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Salud ahorra un millón al echar de la red pública a una clínica privada

El hospital de Terrassa y el Parc Taulí de Sabadell gastan menos que la Clínica del Vallès por hacer la misma actividad

Jessica Mouzo
El consejero de Salud, Toni Comín.
El consejero de Salud, Toni Comín.M. Minocri

Operar en un hospital público no sale más caro que en una clínica privada. De hecho, en el caso de la privada Clínica del Vallès (CdV), donde el Departamento de Salud ha ejecutado la primera gran desprivatización de actividad pública, la Generalitat se ahorrará más de un millón. Los 7,5 millones que se llevaba hasta ahora la CdV (del grupo Quironsalud) para atender los 3.700 ingresos públicos que le derivaban, serán administrados por el hospital de Terrassa y el Parc Taulí de Sabadell, que absorberán esta actividad. Con el mismo presupuesto y volumen de actividad por hacer, Terrassa ahorrará 185.433 euros y el Taulí, 894.000.

El Hospital de Terrassa, que asumirá el 33% de la actividad desprivatizada, ha colgado en su página web un informe sobre el impacto económico de esta operación: Salud le entregará 2,4 millones para asumir los ingresos derivados hasta ahora a la CdV y el centro prevé gastar 2,2 millones para llevarlos a cabo. Les sobra un 7,6% del presupuesto, esto es, 185.433 euros.

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El Parc Taulí de Sabadell, por su parte, asumirá el grueso de la actividad que se desviaba a la clínica privada: el centro sanitario se hará cargo de 2.400 ingresos (un millar de ellos serán intervenciones quirúrgicas). Para absorber esta actividad, que supone el 66% de la desprivatización, dispondrá de cinco millones de euros y, según sus propios cálculos, el ahorro previsto será de 894.000 euros, un 17,7%.

Así, los mantras más repetidos durante el anterior gobierno de Artur Mas para justificar las derivaciones sistemáticas a hospitales con afán de lucro dentro de la red pública se han quedado sin recorrido. Según el caso, desde la Generalitat se justificaba que, o bien los hospitales estaban a rebosar y no tenían camas para atender más pacientes, o bien era más barato y eficiente derivar a la privada porque las tarifas de los grandes hospitales son más altas que las de los centros de menor complejidad.

44 camas reabiertas

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La propuesta del nuevo consejero de Salud, Toni Comín, de expulsar de la red pública a tres hospitales con afán de lucro (por este orden: la CdV, el hospital General de Cataluña y el Sagrat Cor, todos de Quironsalud) ha desmontado los argumentos de Mas. El plan ha destapado que los hospitales públicos tienen mucho más margen de maniobra (disponen de plantas cerradas y quirófanos inoperativos por las tardes que se pueden explotar). Además, pese a que las tarifas a priori pueden ser más altas, el precio final no lo es.

Para hacer efectiva la primera de las desprivatizaciones previstas, Salud ha reabierto 44 camas y ha dado la orden de realizar 23 sesiones semanales más de quirófano por las tardes. Terrassa abrirá una unidad de hospitalización con al menos 20 camas (pueden ser hasta 28) y dispondrá de dos quirófanos adicionales por las tardes. El Taulí, por su parte, ha activado una nueva unidad de pacientes crónicos con otras 24 camas y tendrá disponible también tres quirófanos más en horario vespertino.

Además, aunque las tarifas de la CdV pueden ser ligeramente inferiores a las de un hospital como el Parc Taulí, el centro sanitario de Sabadell justifica el ahorro final: la complejidad terapéutica de los enfermos que se derivan es baja y la mayoría no requerirán ingreso (la hospitalización es uno de los costes más elevados de los centros sanitarios). Además, los procedimientos quirúrgicos no requieren de gran tecnología ni materiales muy costosos y el personal adicional que se necesite es estrictamente sanitario, lo que tampoco supone un elevado coste.

Pactado con Boi Ruiz

Aunque Salud no entró ayer a valorar este ahorro, Comín ya había confirmado en una comparecencia que sí era más económico devolver la actividad a sus hospitales públicos. El consejero siempre justificó el plan de desprivatización como un retorno “al espíritu inicial de la Ley Orgánica de Sanidad de Cataluña (LOSC)”. La norma recoge que, a la hora de dar asistencia sanitaria pública, se han de priorizar los hospitales públicos o sin ánimo de lucro. Los contratos con otros centros han de ser “excepcionales”, con una duración “limitada” y sólo cuando los centros de la red pública “no sean suficientes”.

El primer centro de titularidad privada con afán de lucro que entró a la red pública fue el Sagrat Cor en tiempos del tripartirto —para salvarlo de la bancarrota, cedieron la gestión a Capio, que luego se convirtió en IDC Salud y más tarde fue absorbida por el grupo Quiron. Luego, ya con el gobierno convergente de Artur Mas, la Generalitat amplió el convenio con Capio e incluyó en la red pública a otros hospitales de su propiedad: la CdV, que desde agosto ha dejado de hacer actividad financiada por el CatSalut, y el hospital General de Cataluña, que será expulsado del sistema público a finales de año.

Con todo, pese al papel que tuvo el gobierno de Artur Mas en perpetuar la presencia de operadores privados con ánimo de lucro en la red pública, Comín defendió en una entrevista a Catalunya Ràdio que “lo que hizo el gobierno de Artur Mas fue renovar un contrato que ya heredaba del gobierno anterior”. Además, echó un capote al consejero de la época, Boi Ruiz, y reveló que la gran desprivatización del sistema sanitario fue orquestada entre él mismo y el propio Ruiz cuando el actual titular de Salud actuaba como negociador del plan de choque con la CUP.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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