Trabajo quiere repartir al 50% el dinero para políticas de empleo y paro

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, aboga por que la cantidad destinada en los fondos para la formación de los desempleados sea "al menos" la misma que la dedicada a los ocupados, frente al 60% de ese reparto que reciben estos ahora y el 40% que va a la formación de los parados. Tras reunirse con los responsables autonómicos de empleo para analizar la reforma de las políticas activas de empleo, Gómez ha señalado que en la actual situación es conveniente redistribuir mejor esos fondos, al menos la mitad para cada caso, que supondría que se repartiera los 2.100 millones a partes iguales. Con ello, lo que se busca es también "acortar la permanencia en el desempleo, no con sanciones y sí con apoyo y un mejor trabajo de formación".

El ministro ha señalado que se intentará que no haya mucha diferencia entre lo que recibirá cada comunidad autónoma, ya que una cosa es preservar la unidad de mercado, "que se hace teniendo la misma regulación laboral" y otra aplicar las mismas políticas para realidades distintas. Sobre el reparto, el Gobierno se ha comprometido a cristalizar la transferencia de las políticas activas a País Vasco y Canarias dentro de los acuerdos con PNV y CC para sacar adelante los Presupuestos de 2011.

Sobre la posibilidad de endurecer las normas para quienes no buscan activamente o rechazan un empleo, como va a hacer David Cameron en Reino Unido, ha dicho que ya hay normas que penalizan esas situaciones y que el problema más acuciante es que hay poca oferta de trabajo, y en solucionar eso es donde hay que incidir y "no en penalizar al desempleado".

Calendario "ambicioso"

Con vistas a los próximos pasos a dar, Gómez ha destacado el "ambicioso" calendario de reuniones que habrá en las próximas fechas, que continuarán "el próximo día 25 con un encuentro entre los directores de los servicios públicos de empleo autonómicos con el director general de empleo y la secretaria de Estado", y el día 29 con los interlocutores sociales. Los primeros contactos con los sindicatos y empresarios se han interpretado como un intento del Ejecutivo por reconstruir el fallido diálogo social tras la aprobación de la reforma laboral a través de un decreto ley y la huelga general de 29-S que desencadenó.

Sin embargo, tras el encuentro de la secretaria de Estado de Empleo con las centrales el pasado 12 de noviembre, los números dos de UGT y CC OO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, se apresuraron a rebajar las expectativas y descartaron en todo momento que las negociaciones a tres bandas hubieran tomado un nuevo impulso. El principal escollo sigue siendo la reforma laboral. Para los sindicatos, la premisa necesaria para volver a sentarse en la mesa tripartita (Gobierno, CEOE y sindicatos) pasa por que el Gobierno rectifique su política económica y dé marcha atrás a las modificaciones aprobadas en el mercado de trabajo. Si no es así, no quieren oír hablar de diálogo social.

En cuanto a las pensiones, Gómez ha reiterado su voluntad de que la reforma del sistema de pensiones se realice por consenso y ha descartado que se vaya a producir un decreto en el caso de que no se alcance un acuerdo antes de abril de 2011. En una entrevista en Radio Nacional de España, ha subrayado, como ya hizo en una entrevista con EL PAÍS nada más llegar al cargo, que una reforma de esta importancia no se puede hacer por decreto, sino por consenso. No obstante, también ha admitido de que en caso de que no sea posible un acuerdo, el Gobierno tendrá que tomar decisiones y aprobará los cambios a través de un proyecto de ley, que permite ser debatido y modificado por los partidos en el Congreso.