Bernardo Arévalo cita a su verdugo, la fiscal Consuelo Porras, para pedirle cuentas de su cuestionada gestión en Guatemala

Una de las primeras decisiones que Bernardo Arévalo ha adoptado tras tomar posesión como presidente de Guatemala fue la de invitar a su despacho a su verdugo: la fiscal general Consuelo Porras, quien hasta el final intentó descarrilar la investidura del catedrático progresista y su agrupación política, el Movimiento Semilla. La funcionaria está citada al despacho presidencial el próximo miércoles 24 de enero para que presente un informe detallado de diferentes temas durante su gestión al frente del cuestionado Ministerio Público.

En septiembre pasado, en medio de los torpedos de la Fiscalía para impedir su ascenso, Arévalo acusó a Porras de dirigir un intento de “golpe de Estado”. Al mismo tiempo, en las semanas previas a su investidura el hoy presidente sostuvo que pedirá su renuncia. Sin embargo, no será tarea fácil.

Porras solo puede ser retirada de su cargo de fiscal general si previamente existe una sentencia condenatoria en su contra, de acuerdo con un fallo del máximo tribunal guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad. Los togados rechazaron las solicitudes que pretendían abrir camino para destituir a la fiscal general, sancionada en mayo de 2022 por Estados Unidos “debido a su participación en hechos significativos de corrupción”.

Pero también Porras comandó reiterados intentos por cancelar el partido político Movimiento Semilla, así como órdenes de captura contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también secuestro de cajas que contenían documentos de las elecciones celebradas el 25 de junio y el 20 de agosto. Durante los últimos tres meses, miles de indígenas de toda Guatemala mantuvieron un plantón ininterrumpido frente a la sede de la Fiscalía, en la capital del país centroamericano, exigiendo la renuncia de Porras por intentar boicotear “la voluntad popular expresada en las urnas”.

El presidente Arévalo le pidió a Porras rendir informe sobre sus criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión, siendo el más sonado el del periodista José Rubén Zamora, arrestado desde julio de 2022. El mandatario también exigió en la carta enviada a la fiscal general avances en la investigación por anomalías en la compra de vacunas covid-19. Al mismo tiempo, solicitó a la Fiscalía que informe sobre el progreso en procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por ahora no se conoce la reacción de Porras al llamado de Arévalo.

El Congreso sigue en el limbo

Otro frente que mantiene abierto el Movimiento Semilla es en el Congreso guatemalteco: los diputados volverán a elegir al presidente de la Cámara por mandato de la Corte de Constitucionalidad. Samuel Pérez Álvarez, del Movimiento Semilla y electo tras una larga jornada de tensión el domingo 14 de enero, cederá su puesto para la nueva votación, cuya fecha no ha sido establecida. “No vamos a entrar en una batalla truqueada. La Corte de Constitucionalidad no nos dará la razón, aunque la tengamos, porque su objetivo es atentar en contra de la soberanía popular”, enfatizó Pérez. “Vamos a dar un paso al costado de nuestros dos espacios en la junta directiva para proteger la gobernabilidad del país y promover la agenda legislativa, manteniendo los acuerdos alcanzados con la mayoría que hemos construido en el Congreso”.

Este miércoles, la Corte de Constitucionalidad aceptó de manera provisional varios recursos legales en contra de la elección de la nueva junta directiva del Congreso, presidida por Pérez. El tribunal indicó en un comunicado que avaló un recurso presentado por la diputada Sandra Jovel, que perdió la elección a la presidencia del Congreso el domingo. Jovel sostiene que los diputados del Movimiento Semilla se encuentran suspendidos legalmente.

La suspensión de los diputados del Movimiento Semilla emana, según Jovel, de una orden penal del pasado 12 de julio, dictada por el juez Fredy Orellana, acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de socavar la justicia y de corrupción. El caso penal a cargo de Orellana obedece a un supuesto delito de firmas falsas en la fundación del Movimiento Semilla en 2018, que el mismo Arévalo denunció en el primer semestre de 2023.

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