El PSOE y Unidas Podemos se enrocan en sus posiciones sobre los perros de caza y mantienen bloqueada la ley de bienestar animal

El PSOE y Unidas Podemos continúan enrocados en sus posiciones irreconciliables sobre el tratamiento a los perros de caza. Los socialistas están dispuestos a hacer caer la ley de bienestar animal si la normativa, como quiere el socio minoritario del Gobierno, se aplica a estos canes, rehalas y otros animales empleados en la actividad cinegética y en otras tareas. Para Ferraz se trata de una línea roja innegociable por el incendio que les originaría a las puertas de un año electoral con autonómicas y municipales en mayo y generales a final de 2023. La rivalidad entre los dos socios del Ejecutivo y las diferentes interpretaciones de cómo quedaría la ley han obligado a varios recesos de la ponencia, para estupor de los representantes del resto de partidos por las idas y venidas dentro del Ejecutivo. El único avance ha sido que este jueves se debatirá el dictamen de la ley en la comisión de Derechos Sociales. Si saliese adelante, llegaría al pleno del Congreso del próximo miércoles.

El PSOE insiste en que solo habrá ley si Unidas Podemos acepta sus condiciones. Por eso, los socialistas mantienen la enmienda que registraron en septiembre y que han consensuado con el medio rural y todo el sector, incluida la Real Federación Española de Caza (RFEC). En ella defienden que la ley de bienestar animal se aplique “exclusivamente” a los animales de compañía y se excluya a los perros de caza y a otros animales que desempeñan labores específicas (deportivas, pastoreo, tareas de rescate o de seguridad con las Fuerzas Armadas), atendiendo siempre a sus obligaciones y cuidados. Además, los perros de caza, rehalas (grupo de perros de caza) y animales auxiliares contarán con una legislación propia, según se ha comprometido el PSOE y siguiendo lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética.

Los socialistas han afeado al socio minoritario que se haya “precipitado” anunciando un acuerdo a primera hora del día que, tras diversas lecturas, afirma, “podía generar una clara inseguridad jurídica”. “El PSOE no va a dejar de lado al medio rural y a un sector tan relevante para la economía de nuestro país. Lo dijimos, y lo mantenemos. Está en la mano de Unidas Podemos que esta ley salga adelante, con un gran consenso que incluya al sector y el medio rural”, señalan fuentes socialistas. La interpretación es distinta en el otro grupo. “Esta mañana hemos cerrado un acuerdo con el PSOE para desbloquear la primera ley de derechos animales de nuestro país. Por desgracia, esta tarde nos han comunicado que lo rompían”, ha asegurado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que llama al PSOE a “volver al acuerdo”. “Esperamos que reconsideren su decisión, porque nosotros cumplimos nuestros compromisos y esperamos que ellos hagan lo propio”, ha señalado por su parte la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge.

Unidas Podemos se encuentra en minoría en la defensa de la aplicación de la ley a los perros de caza, justo lo mismo que le ocurrió al PSOE el lunes con su enmienda sobre la autodeterminación de género en menores en la ley trans. Los socialistas recalcan que ellos han aceptado el resultado de la comisión de Igualdad y por eso han redoblado la presión para que el departamento de Derechos Sociales, en manos de la secretaria general de Podemos, renuncie a uno de los objetivos que se habían marcado de una ley que, pese a la última bronca en la coalición de Gobierno, establecería el sacrificio cero, la eliminación de la venta de animales por internet, los registros de animales de compañía, la reconversión de los zoológicos —no podrán utilizar animales silvestres— y el fin de la impunidad del maltrato animal.

El proyecto de Derechos Sociales fue aprobado en el Consejo de Ministros el 1 de agosto, pero el PSOE presentó en septiembre, nada más retomarse la actividad parlamentaria —fue la primera decisión con el actual portavoz, Patxi López—, la citada enmienda para dejar fuera del texto a los perros de caza, que junto a las rehalas y animales auxiliares contarían con una legislación propia según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Este es el compromiso inquebrantable del principal partido del Ejecutivo, tal y como le habían demandado a Ferraz los barones de comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía o Aragón. La Real Federación Española de Caza (RFEC), con muchísima influencia en las zonas rurales —el PSOE se podría jugar la reelección de Pedro Sánchez en las provincias del interior del país, con una docena de escaños que logró en 2019 en el aire—, también había dejado claro su rechazo frontal a la redacción original de la ley de bienestar animal.

El PSOE está decidido a ganar este pulso a Unidas Podemos después de perder a principios de semana el que mantuvo los últimos tres meses para el endurecimiento de los requisitos para facilitar la autodeterminación de género a menores en la ley trans. Belarra hizo la semana pasada una propuesta para desbloquear la situación aplicando parcialmente la ley de Castilla-La Mancha vigente desde 2020, que establece que los perros de caza quedasen exentos únicamente de la aplicación sancionadora de la norma mientras practican las labores cinegéticas. El resto del tiempo se les aplicaría la ley como a cualquier otro perro. Una alternativa que no convencía ni al mismísimo Emiliano García-Page, el presidente de esa comunidad, al hacerse una aplicación parcial de la normativa de su administración sin contar con toda su redacción.

El PSOE está priorizando la relación con los colectivos del mundo rural y la RFEC pese a la marejada que le supone con Unidas Podemos. La Federación de Caza es la tercera con más licencias en España (334.635 en 2020, según el Consejo Superior de Deportes), solo por detrás del fútbol (1.074.567) y del baloncesto (376.352) y tiene un enorme tirón en el campo. Los cazadores ya hicieron una demostración de fuerza el pasado marzo con una manifestación que congregó en Madrid a decenas de miles de agricultores, ganaderos y cazadores procedentes de toda España (150.000, según la Delegación del Gobierno y más de 400.000, según los organizadores). Cientos de cazadores con carné del PSOE acudieron a la convocatoria en la capital, para la que las federaciones regionales de caza fletaron 1.185 autobuses, de los que 362 partieron de Andalucía, 143 de Extremadura y 142 de Castilla-La Mancha. Líderes de todo el escalafón del PSOE, desde alcaldes a secretarios provinciales y líderes territoriales, advirtieron desde meses antes de la fuga de votos que supondría, incluso a Vox.

Tras ese primer aviso llegó la catástrofe socialista en las elecciones andaluzas, en las que el PP se disparó hasta la mayoría absoluta por factores como el malestar rural con la redacción de la ley de bienestar animal. Ferraz y los barones del PSOE tomaron nota y cerraron filas. Hay una razón de peso: los nueve presidentes autonómicos y 2.700 alcaldes del PSOE se juegan la reelección en menos de medio año. Y los socialistas, si tienen que escoger, harán decaer la ley pese a la fractura que le suponga con Unidas Podemos.

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