El Supremo de EE UU recorta el poder de las agencias federales en un fallo de enormes consecuencias para el medio ambiente

El Supremo de Estados Unidos tumbó este viernes la doctrina Chevron haciendo valer su mayoría conservadora de seis jueces contra tres con una sentencia llamada a tener enormes y duraderos efectos sobre la vida cotidiana de millones estadounidenses. El fallo, un duro golpe a la autoridad de las agencias federales, se dejará sentir en las normas que regulan asuntos como el medio ambiente, la sanidad, la alimentación, el sector financiero y los derechos de los trabajadores. También recortará la autonomía de los funcionarios del Gobierno en esas áreas.

Esa doctrina la sentó un fallo de 1984 de ese mismo alto tribunal que daba autonomía a las agencias federales a la hora de bajar a tierra la aplicación de una ley cuando esta fuera poco específica en su redacción, una costumbre extendida en el sistema legislativo estadounidense, en el que los congresistas acuerdan textos llenos de vaguedades que luego toca interpretar. La idea tras ese precedente era que las agencias cuentan con expertos que comprenden por regla general mejor el tema que los jueces federales y que por eso el criterio de aquellos debía prevalecer.

Para sus críticos conservadores, la doctrina Chevron engordaba el poder del “estado administrativo” o de lo que se conoce, en clave más conspiranoica, como el “estado profundo”, el “deep state”, ese presunto ejército invisible de burócratas que supuestamente dominan los hilos del poder del país desde sus despachos en la ciénaga corrupta de Washington.

Después de décadas de batallar contra ese precedente, grupos de activistas conservadores hallaron por fin la palanca que andaban buscando en el Supremo actual, cuya composición, con solo tres jueces liberales, se sitúa más a la derecha que nunca desde los años treinta. La rendija por la que entrar la vieron en el caso que se resolvió este viernes, que lleva por nombre Loper Bright Enterprises contra Raimondo, apellido de Gina Raimondo, secretaria de Economía estadounidense.

Los demandantes son una asociación de pequeñas empresas familiares de pescadores de arenques de Cape May, en Nueva Jersey, obligadas, en virtud de la ley Magnuson-Stevens que regula la pesca sostenible, a llevar en sus barcos monitores para vigilar que las artes cumplan ciertos requisitos éticos. Esa norma no especifica quiénes están obligados a pagar por esa costosa tecnología.

Hasta los últimos recortes, la agencia nacional de protección atmosférica y oceánica (NOAA son sus siglas en inglés) corría con ese gasto, pero desde que se les agotó el dinero era responsabilidad de los propietarios de esos barcos de arenques, que consideraban insostenible pagar 700 dólares al día por esas máquinas. Esa cantidad, según sus cálculos, se llevaba un 20% de los ingresos de una jornada en el mar de una de esas embarcaciones.

La opinión mayoritaria la redactó el presidente del Supremo, el conservador John Roberts. El argumento central es que quienes deben tener “la competencia especial para resolver ambigüedades legales” no son los funcionarios, sino los tribunales.

La jueza Elena Kagan, en una opinión disidente, arguyó que el fallo del viernes no era sino “otro ejemplo más de la determinación del tribunal de hacer retroceder la autoridad de las agencias, a pesar de la indicación contraria del Congreso”. “La mayoría [conservadora] desdeña la moderación y solo persigue extender su poder”, añadió

El año pasado, esa misma mayoría ya limitó la capacidad de la agencia medioambiental (EPA) para proteger los humedales con otra polémica sentencia. Y los nueve magistrados tumbaron este jueves un plan de Biden para reducir la contaminación atmosférica y la niebla que traspase las fronteras estatales. La iniciativa de la EPA imponía límites a las emisiones de las centrales eléctricas y las fuentes industriales de los Estados situados a barlovento para reducir la contaminación de sus vecinos.

Temores confirmados

Las asociaciones en defensa del medio ambiente llevaban meses temiendo que llegara este día, por el impacto que la eliminación de la doctrina Chevron puede tener en el poder de los funcionarios de la agencia medioambiental (EPA) y en centenares de normas, como las promulgadas en los últimos meses por la Administración de Biden, que se cuentan como las más ambiciosas de la historia del país para hacer frente a la emergencia climática mientras el tiempo para lograr detenerla se agota.

A partir de ahora, esas regulaciones podrán ser impugnadas por empresas automovilísticas o industrias contaminantes ante tribunales en los que prevalecerá el criterio de los jueces. También se espera que la sentencia del Supremo acentúe una práctica que en inglés se conoce como court shopping, imagen que remite a la idea de salir de compras en busca del magistrado federal deseado, por ejemplo, por sus posturas conservadoras o negacionistas del calentamiento global, ante el que poner la demanda para garantizarse el éxito.

“La experiencia y los conocimientos de los científicos, biólogos, toxicólogos y otros expertos son esenciales para aplicar las leyes sobre la vida silvestre, la salud pública y el medio ambiente. La decisión implacable del Supremo llega en el peor momento”, considera Collin O’Mara, director ejecutivo y presidente de National Wildlife Federation, organización en defensa de la naturaleza. “Este fallo anula un precedente de larga data y restringe la capacidad de las agencias federales para proteger la salud pública, abordar la contaminación, y proteger nuestras aguas y ecosistemas”.

La decisión que dio lugar a la doctrina Chevron es uno de los fallos más citados de la historia del Supremo estadounidense. Desde este viernes, pasó, junto a sentencias como Roe contra Wade, que garantizó la protección federal del aborto, a engrosar la lista de víctimas de la supermayoría conservadora del alto tribunal, embarcada en una cruzada por moldear la sociedad estadounidense en el espejo de sus ideas.

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