para los intereses de muchos ciudadanos españoles, sino que -según pregonan ciertos esforzados valedores de la institución un¡versitaria- puede abocar a la pérdida de los valores irirnanentes de nuestros centros docentes superiores.
En poco, tiempo, aparte de ciertas alusiones aparecidas en la prensa, nos ha llegado alguna protesta formalcontra el supuesto segun el cual «determinados centros docentes barceloneses han negado o puesto dificultades a la toma de posesión de profesores nombrados legalmente para dichos centros». A pesar de la falsedad de esta afirmación corremos el peligro de que se extienda la creencia de que las universidades catalanas han decidido boicotear a los profesores no catalanes. Sin duda este equívoco se debe a una mala interpretación -quizá, en ocasiones, intencionada- de una actitud de rechazo a los procedimientos habituales de provisión de plazas dotadas de profesorado, actitud adoptada por las respectivas juntas de gobierno de las tres universidades catalanas y aceptada sin dificultades por parte de las autoridades inini.steriales que, por otra parte, han rnanifestado públicamente su disposición a aplicar idéntico trato a cualquier otra universidad que lo solicite.
Esta decisión de congelar la provisión definitiva, mediante concurso u oposición, de determinadas plazas del profesorado, no está fundada evidentemente en razones de procedencia o del idioma del eventual peticionario. Las universidades catalanas se sienten muy honradas en tener en sus filas un número muy considerable de profesores de origen no catalán que, en muchos casos, llevan largos años de fructífera labor. Precisamente como consecuencia de la funcionarización del profesorado ha haIbido, claro está, como en todas las universidades del resto del Estado, caso de profesores que, por ser su objetivo concreto la capital del reino, han pasado como estrellas fugaces por nuestro firmamento provinciano. Pero muchos de los proIesores foráneos incorporados a nuestros centros docentes han arraigado definitivarnente en Cataluña y no han tenido más dificultades que los indígenas para llevar a cabo su tarea o para acceder a puestos de responsabilidad en la estructura universitaria. Señalarnos a título de ejemplo que en la Universidad Autónoma de Barcelona dos de los tres vicerrectores y cuatro de los seis decanos actuales han nacido fuera de Cataluña.
El motivo fundamental del rechazo del actual y peculiar sistema de provisión de plazas reside en que se juzga incompatible con el menor atisbo de autonomía un¡versitaria. Sin entrar ahora en una discusión más profunda del tema del profesorado universitario -y dando por sentadas, como es obvio, la necesidad y la urgencia de la puesta en práctica de un sistema alternativo que garantice la adecuada y objetiva selección de los candidatos- no parece razonable hablar de cantonalismo, en el más peyorativo de los sentidos, al referirse a la actitud adoptada por las universidades catalanas. A no ser que -guardando las oportunas distancias- se aplique, por ejemplo, idéntico epíteto a la Universidad de Oxford o a la de Edimburgo, dado que sus profesores no pertenecen a un cuerpo de funcionarios ni son nombrados a propuesta de tribunales con sede en Londres.
La grave crisis que atraviesa la Universidad española exige, entre otras cosas, el establecimiento de un régimen de autonomía que agilice su funcionamiento. La autonomía, tal como se indicó en la asamblea general de la conferencia permanente de rectores y vicecancilleres de las universidades europeas, constituye una parte esencial de la tradición universitaria y constituye a la vez un derecho y un deber. Ahora bien, una auténtica autonomía presupone, aparte de una consignación económica suficiente y de la posibilidad de distribuir estos recursos de la forma que se crea más racional, la posibilidad de fijar y establecer los planes docentes y de investigación, la de determinar el acceso de los alumnos y, de manera especial, la capacidad de seleccionar y promocionar su propio profesorado. Es obvio, por otra parte, que la Universidad deberá estar sometida al control de la sociedad que en definitiva es quien sustenta a quien la debe utilizar como servicio público que debe ser. Y este control deberá ser llevado a cabo por los representantes democráticamente elegidos de la sociedad a la que la Universidad debe servir.
No hay que confundir, por otra parte, la autonomía universitariacon la internacionalmente denominada regionalización de la enseñanza superior. Hasta el mornento -salvo escasas y poco duraderas experiencias- la Universidad española no sólo no ha disfrutado de autonomía sino que ha funcionado bajo un patrón único absolutamente centralizado; por regionalización se entiende, pues, vinculación al territorio donde la Universidad está ubicada, a su lengua, a su cultura, a sus peculiaridades socioeconómicas, y a sus instituciones políticas. En esta perspectiva parece lógico que las universidades catalanas pretendan no sólo ser autónomas sino también vincularse estrechamente al país donde tienen su asiento. El actual régimen preautonómico de Cataluña ha despertado, como es lógico, grandes esperanzas entre los numerosísimos universitarios partidarios de que nuestra cultura y nuestra lengua -según la Unesco, la literatura catalana es de las más importantes del mundo entre las lenguas no oficiales- sean debídamente atendidas, por fin, en nuestros centros docentes superiores.
No podría terminar estas breves consideraciones sin manifestar el profundo malestar que ha despertado en nuestros medios universitarios la definitiva redacción del anteproyecto de Constitución en lo referente a los centros docentes. En efecto, en el artículo 1394 del citado anteproyecto se contempla la posibilidad de que el Estadó cree y mantenga directamente cualquier tipo de centros docentes en los territorios autónomos. Desde el punto de vista universitario esta cláusula abre la posibilidad de que en Cataluña, por ejemplo, se pretenda establecer una inquietante división entre centros universitarios dependientes del Gobierno central y otros u otros que dependan del Gobierno de la Generalitat. Hablando en términos deportivos podría, pues, existir una Universidad de categoría nacionaljunto a otra de categoría regional. Al igual que han hecho voces más autorizadas que la mía me declaro absolutamente contrario aesta eventualidad. En los años treinta, tras profunda consideración del tema, se optó por una solución distinta y, a mi entender, mucho más racional: la coexistencia en el mismo centro docente de las lenguas y culturas española y catalana con igualdad de derechos, en su uso, para profesores y alumnos. Sin ningún género de dudas opino que este es el modelo a seguir también ahora si no queremos caer en el peligro de crear fosos dificiles luego de salvar, este peculiar tipo de regionalización sí que podría conducirnos al denostado cantonalismo.
