Víctimas de Daniel Ortega instan a la cumbre entre la UE y la Celac a unirse para elevar la presión sobre el régimen

La cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocada para el lunes y el martes en Bruselas, será una cita crucial no solo para mejorar la coordinación entre las dos orillas del Atlántico o concretar planes de inversiones, sino también para alentar debates políticos y encauzar demandas democráticas. Más de 150 víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instan a los Ejecutivos de América Latina, a la UE y a sus Estados miembros, “a establecer un ‘Grupo de Amigos del Pueblo Nicaragüense’, integrado por gobiernos de todo el espectro político, para contribuir a una transición democrática” en el país centroamericano.

La petición, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que se divulgará este viernes, está suscrita por cerca de 30 organismos nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos y detalla las funciones del grupo. Por ejemplo, “debería celebrar reuniones de alto nivel para diseñar, en consulta con organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y otros actores locales, una estrategia de acciones pacíficas, públicas y privadas, que sean concertadas para buscar la liberación de los presos políticos, la justicia y la reparación para las víctimas de la represión y la realización de elecciones libres y justas, tan pronto como sea posible”.

Encabezada por el escritor y premio Cervantes Sergio Ramírez; la escritora Gioconda Belli; el periodista Carlos Fernando Chamorro; los opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y Dora María Téllez, la antigua Comandante Dos de la revolución sandinista, la iniciativa está dirigida concretamente al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren. El Gobierno de Gabriel Boric se ha mostrado como uno de los más sensibles de la región ante la grave deriva del régimen de Ortega y Murillo y uno de los más contundentes en la defensa de los derechos humanos. Ese es precisamente el propósito central de la solicitud, que busca “una respuesta multilateral, coordinada y de alto nivel ante la grave crisis de derechos humanos y humanitaria que vive el país”.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), uno de los organismos que promueve la petición, recuerda que “la crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme y sostenida de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa”. “Los gobiernos latinoamericanos y europeos deben unirse para establecer una estrategia conjunta ante la crisis de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua no tiene más tiempo que perder”, enfatiza.

En medio de un aislamiento internacional cada vez más profundo, el aparato sandinista ha acelerado la represión política de toda voz disidente. La carta menciona algunos de los episodios más graves. El más reciente es la embestida contra la Iglesia católica, sacerdotes y prelados, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado por la justicia de Ortega a más de 26 de cárcel y que la semana pasada rechazó por segunda vez un exilio forzoso. “En los últimos años, pocos países de la región han registrado un deterioro en la situación de los derechos humanos tan grave como el observado en Nicaragua, incluyendo ataques sistemáticos a los medios de comunicación independientes, el desmantelamiento de la sociedad civil y la consolidación de un régimen autoritario”, indica el documento, suscrito también por Carlos S. Maldonado y Wilfredo Miranda, redactor y colaborador de EL PAÍS.

Mientras el Gobierno de Ortega rehúsa cualquier intento de mediación diplomática, la población no tiene ante sí ningún horizonte de cambio. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GEDHN) concluyó el pasado marzo “que existen motivos razonables para creer que las autoridades nicaragüenses han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones y persecución por motivos políticos”. Además, recuerdan los firmantes, “no se ha permitido ingreso de observadores internacionales al país desde que el Gobierno expulsó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales de 2018″.

Como consecuencia, los últimos procesos electorales han sido una farsa. Y según cálculos de organismos nicaragüenses, hay todavía 64 presos políticos a pesar del destierro, consumado el pasado mes de febrero, de 222 opositores encarcelados de forma arbitraria. A ese intento del régimen de librarse de voces incómodas y rebajar la presión internacional siguió otro golpe: 317 críticos fueron despojados de su nacionalidad.

En este contexto, las víctimas de Ortega confían en que la cumbre UE-Celac “sea una oportunidad para discutir desafíos apremiantes en materia de derechos humanos en países de Europa y América Latina y el Caribe, como el retroceso democrático, la violencia e inseguridad y los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo”. Los firmantes celebran los pronunciamientos de Gobiernos como el chileno o de instancias internacionales como el Servicio Europeo de Asuntos Exteriores, pero lamentan que la respuesta internacional haya carecido “de la coordinación y el alineamiento necesarios para contribuir de manera efectiva a que se adopten pasos para la transición hacia una democracia fundada en la libertad y los derechos humanos”. Por esta razón, el cónclave de Bruselas se perfila también como una oportunidad para alentar una transición hacia la democracia en Nicaragua.

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