El exalcalde socialista de Alicante, abocado a un segundo juicio por prevaricación
Los jueces confirman el procesamiento de Echávarri por despedir a una funcionaria para vengarse del PP
El exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri está abocado a un nuevo juicio por presunta prevaricación. Un tribunal acaba de confirmar su procesamiento por despedir a una funcionaria interina, Catalina Rodríguez, para vengarse supuestamente del entonces portavoz del PP y ahora alcalde, Luis Barcala, de la que la empleada es cuñada. Echávarri sigue también a la espera de conocer la fecha de la vista contra él y dos de sus antiguos asesores por el fraccionamiento de facturas de la Concejalía de Comercio. En ambos casos, se enfrenta a peticiones de la Fiscalía de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Su doble procesamiento le empujó a formalizar su dimisión el pasado 9 de abril. Dos semanas, después, el PP, con el propio Barcala al frente, recuperó el gobierno municipal de una ciudad en la que había gobernado con mayoría absoluta durante dos décadas consecutivas (1995-2015). El candidato del PP accedió a la alcaldía por imperativo legal, al liderar la lista más votada en las últimas elecciones municipales. Barcala se hizo con la vara de mando gracias al voto en blanco de una concejal tránsfuga, Nerea Belmonte, ex de Podemos y de la coalición Guanyar Alacant, tras la investidura frustrada de la candidata socialista, Eva Montesinos.
La titular del juzgado de Instrucción 2 de Alicante, Patricia Romero, procesó el pasado mes de marzo a Echávarri por ordenar el despido inmediato de Catalina Rodríguez, una técnica de museos adscrita a la Concejalía de Cultura. Según la juez, el entonces alcalde se erigió “como fuente del derecho” y ejerció “sus facultades de forma manifiestamente arbitraria”.
Aunque el antiguo primer edil siempre ha defendido la legalidad de la medida y ha negado que respondiera a una vendetta personal, la magistrada cree que su actuación sí evidencia la voluntad de ejecutar una “represalia” contra el portavoz del PP. De hecho, tomó la decisión el 18 de abril de 2017, el mismo día que Barcala le había denunciado por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.
Para la juez Romero, el cese de la funcionaria, que fue readmitida a instancias del pleno unas semanas más tarde, “obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder”.
La sección segunda de la Audiencia de Alicante ha confirmado ahora la apertura del procedimiento abreviado acordada en marzo por la instructora. En un auto hecho público este miércoles, el tribunal considera que la resolución de la juez es “amplia y detallada” y está “suficientemente motivada”. “Con independencia de las pruebas que puedan practicarse en el acto del juicio”, los indicios de criminalidad justifican que Echávarri acabe en el banquillo de los acusados, precisa la sala.
Para los magistrados, la decisión adoptada por el entonces alcalde tiene “apariencia de arbitrariedad”. Es más, las pruebas apuntan a que subyacen en ella “motivaciones de exclusivo carácter personal y vindicativas” contra Barcala por la denuncia que éste había presentado contra él en Fiscalía por el fraccionamiento de contratos de Comercio.
La Audiencia ha desestimado así el recurso de apelación del exalcalde socialista, que reclamaba el archivo de las actuaciones. El auto deja por tanto vía libre a la magistrada Romero para decretar la apertura de juicio oral.
