La angustia de pasar años esperando un tratamiento de fertilidad en la sanidad pública de Madrid

Las mujeres o parejas que tienen problemas de fertilidad soportan larguísimas esperas para ser atendidos en la sanidad pública madrileña, lo que aumenta la angustia de los pacientes y lleva a muchos de ellos a optar por la sanidad privada. Los plazos para recibir un tratamiento de reproducción asistida —contando desde la primera visita al médico de atención primaria— en los seis hospitales públicos que lo realizan varían desde los poco más de dos años en el Hospital de Alcorcón y en el Gregorio Marañón hasta cerca de los cuatro años en el Hospital Clínico. Los datos se desprenden de una auditoría de 2018 del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Mi marido y yo nos enteramos de que teníamos problemas para concebir en 2014. Desde que iniciamos el proceso hasta que nos pusieron en lista de espera de La Paz pasó un año y medio, y luego tardamos otros dos años en iniciar el tratamiento de fertilidad”. Virginia (nombre ficticio) recuerda “la angustia y la frustración” que le supuso esa larga espera, con la incertidumbre de si podría tener hijos. En su caso, reconoce, tuvo suerte, porque cuando tuvieron la primera sospecha de infertilidad ambos eran muy jóvenes (29 años ella, 30 él). Virginia, que ahora tiene 34, consiguió concebir una niña el año pasado.

La auditoría, ofrecida como respuesta parlamentaria al diputado regional José Manuel Freire, del PSOE, muestra enormes diferencias entre los distintos hospitales públicos. “Falta planificación para atender a las necesidades con objetivos claros, protocolos y guías de actuación, dotación tecnológica, sistemas de información... Pero sobre todo faltan recursos; como consecuencia, existen demoras inaceptables en la lista de espera y una gran falta de equidad en el acceso a estos servicios”, explica Freire.

“Existen muchas dificultades de acceso a las técnicas de reproducción asistida en la pública”, continúa el socialista. “Los tiempos de espera, que en la Comunidad de Madrid, se miden en años; junto con otras limitaciones, expulsan hacia la medicina privada a un gran porcentaje de mujeres, aunque, obviamente, solo las que se lo pueden pagar. Estamos pues ante una desigualdad social muy grave en un tema muy sensible”.

Esta problemática se une a la tendencia cada vez mayor de retrasar la maternidad. Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud tan solo cubre a las mujeres menores de 40 años, que pueden realizar tres ciclos de fertilidad (cada uno con varios intentos). “Conocí a varias mujeres a las que no aceptaron con 38 años precisamente por la lista de espera hasta el proceso”, señala Virginia.

Xana G. acudió al médico con 36 años y realizó el primer ciclo con 38 en la Fundación Jiménez Díaz (FJD), privada pero integrada en la red pública. Lamentablemente, sufrió un aborto. Lo volvió a intentar y de nuevo fracasó. “Eso ocurrió cuando ya había cumplido los 40, así que ya no pude volverlo a intentar por la sanidad pública”. Por eso, con 41 ha acudido a una clínica privada, donde lleva gastados 6.000 euros para someterse a una fecundación in vitro (una inseminación artificial ronda los 1.000 euros).

El negocio de la maternidad no deja de aumentar en España: los 285 centros privados del país facturaron 467 millones de euros el año pasado, casi un 5% más que el año anterior. Según la Consejería de Sanidad, no hay datos de cuántas parejas abandonan la sanidad pública para acudir a la privada, bien por superar los 40 años, bien por las largas esperas. La Sociedad Española de Fertilidad tampoco tiene cifras de este fenómeno, mientras que el Ministerio de Sanidad no dispone de tiempos de espera en otras comunidades autónomas que permitan hacer una comparativa a nivel nacional.

A esta problemática se le añade otra: ningún hospital del SERMAS realiza diagnóstico genético preimplantacional, una técnica para conocer si el embrión posee alguna enfermedad genética. Solo se hace en la Jiménez Díaz, a donde se derivan todos los casos. Aunque es gratuito para los pacientes, el hospital privado cobra a la sanidad pública por cada diagnóstico. Además, también se derivan a la FJD otros casos de reproducción asistida, ya que sus tiempos de espera —que no aparecen en la auditoría— son más cortos. “La Jiménez Díaz se beneficia en todo del retraso del resto de hospitales. Es parte del juego para beneficiar a la sanidad privada”, dice Freire.

Plan de mejora

La Consejería de Sanidad responde que a finales de 2018 puso en marcha un plan para mejorar la reproducción asistida con contrataciones por 1,8 millones de euros, y que la partida se renovará en 2020. Esta iniciativa, explica un portavoz, ha conllevado una disminución del tiempo de espera derivado del comienzo del plan de adecuación de las Unidades de Reproducción Humana Asistida, además de que se han dado de alta de la lista de espera a las mujeres que más tiempo llevaban esperando (dando también cobertura a las mujeres con indicación de preferente).

Sin embargo, la consejería mide los datos de otra manera, “a partir de la fecha de corte”: "Se debe tener en cuenta que los datos de 2018 se extraen a través de una auditoría realizada a historias clínicas de cada centro, por lo que la demora indicada en esa auditoría se refiere a dato a fecha de cita (espera). Los datos de 2019 son demora a fecha de corte, es decir, no son los días que han pasado desde la solicitud de consulta hasta la fecha de la primera cita, sino que son los días que han pasado desde la solicitud a la fecha en la que se hace el corte", explica un portavoz. Y añade: "Demora a fecha de corte son los días que lleva una mujer activa en la lista de espera en el momento en que se realiza una foto en el registro, en nuestro caso a 30 de abril de 2019. Son los días que ha pasado desde la fecha de registro de la solicitud de primera cita hasta el día en que se hace la foto al registro para analizarlo".

Con ese baremo, la demora media para la fecundación in vitro en el Gregorio Marañón ha pasado de 302 días en 2018 a 284 en 2019; en Alcorcón, de 390 a 126 días; en el Clínico San Carlos,de 635 a 86 días; en el 12 de octubre, de 563 a 137 días, mientras que en La Paz ha pasado de 297 días a 51 días; en el Príncipe de Asturias de Alcalá, de 500 a 86 días, y en la Jiménez Díaz no hay datos en 2008, pero en 2019 es de 31 días.

Según la consejería, “la diferencia de impacto entre unos centros y otros se debe a las distintas necesidades de compra de equipación y adecuación de espacios que cada uno ha tenido que hacer”.Mientras, muchas mujeres que quieren ser madres se debaten entre seguir una espera llena de incertidumbre o gastar mucho dinero en la sanidad privada.