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Empleo dio una ayuda a una empresa administrada por un ex alto cargo

La consejería concedió 450.000 euros a la sociedad de Francisco García con el fondo de los ERE

Javier Martín-Arroyo
El ex director general de Trabajo, Juan Márquez, en los juzgados.
El ex director general de Trabajo, Juan Márquez, en los juzgados. GARCÍA CORDERO

La Consejería de Empleo concedió una ayuda sociolaboral de 450.000 euros a la empresa Faescom 92, administrada por el ex alto cargo de la propia consejería Francisco García Martínez. El ex secretario general de Empleo y número tres de la consejería entre 2000 y 2003 recibió la subvención para la firma que administraba seis años después de abandonar la Junta, en 2009, al comienzo de la crisis. El dinero se invirtió en abonar los salarios de los 94 trabajadores de Faescom 92, una ayuda autorizada por el ex director general de Trabajo Juan Márquez, imputado en el caso de los ERE por la juez Mercedes Alaya.

La empresa de limpieza, radicada en Linares (Jaén) y auxiliar de la sociedad pública Santana Motor, cerró solo un año y medio después de recibir la ayuda al no resistir los números rojos de sus balances. El antiguo número tres de Empleo ha rechazado que la sociedad que había administrado fuera privilegiada por la Administración frente a otras empresas abocadas al cierre, y se rompiera así el principio de igualdad. “Yo conocía que Empleo tenía esas ayudas ¿Y qué hago yo si otros empresarios no las conocían?”, ha inquirido.

García ha alegado que la idea de la ayuda sociolaboral surgió de la propia consejería, dado que esta era dueña de Santana Motor y no podía quedarse sin servicio de limpieza. El exadministrador de Faescom 92 asegura que había planteado el cierre de la firma ante su inviabilidad y dado que la Inspección de Trabajo había rechazado un ERE para reducir la plantilla. Sobre la ayuda y su anterior responsabilidad, insistió: “Creo que no existe incompatibilidad legal ninguna, y ética tampoco. En 2009 ya llevaba seis años fuera de la consejería. La empresa aguantó durante un año y medio con esa ayuda para sueldos. Antes de que se me acabara el dinero, planteé cerrar la empresa, pero desde Empleo me dijeron que no cerrara, ya que dejaría a Santana sin limpieza”, ha explicado el alto cargo de la consejería, departamento dirigido por aquel entonces por José Antonio Viera, hoy diputado a Cortes.

García Martínez ha lamentado que Faescom 92 fue incluso perjudicada frente a otras del parque industrial en torno a Santana Motor, ya que antes de 2009 carecía de ayudas públicas: “El principio de igualdad ya estaba roto desde que todas las empresas del parque de Santana recibieron ayudas menos la nuestra”. El empresario asegura que en la primavera de 2010 solicitó a Márquez una segunda ayuda de 450.000 euros, que esta vez fue denegada.

La juez Alaya ya ha censurado el uso de las ayudas sociolaborales por parte de Empleo para pagar las nóminas de empresas con dificultades para evitar su cierre, como sucedió en Astilleros de Huelva y Sevilla, un intento frustrado de salvar la construcción naval. Sin embargo, la Junta ha defendido la legalidad de estas subvenciones sociolaborales excepcionales dentro del fondo para empresas en crisis que en 2001 creó Empleo.

García Martínez, ex secretario de organización del PSOE de Jaén entre 2003 y 2007, exalcalde durante 12 años y concejal socialista de su pueblo Guarromán hasta el pasado marzo, gestionó como edil una segunda ayuda para el Ayuntamiento de Guarromán de 440.000 euros procedente del fondo de los ERE en 2008. La partida 31L estaba destinada a las empresas y no a los Consistorios, pero del fondo se beneficiaron hasta 13 Ayuntamientos. De ahí que el Consejo Consultivo declarara nula esta ayuda en una resolución del pasado febrero por ignorar el procedimiento establecido, así como por su falta de concurrencia y transparencia. Los juristas del órgano asesor destacaron que Empleo concedió el dinero pese a la carencia de solicitud formal por parte del Ayuntamiento, de fiscalización previa en el expediente, de memoria justificativa y que tampoco fuera publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja).

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El PP ha censurado que García Martínez “moviera un millón de euros de ayudas de la Junta de Andalucía (...) con una facilidad pasmosa”, en palabras del secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz. El PP ya estaba al tanto de estas ayudas a Faescom 92, a tenor de la pregunta realizada por su abogado hace un año al exconsejero de Empleo Antonio Fernández durante el interrogatorio previo a su ingreso en prisión. “¿Impartió directrices para la concesión de ayudas a Faescom?” Fernández replicó: “No, y no sé lo que es”.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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