No olvidemos Guatemala
Se ha exacerbado un clima de censura e intensa judicialización de otras personas que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al debate democrático en el país centroamericano
El 25 de junio se realizaron elecciones generales en Guatemala. En un resultado que sorprendió, la segunda vuelta presidencial, a realizarse el 20 de agosto, se definió entre Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza) y Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla), quedando fuera los partidos tradicionales. Las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea declararon que la jornada había sido satisfactoria y exhortaron a que se respetara la voluntad de las mayorías. Desde el 1 de julio se han iniciado acciones judiciales para un recuento de votos y la suspensión de la oficialización de resultados. Las misiones de observación electoral expresaron su preocupación por la instrumentalización de la justicia para buscar invalidar la elección. Luego, la presidenta de la Corte Suprema anunció una nueva suspensión de la oficialización de resultados, tribunal cuyos magistrados van a cumplir cuatro años de estar en sus funciones cuando ya se les había vencido sus plazos, debido a que el Congreso de la República se ha negado a cumplir con una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 2019.
El 10 de julio la Corte Suprema sorprendió, respetando la institucionalidad, y señaló que el Tribunal Electoral había cumplido la orden de la Corte Constitucional y eventualmente podrían por fin oficializarse los resultados de la primera vuelta.
Cuando ya se pensaba que todo volvía a su cauce legal, el 12 de julio, minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados, el Juez Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Este intento de impedir la participación electoral del partido ha sido promovido por el Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras y ejecutado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por el fiscal Rafael Curruchiche. Cabe señalar que los funcionarios Porras y Curruchiche están sancionados por Estados Unidos por conducir casos de criminalización contra fiscales exiliados y el periodista encarcelado, José Rubén Zamora.
Todo este proceso da cuenta de cómo operan las instituciones cooptadas en Guatemala. Órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han denunciado graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción derivado de la agudización de ataques e injerencias contra la independencia de aquellos órganos que, desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del país, destacaron por su trabajo independiente e imparcial en esta materia, tales como: la Corte de Constitucionalidad (CC), la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y los juzgados con competencia penal en procesos de mayor riesgo. Se ha constatado una intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia encargadas de la investigación y juzgamiento de casos vinculados con el conflicto armado interno y con hechos de corrupción de alto impacto o gran escala, con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad.
Ha existido un proceso de debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y otras unidades del Ministerio Público encargadas de la investigación de casos corrupción y justicia transicional, mediante el traslado, criminalización o remoción arbitraria de sus funcionarios, incluyendo fiscales de carrera. De acuerdo a lo señalado por la CIDH, durante el gobierno actual, más de 30 operadores de justicia han abandonado el país luego de denunciar que están siendo perseguidos con motivo de su labor jurisdiccional. Al mismo tiempo, decenas de casos relacionados con justicia transicional o hechos de corrupción que involucran a altos funcionarios del gobierno habrían registrado falta de avances o severos retrocesos.
En este contexto se ha exacerbado un clima de censura e intensa judicialización de otras personas que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al debate democrático en Guatemala, en particular, personas defensoras de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación, como por ejemplo, la detención y criminalización de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico.
Lamentablemente, lo que ocurre en Guatemala no es aislado. Basta ver los anuncios del presidente Bukele de ir a la reelección o la gravísima situación en Nicaragua. Por eso no nos olvidemos de Guatemala. El proceso eleccionario continúa. Debemos seguir alertando a la comunidad internacional que los últimos hechos amenazan uno de los cimientos básicos de la democracia, el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas. No bastan las voces de la MOE UE o la MOE OEA, o de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, y países europeos. Se deben unir más voces claras y contundentes.
En su libro El ocaso de la democracia, la ganadora del premio Pulitzer, Anne Applebaum, señala que el declive de la democracia no es inevitable, pero tampoco la supervivencia de la democracia lo es. Depende de las decisiones que tomemos. En una región con tantos conflictos aún sin resolver, y con tantas injusticias pendientes como la nuestra, debemos cuidar el pluralismo democrático, el amplio debate sobre asuntos públicos en un contexto de respeto y libre de amenazas y hostigamientos y respetando el Estado de Derecho. Este es un desafío principal para el futuro de la región, como responsabilidad colectiva cuando observamos que algunos de los países de la región limitan el ejercicio de las libertades públicas, pretenden perpetuarse en el poder gubernamental, castigan severamente la disidencia u oposición, ahogan y persiguen a la prensa independiente u opositora, y consideran amenazantes e ilegales hasta las manifestaciones de libertad religiosa o la defensa de derechos humanos.
El debilitamiento democrático ya no es producto de intervenciones violentas, guerras civiles, golpes de Estado. Hoy la principal amenaza a las democracias es la erosión gradual de sus instituciones, mediante el uso de los mecanismos propios de las democracias, para fines totalmente antidemocráticos. Esto es lo que el mundo está observando en Guatemala.
