Todos quieren el tesoro del ‘Oriflama’, menos España
Un estudio avalado por el CSIC reclama para el Estado los valiosos restos del navío
El tesoro que se conserva en el pecio del Oriflama, el navío español que se hundió frente a la costa chilena en 1770, pertenece a España. Así de contundente se muestra el historiador Vicente Ruiz García, quien, después de siete años de investigación, concluye que el barco, que zarpó del puerto de Cádiz con destino al Virreinato del Perú cargado con medio millón de piezas de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, llevaba una carga que pertenecía a la Real Hacienda de Carlos III.
La investigación de Ruiz García, que ha recibido el premio Nuestra América otorgado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla y la Diputación hispalense arroja luz sobre un caso que durante dos décadas ha enfrentado al Gobierno chileno con una empresa cazatesoros. Ya en 2010 la Unesco mostró su inquietud porque el Oriflama fuera expoliado por una compañía de explotación comercial. Tras varios juicios, en 2016, la justicia chilena rechazó un recurso de protección interpuesto por la firma Oriflama S. A. que reclamaba la extracción de la carga.
España no se personó entonces en ese pleito al no tratarse de un buque de guerra, lo que le hubiera concedido inmunidad soberana sobre el mismo. Sin embargo, el investigador Vicente Ruiz (Úbeda, Jaén, 1973) insta al Gobierno español a reclamar ahora los derechos que, según dice, le pertenecen. “El Estado debe pedir formar parte de la investigación y, sobre todo, demandar un patrimonio que, más allá de su valía económica, tiene un enorme significado histórico y artístico”, sostiene Ruiz, que es también profesor de la UNED y asesor de la cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia. El Oriflama se partió en varios trozos el día de su naufragio en la desembocadura del río Huenchullami. Dos siglos después la dinámica del río cubrió de arena el lugar, y el terremoto de Chile de hace una década volvió a variar el entorno, por lo que los restos del pecio deben de estar en un radio de 300 metros de la sonda que dejaron los cazatesoros con sus cajones protegidos por toneladas de arena.
El valor de la carga es incalculable, aunque se sabe que sería de cientos de millones de euros al precio de mercado actual. Por poner un ejemplo, una vinagrera como la que transportaba el Oriflama en el siglo XVIII tiene un precio de 500 euros en la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso. Las razones de peso que llevan al historiador jiennense a defender la titularidad española del pecio del Oriflama son que, a falta de herederos legítimos de los propietarios del barco, el tesoro debe pertenecer a las instituciones que en su día aportaron parte de la carga y hoy siguen en pie, como el Estado español.
Según la investigación premiada, el barco fue comprado en Gibraltar por la casa comercial Villanueva y Pico y fue rebautizado en 1762 como Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo, aunque conservó como alias Oriflama. Más tarde fue adquirido por la casa comercial Uztáriz Hermanos y Compañía, establecida en Cádiz. José Ignacio Vaillant y Hormaechea, sexto marqués de Uztáriz, negó en su día ser descendiente directo de quien fletó el buque. El estudio de Vicente Ruiz ha identificado el cargamento y sus dueños, el tipo de barco y su misión, su procedencia, su pertenencia en el momento del naufragio, con lo cual ha descartado posibles reclamaciones de las otras partes en litigio, como la sociedad cazatesoros que localizó el pecio a principios de este siglo, Chile e incluso Francia y el Reino Unido, bajo cuya bandera navegó en algún momento el Oriflama.
Precedentes a favor
Entre los siglos XVI y XIX la Armada española dominaba los mares y traía cargamentos de oro y plata de sus territorios de ultramar, pero muchas de ellas acabaron naufragando fuera del territorio español, en el caso del Oriflama en extrañas y trágicas circunstancias cuando llevaba 176 personas a bordo.
El profesor Ruiz García se ha apoyado también en la jurisprudencia internacional que concede potestad a los propietarios originarios de los barcos. En el caso de Chile cuenta con un factor en su contra al no haberse adherido a la Convención de la Unesco de 2001 sobre comercialización del patrimonio cultural inmaterial, que le hubiera concedido inmunidad soberana sobre el navío.
Los juristas también coinciden en que para reclamar el derecho sobre el pecio es imprescindible probar que la nave estaba sirviendo al Estado en el momento de su hundimiento. “Estoy de acuerdo con la tesis del historiador Vicente Ruiz, el Estado español puede reclamar el pecio si puede acreditar, como parece claro, que era un navío de Estado y que gran parte de la carga era de titularidad pública”, subraya Juan Luis Pulido, consejero académico de Martínez-Echevarría-Rivera Abogados.
En todo caso, no sería la primera vez que un tribunal extranjero reconociera la inmunidad soberana de un galeón naufragado en sus costas. En 2012 un juez de Florida (Estados Unidos) reconoció la propiedad española de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 frente a las costas de Cádiz. La empresa cazatesoros Odyssey, que en 2007 expolió el yacimiento, alegó que los restos del navío no eran identificables. Pero tras una larga batalla judicial, la justicia norteamericana dio la razón a España al demostrarse que se trataba de un buque de Estado gracias a la documentación que proporcionó el Archivo de Indias y del Museo Naval de Madrid.
