Un juez y el fiscal que investiga a opositores vuelven a la carga contra la candidatura progresista en Guatemala

El candidato del progresista Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, avanza hacia el balotaje por la presidencia de Guatemala con el lastre de una investigación a cargo de la Fiscalía que ha promovido la criminalización de exoperadores de justicia y periodistas, como el director de elPeriódico, José Rubén Zamora, y el exfiscal anticorrupción Francisco Sandoval. Con varias pesquisas aún en desarrollo, la Fiscalía consiguió que un juez menor le ordene “de urgencia” al Tribunal Supremo Electoral la cancelación de la personería jurídica del Movimiento Semilla, un partido que propone el combate de la corrupción y contener el autoritarismo que se ha profundizado durante el Gobierno de Alejandro Giammattei. El tribunal electoral se ha negado a cumplir con la orden, que supone una intromisión en sus funciones y es inviable con un proceso electoral en marcha.

Las presiones para la inhabilitación del Movimiento Semilla no cesan y este martes el juez Fredy Orellana y la Fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche han vuelto a la carga. El juzgador instruyó una investigación contra el funcionario electoral que desobedeció la orden para cancelar el partido, considerada ilegal por la mayoría de juristas, y se confirmó que ha girado órdenes de captura contra dos exmilitantes del Movimiento Semilla, Cinthya Rojas y Jaime Gudiel, quienes tendrían que ver supuestamente con las adhesiones irregulares para la conformación del grupo promotor del Movimiento Semilla, el caso penal con el que se busca hacer sombra a la candidatura de Bernardo Arévalo.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) también avanzó al presionar al Registro de Ciudadanos para que informe si cumplió con la cancelación del partido. El Tribunal Electoral entregó el informe y se aferra al amparo que la sala Constitucional otorgó al Movimiento Semilla y que protege y garantiza el desarrollo de la segunda vuelta electoral con los candidatos ya oficializados: Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y Bernardo Arévalo, de Semilla. Y con el balotaje electoral en marcha y previsto el 20 de agosto, ya lo ha señalado el tribunal, no se pueden cancelar partidos políticos.

La iniciativa de Orellana por investigar al Registro de Ciudadanos se considera un “abuso de poder” por parte del equipo legal de Semilla, que recusó al juez por lo que considera falta de imparcialidad y mala fe. El partido, un grupo de abogados y la organización Acción Ciudadana han denunciado penalmente a Orellana por dictar resoluciones violatorias a la Constitución, entre otros delitos, como el prevaricato.

El caso que la Fiscalía llama Corrupción Semilla surge por la denuncia de un ciudadano ante la falsificación de su firma durante la conformación del grupo promotor del partido político Movimiento Semilla, en la que tendrían que ver los dos exmilitantes con orden de captura. En las últimas semanas, que coinciden con el avance de Semilla a la segunda vuelta, la Fiscalía a cargo de Curruchiche ha pisado el acelerador en las investigaciones de la denuncia que recibió en mayo del año pasado. El fiscal ha tratado de disolver las sospechas sobre las motivaciones políticas del caso al asegurar que recibió un informe pericial el 11 de julio, un día antes de que el Tribunal Electoral hiciera oficiales los resultados de las votaciones de la primera vuelta, celebrada el 25 de junio.

La participación de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto, está asegurada por un amparo que la Corte de Constitucionalidad le ha otorgado al Movimiento Semilla, pero que deja la vía libre para las acciones de persecución penal que se gestan desde la Fiscalía, que investiga a periodistas, operadores de justicia y actores incómodos para el Gobierno. En sus mítines, el sociólogo de 64 años y actual diputado de Semilla, no rehúye hablar de un caso “fabricado” y recalca ante sus simpatizantes que se trata de “un caso espurio”. “¡Van a seguir asustándonos, intimidándonos, amedrentándonos y van a usar cualquier excusa para tratar de atacar la primavera que avanza como huracán!”, arengó el candidato este pasado domingo ante la multitud en un poblado rural al occidente del país.

La semana pasada, la Fiscalía allanó el Registro de Ciudadanos, la dependencia que tiene a su cargo la autorización de las agrupaciones políticas, y se llevó toda la documentación relacionada con el Movimiento Semilla. El operativo duró más de 10 horas y estuvo a cargo de agentes con gorros pasamontañas y fuertemente armados, un despliegue que sorprendió incluso a los magistrados del Tribunal Electoral. Ante la desconfianza por posibles alteraciones en los registros, el tribunal se adelantó a informar que “tiene una copia de respaldo de todos los documentos que se llevó la Fiscalía”.

Golpear al símbolo anticorrupción

Más allá de los enredos legales y judiciales, el caso cumple la función mediática de desgastar la imagen de los dirigentes del Movimiento Semilla y de poner en duda la actitud de rechazo contra la corrupción que los diferencia de otros partidos y les situó en la preferencia del electorado que votó contra el sistema, analiza el politólogo Luis Mack. En las votaciones del 25 de junio, Arévalo alcanzó un 12% en la preferencia de los ciudadanos, frente a un 15% de su contendiente Sandra Torres. Un 17% de los 5,5 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas se decantó por el voto nulo.

El Ministerio Público ha divulgado dos grabaciones en las que Curruchiche habla sobre el caso Corrupción Semilla que surge a partir de la denuncia de un ciudadano a quien se le falsificó la firma durante la conformación del grupo promotor del Movimiento Semilla. Ese grupo debía reunir más de 23.000 adhesiones. En ninguno de los dos videos que ha producido el fiscal Curruchiche ofrece detalles sobre el hecho denunciado, no especifica quién falsificó la firma ni bajo qué circunstancias.

En sus videos, Curruchiche asegura que a otras nueve personas se les habría falsificado la firma, pero no cuenta con los análisis grafológicos que lo confirmen. El fiscal también presenta errores en dos formularios de adhesión de simpatizantes ―una muestra ínfima si se tiene en cuenta que el partido debió de presentar alrededor de 2.000 formularios― y asegura que hay anomalías en más de 5.000 firmas. Los análisis científicos u otros medios que confirmen sus señalamientos “están pendientes”, apunta Curruchiche.

El fiscal nacional de Movimiento Semilla, Juan Guerrero, apunta a una mala fe por parte de Curruchiche al advertir que las hojas de adhesión que cuestiona en sus grabaciones ya han sido evaluadas y rechazadas por el Registro de Ciudadanos, es decir, que no se tomaron en cuenta en los trámites para la autorización del partido. Es decir, que Curruchiche trata de llevar al plano penal un asunto que ya se resolvió de forma administrativa, sostiene, pero que es conveniente adelantar ahora que Semilla se erige como la opción antisistema. “Es una venganza de los aparatos externos al Ministerio Público que no vieron venir a Semilla”, afirma Guerrero a EL PAÍS.

Curruchiche asegura que Semilla pagó 7 quetzales (0,90 dólares) por cada firma, unas 5.000 falsificadas, según la teoría fiscal aún no confirmada, y por eso dirige su investigación bajo el delito de lavado de dinero. De no ser por esa sospecha de lavado de dinero, el caso tendría que estar a cargo de otra Fiscalía.

La mala fe también se evidencia, según Guerrero, porque la dirigencia de Semilla se enteró de la falsificación de la firma de un ciudadano y por ello denunció la situación ante el Ministerio Público, pero ahora son ellos quienes están bajo escrutinio. Sobre el supuesto pago por firmas, Guerrero aclara que se trata de los contratos con dos agentes para recopilar adhesiones, a quienes se les pagó por cada firma válida. Y esos contratos ya los tiene el Ministerio Público, asegura.

La desviación del poder

Las circunstancias en que se activa el proceso contra el Movimiento Semilla demuestran que se trata de un caso clásico de “desviación de poder”, afirma a EL PAÍS el abogado internacionalista Cristian González. Su planteamiento se basa en que los actores en el poder encuentran artículos para citar o un tipo penal que aplicar para encubrir motivaciones o finalidades arbitrarias. La finalidad es anular al partido y desgastar la imagen pública de sus candidatos, de acuerdo con varios analistas, así como confundir a la población hasta que opte por la indiferencia.

En el caso Semilla, la Fiscalía ha señalado que no se pidió la cancelación del partido, sino “una medida cautelar para cancelar la personería jurídica” de la formación, aplicando la ley contra la criminalidad organizada y no la normativa especial y de rango constitucional que regula todo lo relacionado con las organizaciones políticas.

La estrategia usual de los actores que desvían el poder es confundir a la población con supuestas pruebas de que existen acciones ilegales, como González observa en la causa contra Semilla, pero no se explica la selectividad de la persecución penal ni por qué se ejercen las acciones en determinado momento, es decir, por qué se audita a uno de los 30 partidos en Guatemala y justo a las puertas del balotaje.

La avanzada penal contra Semilla ahonda en una estrategia de supresión de candidatos y lograr que la población no tenga más alternativa que votar por las opciones afines a la corporación en el poder. Tres candidatos presidenciales quedaron fuera de contienda por resoluciones judiciales, en el proceso más observado y frágil de la era democrática en Guatemala. El analista Marco Canteo sostiene que se busca “anular cualquier posibilidad de cambio por pequeño que sea”. Las acciones se asemejan a la dinámica del juego del martillo, que va de golpear las cabezas según se destacan, como lo hizo Semilla en las elecciones del 25 de junio.