El Senado argentino asesta un duro golpe a Milei con el rechazo del megadecreto de recortes

El plan de Javier Milei para desregular de un plumazo la economía argentina ha vuelto a chocar contra el Poder Legislativo. Este jueves, el Senado argentino asestó un revés al Gobierno ultra al votar en contra del gran decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que Milei inauguró su mandato días después de asumir la presidencia, el pasado 10 de diciembre. El resultado generó tensión en el seno del oficialismo y reavivó la furia del jefe de Estado hacia la oposición política. A través de un comunicado oficial, Milei advirtió de que si fracasa el diálogo, habrá confrontación. “Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo” señaló, en referencia a la propuesta fundacional de un nuevo orden económico planteada por Milei el 1 de marzo.

El rechazo es un golpe de efecto más que uno real: las más de 300 derogaciones de leyes y reformas económicas incluidas en el decreto siguen vigentes, porque para invalidarlas se necesita el rechazo de ambas cámaras, una condición impuesta por el kirchnerismo cuando estuvo en el poder. Sin embargo, la contundente derrota —42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones— deja en evidencia que Milei debe cambiar su estrategia para evitar más traspiés legislativos en el futuro. Quiera o no, tiene que sentarse a negociar. Hace solo un mes tampoco logró que la Cámara de Diputados aprobase su ambiciosa Ley de Bases, aunque su equipo trabaja en un nuevo borrador para intentarlo de nuevo.

El partido oficialista, La Libertad Avanza, tiene solo siete senadores de 72, y 38 diputados de 257, lo que obliga al Gobierno a tejer una estrategia de pactos que por ahora se le resiste. El DNU queda ahora en manos de la Cámara baja. Si esta lo rechaza, pierde vigencia de inmediato; en caso contrario, conservará validez de ley. A día de hoy parece muy difícil que la Cámara de Diputados vote también en contra, pero es un riesgo demasiado alto para Milei. El presidente necesita el acompañamiento del Congreso para dotar a su plan económico de la solidez legal que le reclaman inversores y el Fondo Monetario Internacional.

La sesión arrancó pasadas las 11 pero el resultado adverso se veía venir desde el momento en el que el oficialismo propuso aplazar por tres semanas el tratamiento y la Cámara se lo denegó. Nueve horas más tarde, la votación confirmaba el resultado negativo.

El argumento más esgrimido por la oposición para rechazar el decreto fue su supuesta inconstitucionalidad. “Básicamente, estamos ante un abuso atroz de derecho del Poder Ejecutivo Nacional”, sentenció la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. “Voy a votar en contra porque el DNU es inconstitucional. No lo digo yo, sino que lo dice todo el espectro de constitucionalistas de Argentina”, señaló Martín Lousteau, por la Unión Cívica Radical. “Si puede modificar 300 leyes, este Congreso hay que cerrarlo”, agregó José Mayans, jefe del bloque del Frente Nacional y Popular, primera minoría parlamentaria.

Durante el debate, oficialismo y oposición se enfrentaron por los efectos del decreto y de la política económica aplicada por Milei hasta el momento. “Lo que más les duele es que estamos haciendo las cosas bien”, señaló el oficialista Ezequiel Atauche, al poner como ejemplo la senda descendente de la inflación —aunque es todavía más alta que la que había bajo el Gobierno de Alberto Fernández— y la acumulación de 10.000 millones de reservas del Banco Central. “Se abrazan todos juntos para sostener el status quo y que las cosas no cambien de verdad”, disparó Atauche. “Este DNU hace que suban cada vez más los servicios —como luz, gas y agua— y bajen los sueldos”, se opuso Mayans.

El decreto en juego modifica el Código Civil y Comercial para consagrar la libre elección de moneda en los contratos, abre la puerta a la privatización de las empresas estatales y deroga más de 80 leyes, entre ellas la de alquiler de viviendas —que deja libertad a los dueños para imponer las condiciones que quieran a los inquilinos—, la de abastecimiento, de promoción industrial y de promoción comercial. El decreto ha liberado el precio de los alimentos, de los medicamentos y de los seguros privados de salud, que han registrado notables subidas en los últimos tres meses. Además, incluye la adopción de una política de cielos abiertos para incentivar la competencia entre aerolíneas y un apartado de reformas laborales frenado por la justicia.

Tensión con Villarruel

El Gobierno negó este jueves que existan diferencias entre Milei y su vicepresidenta, pero la guerra silenciosa entre ellos es un secreto a voces. En los últimos días, Victoria Villarruel ha sido el blanco de numerosas críticas desde las filas oficialistas por considerar que no hizo lo suficiente para impedir la sesión. “No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella qué piensa. Pero lo que sí sé es que Alberto Fernández tuvo cientos de decretos sin tratar. ¿Y nosotros vamos a tratar este DNU que nos permite normalizar el mercado de alquileres, darle libertad a la gente para elegir su obra social, que declara delito penal al bloque de empresas? No entiendo”, cuestionó en la víspera el legislador oficialista José Luis Espert.

Todos los mandatarios de Argentina han firmado decretos de necesidad y urgencia durante su gestión y ninguno de ellos ha sido invalidado por el Poder Legislativo. Esa es la línea de ataque elegida por el Gobierno para cargar contra los legisladores, a los que acusa de poner palos en la rueda del cambio. “Nuevo récord histórico: la decadencia y el pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas tres meses de asumir el nuevo gobierno”, escribió el portavoz presidencial en sus redes sociales. Milei descargó su ira con retuits de las listas de los senadores que votaron en contra en los que sus seguidores los acusaban de “delincuentes” y “feudales, comunistas, socialistas, progres, populistas, estatistas”.

Protesta fuera del Congreso

Las diferencias del Senado con Milei se replicaron también en el exterior. Cientos de personas se concentraron este jueves para defender el cine argentino. Los asistentes reclamaban la continuidad de Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) después de que la Secretaría de Cultura anunciara una “reducción drástica” en la financiación de la entidad. Esta semana, el Gobierno informó de la baja de contratos, la suspensión del pago de horas extras y la cancelación de viajes, entre otras medidas, en el Boletín Oficial. “El Incaa no se vende, el Incaa se defiende”, gritaban los manifestantes. A su alrededor, un fuerte operativo policial impedía que la protesta cortara las calles.

Los trabajadores del Incaa habían convocado una rueda de prensa ante las puertas del cine Gaumont, un emblema del cine argentino a pocos metros del Congreso, que fue respaldada por diferentes personalidades de la industria. Allí manifestaron su rechazo a “los despidos y el ataque al Incaa”, defendieron la continuidad de los festivales federales, la existencia de los espacios de proyección de cine nacional, como el Gaumont, que están dispersos por todo el país, y reclamaron que las escuelas de cine permanezcan “abiertas”. “El cine pertenece a los artistas, no a los empresarios” o “El cine es historia y memoria”, son algunas de las consignas que han coreado los manifestantes. Con el paso de las horas, la tensión de la protesta fue en aumento y la policía reprimió con gases lacrimógenos a quienes desafiaban la prohibición de cortar la calle. Al menos tres personas fueron detenidas y tres agentes heridos, según la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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