La medicina amarga de Bukele es un atajo para satisfacer sus intereses

La segunda parte de la saga de la medicina amarga de Nayib Bukele, anunciada en la toma de posesión de su primer mandato inconstitucional, tuvo como primera víctima a los empleados del Ministerio de Cultura. La medida, disfrazada de un aleccionamiento a quienes “promueven agendas oscuras” por haber autorizado la presentación de una obra de teatro interpretada por artistas drags, es en realidad una excusa para desarmar la institucionalidad con la que ya no le interesa guardar las apariencias. Fuentes consultadas por EL PAÍS aseguran que, en realidad, “eso fue una excusa, porque entre los cesados hay personal que nada tiene que ver con eso, por ejemplo empleados administrativos, de comunicaciones y de la dirección de Arqueología”. Las fuentes pidieron anonimato, una porque está a la espera de su compensación por despido y otra porque no quiere engrosar las listas de los despidos. En el régimen de Bukele, hablar con la prensa tiene represalias.

Lo que una vez fue una apuesta estratégica en el Plan de Gobierno de Bukele se ha convertido ahora en una institución mermada y desdentada de su poder legal, por medio de una reforma que prioriza lo privado sobre la protección de lo público.

El Ministerio de Cultura ha sido históricamente una de las carteras de Estado que menos ha interesado a los gobiernos de turno. Apenas en 2018 dejó de ser una secretaría de la Presidencia, después de 17 años de haber sido una dependencia del Ministerio de Educación. En 2019, cuando Bukele ganó constitucionalmente la presidencia, Suecy Callejas, delegada de cultura del partido Nuevas Ideas declaraba a la institución como un paciente en coma. “Yo creo que está en coma. Han tenido la oportunidad de desconectarlo varias veces, pero aun así les parecía que es necesario”. Ahora, como vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Callejas dio su voto y aplaudió una reforma aprobada con dispensa de trámite que puso al ministerio en estado vegetal.

El oficialismo no cumplió con ninguna de las apuestas contempladas para el Ministerio en el Plan Cuscatlán, la plataforma de Gobierno de Bukele para el período 2019-2024. Según la misma Callejas, ese plan era el reflejo de los ideales del partido, donde la cultura se entendía “como un derecho humano, como una necesidad”, y por eso le iban a apostar a la modernización de la red de Casas de la Cultura –un espacio de encuentro en donde se daban talleres de educación artística y en algunos casos era el único acceso a biblioteca para algunos habitantes–y la educación artística en todos los niveles. La memoria histórica y la reconciliación tendrían un rol clave para ejecutar estos proyectos. Sin embargo, en cinco años ocurrió lo opuesto.

Desde noviembre 2023 se han ido cerrando paulatinamente las Casas de la Cultura, incluida la de El Mozote, inaugurada en 2012, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su eliminación por decreto el pasado 5 de julio es solo una formalidad.

“El objetivo es optimizar los recursos públicos y hacer un trabajo más eficiente dentro del Ministerio de Cultura”, aseguró el diputado oficialista Raúl Chamagua, pero sus palabras son solo un guion que el oficialismo ahora repite para justificar el desmembramiento institucional. En 2022, por ejemplo, los diputados oficialistas dijeron lo mismo de la decisión de disolver la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), una institución clave para recolectar datos sociodemográficos que permitían evaluar políticas públicas, como la pobreza, la desigualdad, el uso del tiempo, entre otras. La modernización prometida por los diputados del presidente en aquel entonces consistió en trasladar las funciones de la Digestyc al Banco Central de Reserva, una institución con funciones totalmente opuestas.

La optimización del uso de los recursos del Estado que realmente interesa al partido de Gobierno es la de agilizar los permisos de construcción, razón por la cual la reestructuración del Ministerio de Cultura estuvo acompañada de reformas a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural, una ley clave para denunciar la destrucción de patrimonio arqueológico y cultural. Uno de esos casos ocurrió en 2017, cuando Bukele era alcalde de San Salvador, y el equipo de arqueólogos del Ministerio, amparados en la Ley, detuvieron las obras de remozamiento del Centro Histórico de la capital. En aquel momento, Bukele se saltó la normativa y usó la matonería para salirse con la suya y poner cemento donde los arqueólogos debían excavar.

Bukele no es el único al que esta ley le ha estorbado, pero sí es primero en modificarla a su antojo exitosamente. En 2018, diputados de la derecha legislativa decidieron que había que hacer una interpretación auténtica al inciso 2 del artículo 8 en respuesta a la destrucción de Tacuscalco, un sitio arqueológico de primer orden. Este inciso establece que “los planes de desarrollo urbano y rurales, los de las obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que, de un modo u otro, se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del ministerio a través de sus respectivas dependencias”. Para el caso de las urbanizaciones, por ejemplo, la entidad responsable suele ser la empresa constructora. La reforma fue vetada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, pero para entonces la residencial ya había sido construida y anunciaba la venta de casas. Una vez que Bukele llegó al poder, su ministerio de Cultura decidió que una multa de 30.000 dólares era suficiente para cerrar el caso.

La reforma de Bukele establece que ya no será el Ministerio de Cultura el responsable de los permisos y que el presidente será el encargado de “adecuar el reglamento” de la ley. Para ello, el Ejecutivo pidió el pasado 26 de julio que se cree la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción, una institución autónoma que busca “mejorar el clima de negocios e impulsar procesos de transformación y generación de ciudades prósperas, resilientes e inclusivas” por medio de la agilización de los trámites. Si bien la dirección de Arqueología sobrevivió a la reestructuración, así sea con apenas dos arqueólogos, sus funciones han sido reducidas a lo académico.

Hugo Díaz, exjefe de Arqueología del ministerio que tuvo a cargo las inspecciones en las plazas del Centro Histórico a las que se opuso Bukele y la defensa por la destrucción de Tacuscalco explicó a EL PAÍS que la reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural aprobada el pasado 6 de julio legaliza la desprotección del patrimonio, ya que lo habilita para eliminar la declaratoria de bien cultural a aquellos sitios que han sido previamente intervenidos, ya sea por el Estado o un privado. “Con ello, el ministerio renuncia a su función de garante y atenta contra el interés público implícito en patrimonio cultural”, sostiene. Según la Ley salvadoreña, existe una obligación de notificar a las autoridades de cultura el hallazgo fortuito de bienes culturales, pero bajo la nueva normativa esto puede significar, según amplía Díaz, “en la autorización de proyectos de construcción en los que se ha devastado patrimonio cultural argumentando que ya no existe valor cultural que proteger, así como, desconocer el derecho de protección y desarrollo de los legados culturales que las comunidades y pueblos indígenas tienen en el manejo, reporte y registro de sus expresiones patrimoniales”. Es decir, que el Ministerio pasará de ser el ente protector de los bienes culturales y patrimoniales a ser su verdugo.

A Bukele le gusta comparar El Salvador con los países del primer mundo para decir no tiene nada que envidiarles, pero el desarrollo voraz que impulsa no tiene ningún interés por resguardar lo patrimonial; prefiere, en cambio, deslumbrar con el uso exagerado de luces LED y cerámica brillante. El centro histórico de San Salvador ha sido remozado paulatinamente para desalojar a los comerciantes locales y reemplazarlos por franquicias. Incluso aquellos edificios que, como alcalde, Bukele consideraba icono del Centro Histórico fue demolido en nombre de la modernización. Al presidente le interesa el patrimonio solo sí va de la mano con sus intereses.

Para Joaquín Aguilar, arquitecto restaurador que ha supervisado por años distintos proyectos de rehabilitación en el Centro Histórico, la reforma a la Ley de Patrimonio es una medida que en papel parece ser buena, pero en la práctica peligrosa. Si bien admite que es importante que se agilicen los trámites que, por distintas razones, estaban paralizados cuando el Ministerio de Cultura era el encargado de los permisos, dar poderes absolutos al Ejecutivo no es indicativo de que el interés principal sea el resguardo de los bienes culturales. “La ley está hecha para evitar obstáculos en la toma de decisiones arbitrarias”, dice y teme que lo que más peligra en el Centro Histórico son las obras monumentales de arquitectura de lámina y madera. Destaca que lo que se ve como casas viejas y sucias son en realidad obras que dotan de identidad y carácter único a la ciudad. Sin embargo, las autoridades actuales “no tienen idea de lo que es restauración, valor histórico ni estético”, agrega y lamenta que no haya espacio para el diálogo. Ya tienen ideas fijas, sentencia.

Mientras Bukele reparte la dosis de medicina amarga entre los empleados públicos, sueña con montar la primera planta nuclear en Centroamérica, para lo cual se ha aliado con Argentina, en quien por ahora tiene, gracias a Javier Milei, su principal socio en la región.

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