Luis Hermosilla y Sergio Muñoz: las claves del caso que une al abogado influyente con el jefe de la policía de Chile

La casa y oficina del jefe de la Policía de Investigaciones, PDI, Sergio Muñoz, ha sido allanada este viernes por orden de la Fiscalía Oriente, que formalizará el martes una acusación en su contra por diversos delitos. En menos de 12 horas se desencadenó su renuncia, que fue aceptada por el presidente Gabriel Boric, que había empujado por su salida. Mientras, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el organismo que defiende a Chile ante los tribunales, se querelló contra Muñoz. Aunque la causa se destapó en el marco del caso Hermosilla –la filtración de un audio donde se revelaba el supuesto pago de coimas–, al que era hasta hoy jefe de la policía se le acusa por otro asunto: la entrega de información confidencial a Hermosilla, que fue defensor del antiguo líder de la PDI, Héctor Espinosa, en una causa por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento y lavado de dinero.

El primer delito que se le imputa a Muñoz

La Fiscalía formalizará el martes a Muñoz por infringir dos leyes: el artículo 31 de la Ley 19.913 y el artículo 246 del Código Penal.

La ley 19.913, en general, está referida a la fundación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica “disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos”. En el artículo 31, específicamente, el que habría infringido Muñoz, se refiere a la confidencialidad de la investigación de los delitos que contempla esta ley. “Será siempre secreta para los terceros ajenos al procedimiento y también para los terceros afectados por una investigación preliminar del fiscal”. Por lo tanto, “el que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo”. Se agrega: “Esta prohibición y sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta”.

El policía arriesgaba “suspensión de empleo”, una multa o ambos

El artículo 246 del Código Penal –referido a la violación de secretos– indica que “el empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente”.

El celular de Hermosilla

Las órdenes de entrada y registro a la casa de Muñoz fueron solicitadas por la Fiscalía Oriente a la justicia el pasado 14 de marzo, luego de investigar el teléfono móvil del abogado Hermosilla, imputado en la causa que protagoniza hace cuatro meses, el caso audios o caso Hermosilla. Los investigadores habrían encontrado información que serían constitutiva de determinados delitos, por lo que se ha abierto una investigación en su contra.

Quién es Muñoz

El director de la PDI asumió en junio de 2021, nombrado por el entonces presidente Sebastián Piñera. Muñoz llegó en reemplazo de Héctor Espinosa. Lo hizo en medio de la polémica por la investigación que se abrió contra Espinosa por el delito de fraude al Fisco, relacionado al uso de gastos reservados, donde se indaga lavado de dinero.

Graduado de la Academia Superior de Estudios Policiales y diplomado en Alta Dirección Pública, Muñoz en sus 36 años de carrera trabajó en diferentes áreas de la institución: el 2010 fue designado como jefe de la Brigada de Investigación Criminal San Fernando, en 2013 estuvo a cargo de la Prefectura Provincial Colchagua y, posteriormente, de la Prefectura Metropolitana Centro Norte. En 2015 asumió la dirección de la Región Policial de Antofagasta –en el norte de Chile– y, dos años después, la Región Policial de Valparaíso, a unos 120 kilómetros de Santiago. En 2019 fue ascendido a prefecto general, a cargo de la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria.

La entrega de información a Hermosilla

Hermosilla, antes de que explotara el caso audios en noviembre, defendía a Espinosa en el proceso en su contra por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento y lavado de dinero. Los datos obtenidos en el teléfono del abogado –el aparato era investigado en el marco de la filtración de la grabación–, habrían mostrado que el director de la PDI entregó información a Hermosilla respecto de la causa contra su antecesor.

Cómo explotó el ‘caso audios’

La noticia explotó el 14 de noviembre pasado, cuando el medio de comunicación Ciper Chile publicó el artículo “Aquí estamos haciendo una huevá que es delito”: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF”. Allí se reprodujo una conversación privada entre Hermosilla, un conocido penalista con lazos políticos transversales; su entonces cliente, el empresario Daniel Sauer, dueño del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y querellado por su exsocio Rodrigo Topelberg. La tercera voz era de la abogada Leonarda Villalobos, que era muy cercana a Sauer.

Qué decía la grabación

En el registro, de junio de 2023, Hermosilla se refería a pagos “en sobres” a funcionarios públicos, que no identificaba, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la CMF. Son dos organismos de máxima importancia: el SII es una pieza clave del engranaje institucional chileno y los ingresos fiscales dependen, en parte, de la labor que desarrolla, mientras que la CMF es ente regulador de los mercados financieros. El objetivo era obtener, supuestamente, información privilegiada que favorecería a Sauer en su causa. Villalobos era de confianza de Sauer, de quien él ha dicho que la conocía desde 2016 como “la abogado tributaria externa de la empresa”. Incluso, en el audio dice: “Para mí la Leo es familia”. En la cita, los tres analizaban la estrategia legal a seguir frente a la investigación de la CMF, como crear “una caja negra” para los pagos.

Estaban reunidos en la oficina de Hermosilla en Vitacura, en el sector oriente de Santiago de Chile.

Quién es Hermosilla

En 1985, fue abogado querellante de la familia de uno de los tres militantes comunistas asesinados en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Entonces, era parte de la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de defensa de los derechos humanos. En 1991 asumió la representación de la madre y la hermana del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, partido de la derecha tradicional, quien fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo subversivo de la izquierda radical, en la Universidad Católica, donde hacía clases. Guzmán fue el principal impulsor de la Constitución de 1980 de Pinochet.

Hermosilla es muy cercano a Andrés Chadwick, exministro del Interior del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, de la derecha tradicional (2010-2014, 2018-2022). Fue asesor de esa cartera en casos penales complejos. Entre ellos, querellante en el asesinato en 2013 del matrimonio Luchsinger Mackay, quienes fueron quemados vivos en su casa en la macrozona sur, y en el homicidio en 2018 del comunero mapuche Camilo Catrillanca, por el que hay siete carabineros condenados.

En 2003 asumió la defensa del empresario Claudio Spiniak, condenado por abusos sexuales, y en 2014 la del sacerdote John O’Reilly, sentenciado por el mismo delito.

En 2019 representó a Chadwich, su excompañero de Derecho y, como él, exalumno de Jaime Guzmán, en la acusación constitucional que presentó en su contra la oposición cuando era ministro del Interior de Piñera. Tras la filtración del audio en noviembre, uno de los clientes de Hermosilla renunció a ser representado por él en el marco del caso Convenios: el jefe se asesores del presidente de izquierdas Gabriel Boric, Miguel Crispi.

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