La plantilla de la Generalitat crecerá en 13.000 personas en solo dos años

La Generalitat superará este año los 240.000 empleados públicos y se situará muy por encima de la plantilla con la que contaba antes de que empezara la crisis, cuando tuvo que asumir un fuerte ejercicio de austeridad para contener el déficit. Según el documento que ha elaborado para presentarse ante eventuales inversores internacionales, la plantilla de la Administración catalana y del resto del sector público autonómico habrá dado en dos años un salto cuantitativo de cerca de 13.000 personas. En ese periodo, entre 2017 y 2019, el gasto salarial está previsto que aumente un 11%, hasta los 11.042 millones de euros.

El Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda que dirige Pere Aragonès no prevé contener las previsiones de trabajadores pese a continuar gestionando la Generalitat con los Presupuestos prorrogados desde 2017. De hecho, los datos que figuran en la presentación a inversores —la Generalitat elabora el informe cada medio año pese a que no tiene intención de hacer emisiones de deuda a corto plazo— mantienen los datos de su borrador presupuestario, cuyos datos básicos fueron presentados en el Parlament pese a no tener intención de iniciar su tramitación.

El Ejecutivo de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana (ERC) evitó hacerlo al no tener opciones de sacarla adelante. Catalunya en Comú, que pasaba por ser su principal aliado para aprobar unas cuentas conjuntas, rechazó el apoyo al no encontrar una oferta convincente a sus peticiones fiscales. El Gobierno catalán ha empezado la tramitación de los Presupuestos para este año.

El grueso de esa ampliación de las plantillas de la Generalitat llega principalmente de los ámbitos de la educación, que prevé pasar de 81.600 dotaciones en 2017 a 86.931 en 2019, y de la sanidad, cuyo salto será de 72.183 a 76.755 empleados. También se prevén mejoras en el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Ese aumento en el empleo público se prevé en un contexto en el que el mercado laboral catalán creará 72.100 puestos de trabajo este año.

Los incrementos de empleo público se producirán básicamente este año. Esa circunstancia ha obligado al Departamento de Economía a habilitar un suplemento de crédito de 814 millones de euros para garantizar los mayores compromisos de gasto derivados de esos aumentos de plantillas y de los compromisos que el Ejecutivo alcanzó con los sindicatos para reducir la conflictividad laboral en el seno de la Administración.

Esas mismas necesidades forzaron al Gobierno catalán a tomar la decisión hace dos semanas de aplazar otro compromiso que habían alcanzado con los representantes de los trabajadores: la reducción de dos horas del horario semanal del profesorado mayor de 55 años, decisión que les permitirá ahorrar 144 millones de euros. Se trata de un acuerdo alcanzado en 2016 y que se ha saltado en los dos últimos años.

En el documento elaborado para los inversores no se hace mención alguna de que la Generalitat se gestiona desde hace dos años con un Presupuesto prorrogado en dos ocasiones. Esa situación provoca disfunciones entre las necesidades de gasto previstas para 2017 (el documento se elaboró a finales de 2016) y las existentes actualmente, más necesitadas de recursos.

El Gobierno catalán sí destaca en ese documento el gran esfuerzo que se ha realizado desde 2010 —cuando el déficit se situaba en su peor momento, encaramado al 4,48% del producto interior bruto (PIB)— para reducir el saldo negativo de gastos respecto a ingresos. El año pasado se situó en el 0,44%, lo que permitió cumplir el objetivo fijado por el Ministerio de Hacienda.

8.000 millones de esfuerzo

Esa reducción ha supuesto para la Generalitat un esfuerzo de reducción continua del gasto o de mejora de los ingresos, cuantificado en un total de 8.075 millones en el conjunto de los últimos siete años. De esa cantidad, no obstante, 1.000 millones de euros proceden de la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), ahora otra vez en manos de la Generalitat tras una sentencia que anuló el concurso público que la adjudicó. Ese fallo judicial ha abierto un enfrentamiento por el cobro por daños y perjuicios. El consorcio vencedor, liderado por ATLL, reclama más de 1.000 millones de euros y las dudas sobre ese cobro figuran reiteradamente en los informes de la Comisión Europea sobre la situación financiera de España, por el peso que pueden tener sobre el déficit conjunto del Estado.