Los 27 días en los que el Congreso argentino le puso un freno a Milei

“Se levanta la sesión”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados argentina, Martín Menem, el 6 de febrero. En el recinto hubo primero un murmullo. Después aplausos tímidos. Al final, aplausos más fuertes de la oposición. Tras 27 días de debate, los legisladores no habían alcanzado un acuerdo para aprobar la ley ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei para reformar el Estado. El proyecto, que ingresó al Congreso con 664 artículos y perdió casi la mitad en la discusión, se cayó en ese momento. El Ejecutivo había convocado sesiones legislativas extraordinarias para tratar la iniciativa con celeridad, pero no dio tiempo: el plazo terminó este miércoles y la ley se encuentra de vuelta en la casilla de salida.

La reacción de Milei llegó desde Israel. Había iniciado una gira internacional que lo llevaría a reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y con el papa Francisco. Desde el otro lado del mundo, lanzó una serie de mensajes furiosos en redes sociales. “Pasen y vean a los enemigos de una Argentina mejor”, escribió en mayúsculas sobre los legisladores que habían votado en contra de su ley; también compartió una lista hecha por otro usuario con nombre, foto y partido de esos diputados. Después, confesó a los periodistas en rueda de prensa que él dio “la orden de levantar el proyecto” cuando los legisladores empezaron a “descuartizar” su proyecto.

“Solicito (...) que el asunto vuelva a comisión”, pidió en el recinto Oscar Zago, el presidente de la bancada de La Libertad Avanza en el Congreso tras, supuestamente, recibir la orden de Milei. Zago dijo que sabían que “había diferencias” con otros bloques, pero que no esperaban una “emboscada”. El Gobierno acusó a los opositores de no responder a “lo que votó el pueblo” y aseguró que continuarán con su programa “con o sin el apoyo de la dirigencia política”. Federico Sturzenegger, considerado uno de los autores de la iniciativa, propuso “empobrecer” a los “grupos de interés” para avanzar en las reformas que pretende el Ejecutivo. Y Luis Caputo, el ministro de Economía, rebajó “el dramatismo”: “No afecta en lo más mínimo nuestro programa económico”.

La iniciativa de reforma del Estado, que pretende cambiar de raíz la estructura política, económica y social de Argentina, fue enviada al Congreso la última semana de diciembre. El Gobierno la bautizó Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el resto, ley ómnibus por la amplitud y variedad de temas que aborda. Llegó al plenario de comisiones con 664 artículos que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. El tratamiento empezó el martes 9 de enero y aunque el Gobierno transmitió que el contenido “no se negocia”, el proyecto empezó a perder artículos en ese momento.

Los legisladores firmaron un dictamen de mayoría, aunque con disidencias, dos semanas después. Las televisiones lo transmitieron en vivo. El trámite normalmente pasa desapercibido en el camino de las leyes hacia el Parlamento, pero esta vez tuvo enganchado a los argentinos hasta pasada la una de la mañana.

El tiempo ya le corría en contra al Gobierno. El Ejecutivo había convocado a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre hasta el 31 de enero y había incluido 11 temas que el Congreso debía tratar. El periodo tuvo que ser extendido hasta el 15 de febrero, pero ninguno de los puntos presentados por el Ejecutivo fue aprobado en el plazo que acabó este miércoles. Un informe de la ONG Directorio Legislativo señala que la tasa de aprobación que tuvieron las leyes tratadas en sesiones extraordinarias en los últimos dos mandatos, el del conservador Mauricio Macri (2015-2019) y el del peronista Alberto Fernández (2019-2023), fue de el 41%. Fernández, por ejemplo, convocó al comienzo de su último año como presidente sesiones extraordinarias para tratar una treintena de leyes, pero solo pudo reunir in extremis a los diputados suficientes para llevar a cabo la primera y única sesión antes de que arrancara el año legislativo.

El tratamiento del proyecto de ley ómnibus de Milei finalmente empezó en el interior del recinto el miércoles 31 de enero mientras en el exterior partidos políticos y organizaciones de izquierda protestaban contra una iniciativa que consideran que “ataca conquistas” logradas. Las fuerzas de seguridad, desplegadas por la ministra Patricia Bullrich como parte de su protocolo de acción contra las manifestaciones callejeras, se enfrentaron a los manifestantes y reprimieron durante tres noches. Fue la semana más calurosa en lo que va del verano, la primera ola de calor del año.

El viernes, los legisladores aprobaron la ley en lo general. Fue la primera victoria de Milei en el Congreso, donde solo cuenta con 38 diputados propios de los 257. La iniciativa tuvo 144 votos positivos y 109 negativos. El apoyo vino del PRO, el partido que llevó a la Presidencia al conservador Mauricio Macri en 2015, de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, de parte del peronismo y de algunos legisladores de fuerzas regionales; el rechazo llegó sobre todo del peronismo de Unión por la Patria y de la izquierda.

El proyecto había perdido, sin embargo, la mitad de los artículos originales. Los puntos más polémicos, como la delegación de facultades legislativas, que Milei pretende que sea por hasta cuatro años, y la privatización de empresas públicas además serían sometidos, uno por uno, a una segunda votación el siguiente martes. Pero ese día el rechazo de artículos fue muy superior al previsto y el Gobierno decidió devolver el proyecto a la discusión en comisiones. “Se levanta la sesión”, dijo Martín Menem. La duda que surgió entonces fue si el oficialismo sabía que con su decisión la ley volvía a la casilla de salida, al principio del debate maratónico que tuvo a los argentinos entretenidos en el receso del verano.

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