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Los guardianes de la posidonia en las islas Baleares

Una brigada de 18 naves patrullará por el archipiélago para evitar que el ancla de los barcos arrase las praderas de esta especie protegida

Una de las vigilantes del servicio de posidonia del Instituto Balear de la Naturaleza en el parque natural de Es Trenc (Mallorca) en 2021.
Una de las vigilantes del servicio de posidonia del Instituto Balear de la Naturaleza en el parque natural de Es Trenc (Mallorca) en 2021.IBANAT
Patricia Segura

Miles de embarcaciones y yates navegan cada año por las aguas que rodean el archipiélago balear. Su fondeo descontrolado pone en peligro la supervivencia de la posidonia, una planta acuática protegida que ocupa una superficie de más de 650 km2 alrededor de las islas y actúa como verdadero pulmón del Mediterráneo: absorbe dióxido de carbono, fija las dunas y ayuda a preservar la fauna marina. Para evitar que los barcos arrasen con sus anclas esas praderas submarinas, el Gobierno balear invertirá casi tres millones de euros en contratar 18 embarcaciones que actuarán como si fueran la policía de la posidonia, según documentación publicada en el portal de contratación. Se trata de salvar una planta para salvar las playas baleares.

“El 80% de la arena de Baleares está formada por residuos de conchas y seres vivos que viven en ella. Sin ella no tendríamos estas playas”, advierte Marcial Bardolet, técnico responsable del servicio de vigilancia del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat). Y alerta: “Hay una saturación de embarcaciones en las playas de Baleares. Las anclas y las cadenas son una amenaza”.

Aviso a navegantes. Los guardianes se pondrán en marcha en mayo con 18 embarcaciones en Mallorca (6), Formentera (5), Ibiza (4) y Menorca (3). Durante cinco meses controlarán el fondeo en 27 localizaciones de las islas. El servicio de vigilancia para 2022 y 2023 le costará al Govern más de 1,4 millones de euros. El contrato posibilita una prórroga de tres años, por lo que la inversión ascenderá a tres millones de euros en los próximos cinco. “Hemos incorporado mejoras, como la potencia de las embarcaciones para poder abarcar más metros de costa”, explica una portavoz de la consejería de Medio Ambiente y Territorio. Este año se añaden a las áreas vigiladas el sur de Menorca, la costa noroeste de Ibiza y el tramo desde Calvià a Andratx en Mallorca.

El Govern ya ha pagado dos millones de euros desde que se creó la brigada marítima en 2017, según los documentos a los que ha accedido este diario. La inversión y el equipo aumenta año tras año. Empezaron con 10 embarcaciones con un presupuesto de 300.000 euros. En 2018 añadían cinco embarcaciones más y el coste hasta 2021 ascendía a 1,7 millones.

Esta temporada se incorporan tres nuevas embarcaciones, se aumenta la potencia en cuatro, y se amplía el periodo del servicio de vigilancia, que hasta ahora finalizaba en septiembre, hasta el 10 de octubre. Además, sube el precio de barca por día, que pasa de 194 euros a 245 euros. A partir de este año, en cada isla habrá una barca de seis metros con motores de 100 caballos. “Hasta ahora teníamos lanchas de cinco metros con motores de 50 caballos”, explica Bardolet.

Los vigilantes se limitan a supervisar la posición de las anclas con un mirafondo y a informar de las prohibiciones del fondeo sobre la posidonia oceánica en las zonas con más afluencia de barcos durante los meses de verano. Su jornada diara es de ocho horas en una franja horaria de entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde, según la afluencia de barcos. “Hablamos con los patrones, les contamos la normativa, les decimos que se tienen que mover si están mal colocados y les ayudamos a fondear en las zonas permitidas”, cuenta su coordinador.

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Aunque haya infracción, no pueden multar. Tampoco pueden obligar a los barcos a moverse. Lo único que pueden hacer es avisar a los patrones de que están mal situados y, si alguno se resiste, dar el aviso a la Guardia Civil y a los agentes medioambientales. “La mayoría se mueven porque entienden que están haciendo algo ilegal”, asegura Bardolet, que advierte que la multa oscila entre los 100 y los 450.000 euros, según la gravedad del impacto.

Desde la entrada en vigor de la ley de conservación de posidonia de 2018, fondear sobre las praderas submarinas está prohibido: “En unas islas turísticas es un cambio de paradigma muy duro para el sector náutico. No hay ningún sitio del Mediterráneo donde esté tan protegida”. La norma apunta la necesidad de la reducción de daños causados por las anclas y las cadenas. El Govern se ampara en este requisito para la creación del servicio de vigilancia marítima. “Es muy importante informar a la gente para que no ponga las anclas encima de la posidonia”, señala una portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente.

Negacionistas de la posidonia

El proyecto piloto del servicio de vigilancia empezó en Formentera en 2013 ante la afluencia de grandes embarcaciones: “Aunque es un parque natural, los barcos fondeaban donde les daba la gana”. Cuatro años después se extendió a todas las islas. Desde entonces, el equipo ha registrado una reducción de infracciones, sobre todo, en la última temporada. En 2018, el 17% de las embarcaciones revisadas había echado el ancla sobre posidonia. Este porcentaje se redujo al 4,7% el año pasado, cuando de las 121.000 embarcaciones revisadas solo 5.700 se tuvieron que mover por este motivo, según los datos del Ibanat.

“Hasta ahora había muchos negacionistas de la posidonia. Durante estos años ha habido muchos rifirrafes con el sector náutico, los ecologistas y las administraciones. Unos nos pedían más protección y otros menos”, confiesa el técnico. A lo que añade que el problema es que hay muchos extranjeros que desconocen la ley, así como gente local que ha fondeado en lugares con posidonia toda la vida que ahora está empezando a cambiar sus hábitos.

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