El Gobierno de Boric hace malabarismos para no descabezar a las dos policías de Chile en medio de la crisis de inseguridad

El teléfono móvil del influyente abogado chileno Luis Hermosilla ha dejado heridos en diferentes frentes en el país sudamericano. El aparato fue requisado por la Fiscalía el 16 de noviembre pasado en el allanamiento a su oficina por otra causa que provocó gran impacto en la opinión pública: la filtración de un audio donde el abogado reconocía el pago de coimas. Pero los peritos se encontraron con sorpresas: 700.000 páginas de respaldos de las conversaciones con cientos de personas y, entre estos textos, 510 intercambios vía WhatsApp con Sergio Muñoz Yáñez, el que era hasta el viernes el jefe de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, la institución que trabaja mano a mano con la Fiscalía en la persecución de delitos. Los textos –enviados y recibidos entre agosto de 2020 y octubre de 2023, según informó el medio Ciper, que ha desvelado esta trama–, dejan al descubierto que Muñoz filtró información a Hermosilla en al menos cinco causas reservadas, de alta connotación política. Luego de su renuncia el viernes, Muñoz este martes será formalizado por delitos de violación de secreto por la Fiscalía, ante la que declaró este lunes.

No está del todo claro si fue el Gobierno el que empujó su salida el mismo viernes, cuando fue allanada la casa y la oficina del que era jefe de la policía. Los hechos son confusos y existen diferentes versiones, aunque el ministro de Justicia, Luis Cordero, informó que La Moneda “lo instó”. Pero en la tarde de esa jornada Muñoz fue citado al Palacio, se fue sin presentar la renuncia, el subsecretario del Interior –Manuel Monsalve– dijo que la formalización de la investigación en su contra de este martes 19 era “un punto de inflexión” y, cuando se conocía que el Consejo de Defensa del Estado se querellaría en su contra (el organismo que defiende los intereses públicos de Chile), Muñoz volvió a La Moneda a sellar su salida. El presidente Gabriel Boric la aceptó.

Pero el caso del filtrador Muñoz ha impactado de lleno en el líder de la otra policía chilena, la uniformada, Carabineros de Chile. El general director de esta institución, Ricardo Yáñez, será formalizado el 7 de mayo próximo por responsabilidad de mando por omisión en los “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” en el marco del estallido social de 2019. Este asunto se informó en enero pasado por el Ministerio Público y, desde entonces, la decisión del Gobierno fue mantenerlo y esperar la formalización de cargos en su contra, es decir, cuando el fiscal le informe oficialmente al general por los delitos que será investigado. En el Gobierno siempre se consideró que los hechos no implicaban una participación directa y que, en cualquier caso, se trataba de un delito complejo de demostrar.

El ministro Cordero, sin embargo, el domingo encendió la pradera en el programa de televisión Tolerancia Cero al señalar: “Esperaría que [Yáñez] evaluara su renuncia antes de ser formalizado”, dijo el líder de la cartera de Justicia, lo que fue interpretado como una petición formal y pública por parte del Gobierno de Boric, dada la influencia que ha adquirido Cordero desde que entró al Ejecutivo en enero de 2023.

Este lunes, sin embargo, La Moneda se ha esmerado en poner paños fríos porque, pese a lo complejo los casos que enfrenta Muñoz (renunciado) y Yáñez (que será formalizado en menos de dos meses), en este momento no puede tener descabezadas a ambas policías y, como advierten en el oficialismo, volver a abrir con la oposición un superado debate sobre el respaldo de este Gobierno de izquierdas tanto a la PDI como a Carabineros.

Fue una jornada de gestos, aunque de cierta confusión en los mensajes.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se comunicó con el general el lunes para manifestarle que las palabras de Cordero no representaban al Gobierno, informa el medio Ex-ante. El general le informó del inicio -este martes- de un consejo consultivo de generales a raíz de la intervención de Cordero.

El presidente Boric participó junto al general director Yáñez en una actividad en Maipú –el reinicio de las obras de la construcción de la comisaría de la zona de La Farfana–, lo que fue interpretado como una señal de respaldo. El mandatario se refirió, de paso, al caso de filtraciones del que era jefe de la policía a Hermosilla: “Los antecedentes que se han conocido son impactantes y dolorosos, porque primero tiene que estar el cuidado de las instituciones y en Chile nadie está sobre la ley, tenga el apellido que tenga o esté en el cargo que esté”. Adicionalmente, agregó: “Hemos establecido un criterio como Gobierno y vamos a seguir adelante en esa dirección”, en referencia a que las formalizaciones “son un punto de inflexión”.

Mientras, la portavoz, la ministra Camila Vallejo, informó desde La Moneda que el criterio del Ejecutivo sigue siendo el mismo: esperar a que se realice la audiencia de formalización para definir la continuidad del uniformado, es decir, el 7 de mayo. La prensa le preguntó a Vallejo si Boric respaldaba a Yáñez, y la ministra aseguró: “En la medida que las autoridades de las policías sigan al mando es porque el presidente de la República ha decidido mantenerlos en el mando. Esa decisión es la que dice si hay un respaldo o no”, aseguró.

El mismo Cordero matizó sus dichos: “Yo no me he referido a pedir la renuncia. Yo me he referido a que es una evaluación que le corresponde hacer al general Yáñez”. Es decir, dejó la decisión en manos del general, aunque si el Gobierno quisiera podría removerlo en cualquier momento.

No parece probable, sin embargo, que Yáñez resista hasta la formalización del 7 de mayo próximo. Existe mucha presión –sectores del oficialismo del Partido Comunista y del Frente Amplio empujan que corra la misma suerte que el policía–, y una fecha clara en el horizonte. Es un general que el Gobierno ha dejado sin poder y resultan clave las reuniones del generalato que comienzan este martes. En medio de la grave crisis de inseguridad pública que enfrenta Chile, la prioridad de una ciudadanía asustada, La Moneda hace malabares para no tener a ambas policías descabezadas al unísono, aunque se ha enredado en su propio discurso. No sería adecuado un remezón en la PDI y en Carabineros en vista de lo que viene: una elección municipal en octubre donde las fuerzas políticas miden su musculatura que como la antesala de la presidencial 2025.

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