La mayor superficie protegida en España está ya en el mar

Hay noches que Carlos Palacios tiene que salir de la cama y volver a ponerse el uniforme porque en el 112 se ha recibido un aviso de nido de tortuga boba en una playa. Las emergencias nocturnas para poner a salvo huevos de esta especie forman parte de su ingente trabajo, al igual que estar pendiente de grandes cetáceos como rorcuales que pasan cerca de la costa, censar poblaciones de aves marinas como cormoranes moñudos o inspeccionar que los barcos recreativos no echen el ancla en valiosos fondos con praderas de posidonia. Este valenciano es uno de los 20 agentes medioambientales del servicio de vigilancia marina del Ministerio para la Transición Ecológica que cubren hoy una superficie protegida en el mar en España de 22,5 millones de hectáreas, tanto como dos veces y media el tamaño de Portugal. “Es imposible abarcarlo todo. Si ahora mismo están pasando rorcuales por Denia, nosotros no estamos allí. Pero aun así, todo aquello a lo que llegamos supone una mejoría. Somos algo que faltaba, pues se había prestado mucha atención al medio terrestre, pero no al medio marino”, asegura.

En los cerca de 100 años de historia reciente de creación de reservas naturales, la mayoría de los esfuerzos de conservación en el país se realizaron en suelo firme y hasta 2014 solo se había protegido un 1% de las aguas territoriales. Sin embargo, según los datos de Transición Ecológica, en tan solo una década se ha puesto ya bajo protección un 20,9% de la superficie marina y desde hace unos meses hay más espacio protegido en el mar que en tierra. Hoy ganan las áreas marinas en más de 4 millones de hectáreas y esta diferencia va a seguir creciendo, pues el objetivo es llegar al 25% en 2025 y al 30% en 2030.

Teniendo en cuenta que el territorio español se extiende por el doble de mar que de tierra, porcentajes como estos plantean un gran desafío: cómo se vigilan áreas marinas tan amplias, en ocasiones alejadas de la costa. Según incide Palacios, que junto a su compañero castellanoleonés Mariano Bermejo cubren las zonas protegidas de toda la Comunidad Valenciana, simplemente el Corredor de Cetáceos del Mediterráneo, que va desde Alicante a Girona, un único espacio tan grande como Aragón, “resulta inabarcable con los medios actuales”. Para cubrir extensiones así, comenta el vigilante, se requieren nuevas tecnologías, como embarcaciones autónomas o drones.

Frente a la enormidad de estos espacios acuáticos, los agentes medioambientales marinos del Ministerio para la Transición Ecológica son un servicio de vigilancia con apenas tres años en funcionamiento que sigue construyéndose. Existe una convocatoria para ampliar el número de personal y está licitándose la compra de embarcaciones. De momento, Palacios y Bermejo todavía no disponen de barco propio y para salir al mar recurren a una subcontrata. Hace unos días, una embarcación neumática semirrígida de unos seis metros de eslora les esperaba en el puerto alicantino de Calpe, con un patrón y una bióloga de la empresa pública Tragsa. Era el punto de origen que habían elegido esta vez para una de las dos jornadas entre semana que dedican a vigilar en el mar, siempre que la meteorología lo permite; el resto trabajan desde la costa o la oficina. “Una embarcación neumática es cómoda para aproximarse a otros barcos”, recalca Bermejo al subir a cubierta, “aquí hay algunas zonas del mar que en verano son como parkings gigantes llenos de gente con barcos buscando aparcamiento”.

Existen otros vigilantes de la Administración que también realizan tareas en espacios marinos, agentes autonómicos o los del Ministerio de Agricultura, que controlan asuntos más relacionados con la pesca. Pero este servicio se ocupa específicamente de la biodiversidad marina. “Solemos trabajar mucho en colaboración con equipos de otros organismos”, incide Palacios, que ha aprendido a navegar en el a veces complicado mar de las competencias de las administraciones españolas. Como cuenta este ingeniero de Caminos y Puertos, su lista de trabajos resulta tan inabarcable como variada, pues son muchos los tipos de impactos a los que se enfrentan los espacios marinos. En el caso de varamientos, participan en el operativo en función del animal y su estado. “En 2022 nos llamaron para un varamiento de una ballena yubarta de 18 toneladas”, señala. Pueden recibir avisos por capturas accidentales en artes de pesca de tortugas, que en caso de seguir vivas pueden sufrir síndrome de descompresión y por ello se las está metiendo en una cámara hiperbárica antes de volver a soltarlas. También realizan seguimiento de obras costeras, control de alga asiática invasora, vigilancia en el avistamiento de cetáceos... “Según el Real Decreto 1727/2007, las embarcaciones no pueden acercarse a menos de 60 metros de los animales y entre los 60 y los 300 metros no puede haber más de dos embarcaciones”, recita de forma automática el agente. Cuando salen de Calpe, van vigilando las zonas de fondeo donde saben que hay posidonia y sacan varios plásticos del agua. “Los residuos marinos no son de nuestra competencia, pero no vamos a dejarlos ahí”.

Más allá de la extensión que ocupen estas áreas marinas, lo importante es el tipo de protección al que estén sujetas. Dentro de ese 20,9%, las zonas más amplias son espacios de la Red Natura 2000, en los que se pueden seguir realizando actividades humanas como el turismo o la pesca, pero debe implantarse una gestión ordenada de esos usos para que sean compatibles con la conservación. Para ello, cada espacio debe contar con un plan de gestión que tiene que elaborarse con la participación de todos los actores implicados. Como señala Óscar Esparza, experto en este tipo de procesos participativos de la organización ecologista WWF, “se trata de llegar a planes de gestión que estén legitimados, que la gente sepa qué se puede hacer y qué no, y por qué se toman estas medidas, pues luego repercute en una mejor gestión del espacio. Ahora estamos en un proceso muy importante, ya que se están elaborando los planes de gestión para una superficie marina realmente muy grande, se abre una oportunidad de establecer alianzas con las comunidades locales y entre todos buscar soluciones con el mayor consenso posible”. Y añade: “Cuando empecé a trabajar en esto hace 20 años, los pescadores y las administraciones eran en general bastante reacios, no estaban muy convencidos de que las áreas marinas protegidas fueran eficaces, pero esto ha cambiado, ahora unos y otros consideran que son herramientas muy útiles de conservación de los recursos, los propios pescadores están promoviendo la creación de zonas protegidas”. Por su parte, Lucas Barrero, de Ecologistas en Acción, reconoce que España es de los países que más rápido están yendo con la protección de espacios marinos, pero también se muestra crítico. “Para que no se conviertan en parques de papel, haría falta una mayor dotación presupuestaria para mejorar la vigilancia y la gobernanza”, señala este ecologista, que igualmente lamenta que no haya una mayor superficie bajo protección estricta. Estas áreas con medidas estrictas de conservación forman parte de las reservas marinas integrales de interés pesquero y, según el Ministerio para la Transición Ecológica, hoy apenas cubren el 0,1% de la superficie marina protegida.

En los prismáticos de Palacios aparece de pronto un velero en la zona del Portet, donde hay fondos de fanerógamas marinas como la posidonia. Tras acercarse a un par de metros de la embarcación, el agente vocifera la consigna habitual:

—Buenos días, somos el servicio de vigilancia del Ministerio de Medio Ambiente, vamos a revisar el fondeo porque esta es una zona de posidonia.

Según explica, cuando empezó a trabajar decía el nombre oficial entero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero tuvo que acortarlo porque no le daba tiempo a pronunciarlo en los pocos segundos que pasan por la popa del otro barco. En este caso, poco importa, por la cara de extrañeza de las personas que le miran desde del velero, donde ondea una bandera de Dinamarca.

—¿Español? —vuelve a la carga el agente.

—Un poquito —responden desde el velero.

—We are going to check the anchor (Vamos a revisar el ancla) —intenta Palacios en inglés.

A continuación, este mete en el agua un batiscopio, un dispositivo que permite ver los fondos marinos, y comprueba que el ancla no está sobre praderas de posidonia. Con el pulgar levantado, se despide de los daneses. “La posidonia no es un alga, sino una planta adaptada a vivir sumergida, y como es endémica del Mediterráneo, solo está aquí, muchos extranjeros no saben qué es”, detalla Palacios, mientras la embarcación cambia de rumbo para visitar ahora una obra en un puerto cercano.

Desde el Ministerio, Fernando Magdaleno, subdirector de Biodiversidad Marina y Terrestre, incide en cómo la última gran incorporación hace solo unos meses de áreas marinas protegidas supone 9,3 millones de hectáreas adicionales que se ha intentado que conecten con otros espacios similares ya existentes sobre el mapa. “No hay una atomización de múltiples espacios minúsculos, sino que se ha buscado la conectividad de los espacios para conseguir unas dimensiones que permitan los procesos biológicos y movimientos migratorios de especies”, señala. “En los ambientes marinos, España también atesora una riqueza que es absolutamente extraordinaria en Europa”, destaca el subdirector, que reconoce que la Comisión Europea insiste a los Estados miembros para que un tercio del objetivo del 30% de superficie marina a proteger sea bajo criterios de conservación estrictos, tal y como demandan grupos ecologistas.

De forma reciente, Grecia se ha convertido en el primer país europeo que prohíbe la pesca de arrastre en espacios protegidos, una medida también defendida por la Comisión, por los daños que provoca esta técnica en los fondos marinos. Sin embargo, no toda la pesca es igual. “No somos el mal de todo lo que sucede en los océanos, eso no es cierto”, enfatiza Nicolás Fernández, secretario general de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz, que se muestra a favor de los espacios marinos protegidos. “Nuestro alimento, nuestra vida y nuestras familias dependen de la salud que tengan nuestros ecosistemas y nuestros caladeros”, comenta este representante de la Cofradía de Conil, donde los propios pescadores llevan años pidiendo, sin éxito, la protección estricta de una zona marina para limitar la pesca. “En todas las familias hay de todo. En los pescadores, hay gente que lleva tantos palos que ya lo ven todo como un peligro. Y entre los ecologistas, hay los que empatizan con el desarrollo económico y social, y los que ven solo la parte ambiental, lo cual es también un error tremendo”.

En el puerto de Roses (Girona), Toni Abad, presidente de la Federación Catalana de Cofrafías, afirma: “Aquí ya hace cerca de 12 años que cerramos un área marina para la protección de la merluza. Detectamos que había muchos alevines y no tenía sentido pescarlos. Sin vigilancias, sin Administración, sin nadie, lo hicimos nosotros, por nuestra cuenta y riesgo, y la gente está encantada con esto”. Y señala: “A lo mejor nos hubiera gustado que alguna zona se hubiera consensuado más con el sector, pero aquí todos los pescadores estamos a favor de tener estas áreas protegidas, porque al final, y lo digo desde un punto de vista egoísta, es un bien para nosotros, estos espacios son criaderos de pescado”.

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