El Gobierno de Milei corre contra reloj para aprobar la ley que pretende desmantelar el Estado argentino
El Ejecutivo acelera las negociaciones y alarga el plazo de las sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero para que el Congreso vote aprobar o rechazar el proyecto
El Gobierno argentino avanza contra reloj para aprobar su ley de reforma del Estado en el Congreso. El presidente Javier Milei presentó a finales de diciembre una megaley que dota al Ejecutivo de facultades extraordinarias y cambia buena parte de la estructura política, social y económica de Argentina. El mandatario pretendía que la iniciativa fuera tratada de forma exprés y aprobada sin modificaciones. Pero su partido, La Libertad Avanza, ha tenido que negociar con otros bloques parlamentarios y ceder en algunos de los reclamos para que su iniciativa tenga posibilidades de ser votada en el Congreso. El dictamen en comisiones tendría que haber llegado antes de este domingo, algo que no ocurrió, y el Ejecutivo se ha visto obligado a prorrogar el plazo de sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero para que la iniciativa pueda llegar a la Cámara, donde el partido de Milei está en minoría.
La iniciativa está siendo tratada en tres comisiones especializadas desde hace dos semanas. La oposición y expertos independientes han expuesto sus opiniones y reparos sobre la ley, mientras que integrantes del Gabinete de Milei han defendido el proyecto. La iniciativa debía obtener dictamen antes de este domingo —es decir, 10 días antes de que termine el periodo de sesiones extraordinarias convocadas originalmente hasta el 31 de enero—. Después, podría pasar a la Cámara de Diputados para ser votada. Como eso no ocurrió, el Ejecutivo amplió el plazo de las sesiones extraordinarias. El viernes por la noche, con un decreto, lo extendió hasta el 15 de febrero y se concedió así más tiempo para seguir negociando.
El Gobierno confía en que su apertura a negociar lo que ha bautizado como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” acelere el proceso. “Habernos cruzado con una oposición razonable nos pone contentos”, ha dicho este viernes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, que evitó hablar de “negociaciones” con la oposición durante su conferencia de prensa diaria. “Nosotros no negociamos, pero aceptamos todas las sugerencias. El Gobierno tiene todas las intenciones de trabajar el fin de semana sobre la ley”, dijo Adorni.
Desafío en las calles
La semana que comienza será tensa en Buenos Aires. Los ojos estarán puestos en el Congreso, donde un posible dictamen aclarará después de semanas de especulaciones qué diputados se alinean con el Gobierno para impulsar la reforma. Ante sus puertas, además, el Gobierno vivirá otro desafío en las calles, probablemente el más grande hasta ahora. La Confederación General del Trabajo, la central obrera más fuerte del país, convocó a una huelga con movilización el miércoles frente al Congreso, a la que esta semana se han sumado los sectores más amplios del peronismo, que han anticipado su rechazo a las medidas.
El despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino del expresidente neoliberal admirado por el actual mandatario, ha sido estos días un centro de diálogo con esa “oposición razonable” que celebra el portavoz presidencial: el PRO del expresidente Mauricio Macri, la centrista Unión Cívica Radical, y un amplio bloque de peronistas federales y escisiones de fuerzas minoritarias. El periodista político Carlos Pagni ha definido a este nuevo bloque como un centrão criollo, en referencia al gran bloque de congresistas no alineados en los que otro ultraderechista, Jair Bolsonaro, se apoyó para gobernar Brasil entre 2019 y 2022. La ultraderecha argentina tiene 38 diputados propios entre 257 escaños, y los 94 votos que suma este bloque ya se pintan fundamentales y dispuestos para el Gobierno de Milei.
Con su apoyo, el Gobierno espera aprobar una ley ómnibus que mandó el Congreso el pasado 28 de diciembre. El proyecto tiene 664 artículos con los que, entre una larguísima lista de reformas, Milei pretende cambiar el sistema de pensiones, privatizar las empresas del Estado, habilitar un blanqueo de capitales, arancelar la universidad pública para extranjeros o concederse facultades legislativas por un periodo “de emergencia” prorrogable hasta el final de su mandato, en 2027. El Gobierno defendió durante semanas su legitimidad para imponer la ley aupado en la popularidad que mantiene tras un mes de mandato. “Está claro que la sociedad acompaña. La pregunta es si los políticos van a estar a la altura de las circunstancias”, amenazó el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras anunciaba el pasado 10 de enero que el Fondo Monetario Internacional había vuelto a habilitar los giros a Argentina tras ver con buenos ojos el ajuste fiscal que empezó en diciembre.
Pero la ley no será aprobada como el Gobierno pretende y este deberá dar el brazo a torcer si quiere el respaldo de bloques opositores. Según informa la prensa local, el Gobierno ya ha accedido a eliminar o modificar algunos de los puntos más polémicos de su ley ómnibus y ha reconocido “errores” en la redacción del texto. El Gobierno aceptó, por ejemplo, revisar la delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo, que en el proyecto original está prevista para un periodo de dos años —prorrogables a cuatro— y que la oposición reclama que sea de un año prorrogable por otro. El Gobierno también aceptaría abandonar los impuestos especiales a las “economías regionales”, como se llama en Argentina a los productos de exportación como cítricos, algodón, yerba mate o tabaco que se obtienen fuera de la pampa húmeda; eliminaría a la petrolera estatal YPF de la lista de empresas públicas a privatizar; o desistiría de su reforma electoral e incluso de la del sistema de pensiones.
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