“Él dijo ‘yo lo tiré al río, yo me lo cargué”: el testimonio de una mujer que abre un nuevo juicio para ‘Jimmy’

“[Diego] Palomeque es el capo de Talavera de todo. Yo fui una vez al fútbol con ellos por Víctor, mi ex pareja. Me llevó y yo iba con él detrás y Palomeque iba delante. Y, la verdad, es que yo vi que llevaba a todos los chavales, que eran unos cien, pero que los dominaba. Sí, te lo juro. Que decía que tiraran para adelante, como decían ellos. En Talavera sí, era el que mandaba”. Así arranca el testimonio de una mujer que acudió a una comisaría de policía de Madrid para denunciar los malos tratos de su expareja y que, en su relato, delató al presunto autor del asesinato de Jimmy, Francisco Javier Romero Taboada, el hincha de Riazor Blues de 43 años que murió apaleado y arrojado al río Manzanares el 30 de noviembre de 2014, tras un brutal enfrentamiento entre ultras del Deportivo de la Coruña (de ultraizquierda) y del Atlético de Madrid (de ultraderecha). Su declaración le ha dado un nuevo vuelco al caso, que se encamina hacia la apertura de un juicio oral.

Cuando se cumplen nueve años de los hechos y de un periplo judicial de sobreseimientos y de sucesivos jueces sin que haya culpables del crimen, la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso —el pasado 16 de octubre— al darle legitimidad al testimonio de la mujer, convertida ahora en testigo protegida. Se abre así también la oportunidad de que haya un juicio. Y de que la muerte de Jimmy —que toda España vio en sus televisores, al difundirse las grabaciones de la macrorreyerta—, no quede impune. Un asesinato que marcó un antes y un después en el fútbol y en la voluntad de erradicar la violencia del deporte.

La declaración de la testigo, primero en comisaría (el 31 de diciembre de 2017), después ante los investigadores de la Brigada Provincial de Información de Madrid (el 19 de febrero de 2018) y, por último, ante el juez (el 14 de junio de 2021) ha puesto del revés el procedimiento. Según el auto de la Audiencia procede revocar el archivo de la causa decretado por el juez de instrucción el pasado 11 de mayo de 2022, ya que “existen indicios bastantes para procesar a los cinco investigados”.

Según el relato de la chica, en varias ocasiones se reunieron en la casa de su expareja para ver vídeos de YouTube de la reyerta: “Mira, ese soy yo, sí, yo tiré a Jimmy al río, yo me lo cargué”, asegura que decía Palomeque señalando las imágenes. Su expareja, contaba, también alardeaba de haber apuñalado a varios, en esos encuentros aderezados con alcohol y drogas. “Yo estoy segura de que Palomeque ha sido, no tengo nada contra él, es más le tengo miedo”, reconocía la joven.

El tribunal de la sección cuarta considera ahora, además, que el testimonio de la mujer “revaloriza” el del primer testigo protegido, un cachorro del Frente Atlético (los ultras del equipo rojiblanco), menor de edad, que participó en la riña tumultuaria y accedió a colaborar con la policía en su día. Su declaración fue inicialmente desestimada por el juez, que barajó que podía estar siendo manipulado por los agentes para que señalara a los presuntos autores de la paliza mortal.

Por el contrario, el auto de la Audiencia advierte de que el hecho de que ambos testigos protegidos —sin conocerse de nada— señalaran a la misma persona (Diego Palomeque) y que este no fuese ninguno de los cuatro sospechosos acusados por los investigadores, pese a estar entre los detenidos por la riña tumultuaria, “corrobora indiciariamente las originales manifestaciones del testigo respecto a la participación de Diego Palomeque”.

El nuevo investigado tan solo fue acusado de riña tumultuaria, como los otros más de ochenta detenidos en la llamada Operación Neptuno. Sin embargo, las declaraciones de los dos testigos, lo agrupan con el núcleo agresor acusado del homicidio y encapsulado en su día por la policía: José Luis Zarzoso Perea, Francisco Javier Jiménez Linares, Sergio Santiago Martínez e Ismael López Pérez. Los cuatro ingresaron en prisión en diciembre de 2014 y salieron en mayo de 2015, porque los sucesivos jueces (hasta cuatro ha habido en el procedimiento) entendieron que no existían suficientes indicios para inculparles. Una idea que se vio avalada cuando la defensa hizo notar que había habido una confusión con las víctimas, los dos hombres arrojados al río en aquella enorme trifulca: Jimmy y otro hincha gallego, Santiago Abaga Manteiga, que resultó herido de gravedad pero logró salir por su propio pie del agua.

Sin embargo, la policía siempre defendió —con meticulosos análisis fisonómicos y de indumentaria sobre las imágenes estabilizadas— que se trataba del mismo grupo agresor, y que las grabaciones mostraban los dos ataques, primero a Santiago Abaga y después a Jimmy, con 43 segundos de diferencia entre uno y otro. “Un ataque grupal semejante encaja en los presupuestos doctrinales de la coautoría sucesiva, adhesiva o aditiva... Lo esencial es que la víctima estaba viva cuando se produjo su precipitación al río, es decir, el homicidio no se había consumado en esos momentos”, señala el auto de la audiencia, en contra también del auto del juzgado de instrucción, que argumentaba que no se podía acusar a Palomeque de la muerte de Jimmy porque, según la autopsia, no falleció por ahogamiento sino por una rotura traumática del bazo. “En conclusión”, determina el tribunal, “hay evidentes indicios delictivos e igualmente indicios bastantes para reputar autores a los investigados identificados”.

Según Ana Blanco, abogada de uno de los acusados, “la audiencia se ha visto obligada a reabrir la causa para calmar los ánimos, pero es imposible identificar a quien le causó la muerte de Jimmy en el marco de una riña tumultuaria que duró muchos minutos: ¿Quién le reventó el bazo, que fue la causa real de la muerte, a lo largo de todas las peleas que mantuvieron? ¿Cómo puede acreditarse que no recibió ese golpe mortal por parte de otros?”, se pregunta. “No se puede usar la justicia para erradicar la violencia en el deporte, por muy repudiable que nos parezca a todos”, añade. “Del mismo modo que no se puede usar un testigo protegido que estaba en el lugar de los hechos y que además fue manipulado por la policía”, insiste. “Y la testigo ni siquiera estaba allí, pero si tenemos que ir a juicio, iremos”, dice, tras hablar del “ridículo policial” de los agentes que llevaron la investigación y de cómo “se han ido sacando de la manga testigos y estudios al ritmo que los jueces desestimaban sus indicios”.

Los sucesivos archivos han sido siempre recurridos por los abogados de LaLiga: “El procedimiento en instrucción ha tenido un problema por la procesión de jueces y fiscales”, señalan en el organismo deportivo, que nunca se ha rendido para evitar que un crimen así quedara impune. Fueron los abogados de esta institución quienes llamaron la atención al juez sobre el testimonio de la mujer —tras conocer la existencia del oficio policial correspondiente—, y han sido ellos también quienes han realizado un informe pericial para identificar “pixel por pixel” las indumentarias de los agresores. “Con una tecnología específica y un barrido en las fotografías recogidas en los móviles incautados a los acusados puede determinarse si se corresponde con prendas que hubiesen vestido en otras ocasiones”, aseguran. “Lo que queremos es que haya un juicio con jurado popular, esto no se puede cerrar sin que haya una vista”, defienden. Su estudio es el que falta por incorporar a la causa antes de que se declare la apertura del juicio oral.

“Este proceso judicial de nueve años es una constatación de lo que les cuesta a las personas de la calle, que no tienen privilegios, que se intente hacer justicia”, dice Erlantz Ibarrondo, abogado de la familia de Jimmy. “Esta es la tercera vez que se dicta un auto de procesamiento, con personas procesadas, con unas declaraciones de dos testigos protegidos que coinciden con las personas que presuntamente han sido los autores y el juzgado de instrucción nos decía una y otra vez que no había indicios suficientes”, se lamenta. Tantas idas y venidas en este caso, le han llevado a ser “cauto”, pero “si se tiene que decretar que no son culpables, al menos que se vean los indicios que hay y que se celebre un juicio”, defiende. Algo que también señala la audiencia en su auto: “Se debe abrir el juicio oral para decidir en él sobre la posible responsabilidad” de los investigados.

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