El Gobierno rechaza cambiar el calendario de cierre de las centrales nucleares en España

El Ministerio para la Transición Ecológica rechaza cambiar el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas que acordó en 2019 con las compañías eléctricas, que son las propietarias de estas instalaciones. Esta legislatura será clave para ese plan de clausura, que arrancará en 2027 con la desconexión del primero de los dos reactores que operan en la planta de Almaraz, en la provincia de Cáceres. Para 2035 habrán cerrado todas las centrales del país —cinco plantas con siete reactores en total— si se cumple la ruta acordada hace cinco años por el Ejecutivo con Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Fuentes del ministerio que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aseguran que este departamento no contempla modificar el calendario a pesar del ruido que está haciendo el lobby nuclear. En defensa de la energía nuclear también ha salido el expresidente socialista Felipe González, que ha cargado para ello contra las renovables.

Hace una semana, el Foro de la Industria Nuclear Española pidió públicamente al Gobierno de coalición que se replanteara “el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas para operarlas más allá de los plazos establecidos actualmente”. Esa organización nació en los años sesenta del siglo pasado y representa los intereses de este sector. Forman parte de ella, además de las compañías eléctricas, otros actores como las empresas de ingeniería, de servicios, suministradores y otras asociaciones.

Según aseguró el Foro Nuclear el 23 de enero, la “situación energética ha cambiado sustancialmente en los últimos años”, por lo que convendría replantearse ese calendario. El lobby nuclear está muy activo en todo el mundo ante el avance cada vez más robusto de las energías renovables. En la pasada cumbre del clima, que se celebró en Dubái en diciembre, consiguió un tanto importante: que se hiciera mención explícita a la tecnología nuclear en el apartado del texto final en el que se instaba a todos los países a realizar la transición hacia un mundo sin combustibles fósiles. “Mantener la operación del parque nuclear español va en la línea de la resolución aprobada en la reciente COP28″, sostuvo el Foro Nuclear el 8 de enero en otro comunicado en el que criticaba el nuevo plan de residuos radiactivos, aprobado a finales de diciembre por el Gobierno y que allana el camino para el cierre de las centrales en España.

Pero, tras cerrarse aquel acuerdo en Dubái, Ribera dejó claro en una entrevista en EL PAÍS que los planes del Ejecutivo seguían siendo la eliminación progresiva de la energía nuclear. “Lo que dice este apartado del acuerdo [en referencia al texto final de la COP28] es que tenemos que acelerar las tecnologías de cero y bajas emisiones en el sector energético. Enumera, para elegir, muchas diferentes (...) Puede haber gente que vaya directamente a la energía nuclear o que se quede solo en la energía nuclear. Habrá gente que intentará acelerar el uso del hidrógeno…”. El camino elegido en España se basa claramente en las renovables en el sector eléctrico.

A los llamamientos en defensa de la nuclear le surgió este lunes un aliado inesperado para muchos por los polémicos argumentos usados: el expresidente socialista Felipe González. En un acto en Sevilla sobre incendios forestales, González cargó contra las renovables y equiparó los residuos radiactivos con los desechos de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas. Aseguró de forma incorrecta que no está previsto quién tendrá las “responsabilidades” de desmontar los parques fotovoltaicos. Además, sostuvo que los materiales con los que se fabrican los paneles proceden de “trabajo esclavista” y “no son reciclables nunca”.

Han sido muchas las críticas contra el expresidente, fundamentalmente, por lo incorrecto de sus afirmaciones. También le han llegado desde el PSOE. Nicolás González, europarlamentario de este partido, sostuvo el lunes a través de la red social X: “Como socialista no puedo estar más decepcionado. Confieso que no vi venir a Felipe González atacando con argumentos falsos y de cuñado a la transición energética que es una oportunidad para España. No sé quién le asesora, pero es negacionismo climático puro. Qué pena”.

Cuenta atrás para Almaraz

A pesar de los pronunciamientos públicos del Foro Nuclear, el Ministerio para la Transición Ecológica asegura que ninguna de las empresas propietarias de las centrales españolas se ha dirigido a este departamento para pedir “prolongar la vida” de estas instalaciones “más allá de lo establecido en el calendario pactado”. Y el tiempo corre a favor del cierre.

La primera unidad de Almaraz deberá dejar de operar antes del 1 de noviembre de 2027 y la segunda antes del 31 de octubre de 2028. Pero un cese de este tipo no se puede hacer de cualquier forma y un año antes de parar deben comenzar los trámites ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El presidente de este ente supervisor, Juan Carlos Lentijo, sostuvo este martes que ya han empezado las conversaciones preliminares con el titular de esta instalación. En un encuentro con los medios de comunicación, Lentijo dejó claro que el escenario con el que trabaja el CSN es con el del cumplimiento del calendario de cierre del parque nuclear acordado entre el Gobierno y las eléctricas. En caso de que Almaraz quisiera pedir otra prórroga más allá de noviembre de 2027, las guías de seguridad del CSN apuntan a que los trabajos deberían comenzar tres años antes de la fecha tope, aunque Lentijo ha dejado una puerta abierta a una cierta flexibilidad en los plazos.

La hoja de ruta del cierre de las plantas está recogida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Además, también está incluida en el nuevo plan nacional de residuos radiactivos que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre pasado.

Aunque lo que ha hecho más ruido ha sido la petición para modificar el calendario de cierre de las plantas atómicas, los costes derivados del nuevo plan de residuos pueden suponer un importante choque entre las compañías eléctricas y el Gobierno. De la gestión de los residuos radiactivos se encarga en España la empresa pública Enresa. Pero los costes los deben asumir las compañías que los generan, fundamentalmente, las eléctricas. El nuevo plan de residuos establece que tratar estos desechos supondrá 20.220 millones de euros entre 2024 y 2100. Pero las tasas que pagan ahora las propietarias de las centrales no alcanzan para cubrir todo lo que costará esa gestión.

El Gobierno presentó en enero un nuevo proyecto de real decreto en el que se establecía una subida de casi el 40% de las tasas, al pasar de los 7,98 euros por megavatio hora producido de estos momentos a 11,14 euros. Buena parte del ese incremento se debe a que, finalmente, el Ejecutivo ha apostado por la construcción de siete almacenes temporales para guardar el combustible gastado en vez de uno centralizado, ya que ninguna comunidad autónoma ha querido que ese silo estuviera en su territorio. Foro Nuclear también cargó hace unos días contra esa subida: “Los extracostes de este plan suponen un cambio sustancial frente a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo” de 2019, donde la subida de las tasas pactadas era del 20% y no del 40%.

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