La fiscal general, la piedra en el zapato del nuevo presidente de Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscal general, Consuelo Porras, estrecharon fugazmente las manos a inicios de esta semana previo a iniciar la reunión del gabinete de ministros y secretarios de Gobierno en Casa Presidencial. Ella es la responsable, según el mandatario, de intentar fraguar un golpe de Estado en su contra el año pasado y él, el presidente que ganó el cargo prometiendo luchar contra la corrupción.

De pie y con el rostro serio, Arévalo tomó la mano de Porras, quien, según una fotografía oficial, parecía sonreír al saludarlo sentada en una de las sillas del salón de reuniones. Esa es hasta el momento la única imagen que hay de ellos juntos. Esto sucedió el pasado lunes cuando, por segunda ocasión, el presidente intentó reunirse con la fiscal a quien, públicamente y antes de asumir el mandato, anunció que le pediría la renuncia.

El primer intento de Arévalo de platicar con Porras fue el 24 de enero, pero ella no asistió porque dijo que no estaba “supeditada a ningún poder del Estado” y que tampoco podía conversar sobre investigaciones en curso. Así que el presidente la convocó el pasado 29 de enero para que asistiera a la reunión semanal del gabinete presidencial. Ella acudió, pero se retiró para no incurrir en “ilegalidades”.

La fiscal general explicó a EL PAÍS a través de su departamento de prensa que el presidente comenzó la sesión con un Consejo de Ministros, lo que señaló que era ilegal porque para eso primero tuvo que elaborar un acuerdo gubernativo, crear un consejo especial y establecer los temas a tratar. “Fue un tecnicismo bien rebuscado, pero simple y efectivo. Pudo salir bien librada del tema porque con eso dio cumplimiento a la citación, a la ley orgánica, pero tampoco se expuso”, comentó Javier Monterroso, exsecretario general del Ministerio Público (MP) durante la administración de Claudia Paz y Paz.

Arévalo “cerró la reunión y se inició como reunión de gabinete [...] la misma no reunía las condiciones legales establecidas en la Ley [...] se les hizo ver las deficiencias jurídicas que hacían inviable llevar a cabo la reunión de Gabinete específico”, explicó Porras y se retiró de la sala.

Poco después, en conferencia de prensa, Arévalo advirtió que el Gobierno examinaría las acciones legales a tomar contra la fiscal. Más tarde, Juan Luis Pantaleón, vocero de la fiscalía dijo en un video publicado en las redes sociales oficiales que Porras envió un oficio al presidente para invitarlo a una reunión para el 7 de febrero en la sede del MP para sostener “una reunión de trabajo para coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito”.

“A mí me cuesta entender la ecuación del presidente y su equipo y se me hace que los incidentes de esta semana no aportaron ninguna claridad”, señala el analista político Édgar Gutiérrez. “Creo que un buen planteamiento de las faltas de la fiscal general ante la Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad podría dar pie a una revisión judicial de actuación de la señora”, indica el también excanciller.

Al día siguiente del fallido encuentro entre Arévalo y Porras en Casa Presidencial, un grupo de diputados presentó al pleno del Congreso de la República una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del MP y así buscar la remoción de la fiscal general de su cargo. El documento fue remitido para su trámite a una comisión de trabajo que tiene 45 días para analizar, corregir o sugerir cambios y, en caso positivo, retornarla al pleno para su discusión. Luego la iniciativa debería contar con, al menos, 107 votos a favor de los 160 diputados que conforman el Legislativo para su aprobación.

Cambiar de estrategia

Cuatro analistas consultados y la exfiscal general Thelma Aldana coinciden en que el presidente ya no debería intentar más reuniones con Consuelo Porras porque esto solo le generará un desgaste político y cumplir con la invitación en el MP no debería ser su prioridad. En todo caso, puede delegar en un representante o crear un consejo de ministros especial para llevarla a su cancha.

“Esta es una batalla que responde todavía al resultado de las elecciones. Ella se va a atrincherar y a encontrar todos los argumentos legales para irse del puesto. Si él encuentra cómo quitarla, ella va a meter un amparo, pedirá auxilio a las Cortes y vamos a seguir en esta judicialización absurda por un buen tiempo”, dijo Roberto Alejos, expresidente del Congreso y analista político.

En 2022, la fiscal general fue incluida en la lista de actores corruptos, conocida como lista Engel, por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Tanto ella como su esposo tienen además prohibiciones para ingresar a ese país. “Si Estados Unidos pidiera, por ejemplo, su extradición, ese calibre de sanciones contribuiría a distensar el momento y provocaría una salida inmediata”, sugirió el politólogo Renzo Rosal.

Porras no es grata en el cargo por sus intentos, calificados por organismos internacionales y nacionales, de “socavar la democracia” y la persecución judicial que desató en los últimos dos años no solo contra Arévalo, sino contra defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y magistrados. La semana pasada, la secretaría general de la Presidencia recibió una petición de renuncia para Porras firmada por 140.000 personas. Sin embargo, la fiscal ha dejado claro que no renunciará y que se mantendrá al frente del MP hasta concluir en mayo de 2026.

Consultada por EL PAÍS sobre si Arévalo asistiría a la próxima semana a la citación de Porras y qué otras acciones tomará, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia respondió que están analizando las acciones y la ruta legal a seguir.

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